Tras más de un año. Equipo especial de fiscales que indaga a policías y militares considera que hay elementos sólidos para pasar a la fase de formalización. Proceso complicaría a Boluarte.
La investigación a policías y militares por las muertes de ciudadanos en Juliaca, Puno, en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte a inicios del 2023 avanzan en la Fiscalía y apuntan a complicar a la mandataria.
Al pasar a la fase de formalización de investigación, los fiscales del equipo especial para casos con víctimas en las protestas consideran que hay elementos sólidos para acusar a 19 efectivos de la Policía y el Ejército implicados en la represión de las manifestaciones en Juliaca en enero del año pasado.
“Con esta investigación se estaría evidenciando que para la Fiscalía ya no existen elementos indiciarios, sino elementos con bastante solidez de que se cometieron delitos, y delitos graves como el asesinato u homicidio calificado, lesiones graves”, dijo el abogado David Velasco, de la asociación Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz), que representa a deudos de las víctimas.
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De los investigados, 16 son policías y tres del Ejército. Hay oficiales, como el jefe policial regional de Puno de entonces, Julio Mauricio Contreras. El caso es investigado por un equipo de Lima tras deficiencias en Puno.
Boluarte y sus ministros son investigados en otro expediente por la Fiscalía de la Nación porque tienen protección legal. Ese caso está aún en fase preliminar y, para llegar a acusaciones, el Congreso debe autorizarlo.
“El accionar de la Fiscalía ha tenido complicaciones: empezó con fiscales de Puno y luego pasó a Lima. Tenemos confianza de que sea una investigación seria, que no demore mucho y se pase a juicio”, señaló Velasco.
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Estima que hasta enero del 2026 podría extenderse el proceso para comenzar el juicio.
“Para llegar a etapa de juzgamiento, tendremos que pasar por la etapa intermedia que por lo menos demorará ocho meses. Hemos planteado al Ministerio Público el delito de homicidio calificado con alevosía que se castiga con 15 años de prisión como mínimo, pero se considerará más delitos para aumentar la sentencia”, consideró el abogado César Quispe Calcín, que también representa a los deudos.
Familiares de las víctimas retornaron a Juliaca con una esperanza de justicia, pero atentos a demoras o entrampamientos.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, aseguró que continuarán demandando celeridad y manifestándose hasta que se logre la sentencia. “Seguiremos en pie de lucha hasta que se dicte la prisión de los responsables. Estamos vigilantes para que estos efectivos no se den a la fuga como en otras ciudades”, expresó.
Mariela Callo Sancho, viuda de Manuel Quilla Ticona, comentó, aunque hay cierto alivio por identificar a los “responsables de la masacre de Puno”. “Espero que los responsables estén tras las rejas. Seguiremos luchando hasta el último, nuestras voces tienen que ser escuchadas”, aseveró.
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Rosa Luque Mamani, madre de Eliot Parisaca, mencionó que las luchas que emprendieron dieron resultados al identificar a los responsables. “Valió la pena salir en marchas, vigilias y dormir en las calles como hicimos en Lima. Continuaremos con nuestra lucha hasta que caiga todo la cadena de mando empezando por Boluarte”, advirtió.
Dominga Hancco, madre de la joven estudiante Yamileth Aroquipa Hancco, que falleció a los 17 años, enfatizó que espera que se tenga mayor celeridad. “Lucharemos hasta el último, aunque no recuperaré ni veré a mi hija, no descansaré hasta que los responsables estén encarcelados”, reiteró.
Imputación. Los policías y militares son investigados por homicidio calificado de 18 civiles y lesiones graves de 20 en la masacre de Juliaca.
Protección. La presidente Dina Boluarte y sus ministros son investigados por la Fiscalía de la Nación.
