Suspenso. La fiscalía lo acusa de tener tratos ilícitos con la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. El Poder Judicial evalúa su continuidad, mientras busca un nuevo juez supremo de investigación preparatoria.
La fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, abrió investigación penal al juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria por presunto delito de cohecho, en complicidad con la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides y la jueza superior de Lima, Emma Benavides Vargas.
De acuerdo con una nota de prensa de la fiscalía, Espinoza decidió iniciar investigación al mencionado juez supremo el 10 de mayo de 2024. Ese mismo día, Checkley notificó su decisión de no imponer impedimento de salida del país a Patricia Benavides, al considerar que la investigación en su contra aún era incipiente.
El 10 de mayo de 2024, Espinoza también solicitó al juez Checkley que dicte una suspensión de derechos contra Patricia Benavides, para que no pueda reincorporarse en el cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por un plazo de 36 meses.
Un día antes, el 9 de mayo de 2024, el fiscal supremo Alcides Chinchay también pidió al juez Chinchay que se apartara de seguir viendo el proceso a la jueza superior de Lima, Enma Benavides. En su pedido, Chinchay señaló que la investigación a Checkley se realizaba ante otras autoridades.
Un 10 de mayo que dejará huella en la vida y el trabajo profesional del juez superior titular de Piura y juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley Soria. A esta hora, existe una alta probabilidad que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela decida apartarlo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
De acuerdo con fuentes de La República, se están realizando consultas en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para decidir cómo actuar.
Aquí, no solo se trata de retirar la confianza a Juan Carlos Checkley, sino de buscar, encontrar y promover a otro juez superior titular como juez supremo provisional de investigación preparatoria.
Pues, más allá de la recusación planteada por la fiscalía contra Checkley, lo real es que un juez de investigación preparatoria investigado por presuntos actos de corrupción pone en duda su imparcialidad, en todos los casos a su cargo.
Luego, hay un segundo detalle, que algunos magistrados han puesto de manifiesto durante las consultas: ¿Hasta qué punto la decisión de investigar a Checkley busca presionar al Poder Judicial para imponer a Patricia Benavides la suspensión para ejercer cargo público por 36 meses?
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, la fiscalía decidió investigar a Checkley a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides. Unas declaraciones que se conocen desde hace cinco meses.
El despacho de Delia Espinoza dice que en el transcurso de la indagación a Patricia Benavides han aparecido nuevas evidencias que dan verosimilitud a los dichos de Villanueva.
Luego de su detención, Jaime Villanueva declaró que Benavides llegó a un acuerdo con el juez supremo de investigación preparatoria, para un intercambio de favores: el juez se comprometía a confirmar el archivo de la investigación a Enma Benavides, a cambio de que la fiscalía no investigue presuntos actos de corrupción en su paso por la Corte Superior de Piura.
Juan Carlos Checkley ha negado tener un acuerdo con Patricia Benavides y, asegura, que la demora en resolver el caso Enma, fue por la necesidad de notificar a procesados que viven en el exterior. Al final, Checkley reabrió el caso Enma Benavides, por lo que el supuesto acuerdo no se concretó.
El juez supremo instructor ha convocado una audiencia para el próximo 22 de mayo, con el fin de escuchar a la fiscalía y a la defensa de Patricia Benavides para resolver el pedido de suspensión de derechos.
Ahora, tanto si Checkley decide apartarse del caso como si la Corte Suprema decide nombrar un nuevo juez supremo instructor, lo más probable es que esta audiencia se aplace a una nueva fecha.
Ante la incapacidad de la Junta Nacional de Justicia para resolver su destitución o ampliar la suspensión administrativa, Patricia Benavides retornaría a la Fiscalía de la Nación el 6 de junio.
De otro lado, de acuerdo con la opinión de diversos jurístas, la suspensión de derechos de Benavides requeriría una investigación preparatoria abierta y que Patricia Benavides esté ejerciendo el cargo, dos requisitos que hoy no se cumplen.
En este sentido, según un magistrado supremo, la fiscalía buscaría presionar al Poder Judicial para encontrar una salida jurídica legal no de inmediato, como habría pretendido Checkley, sino después del 6 de junio.
Para ese momento, el eventual retorno de Patricia Benavides sumiría al Ministerio Público en el caos, al tratar de recuperar el poder y controlar las investigaciones en curso, que los mismos jueces buscaría una salida.
