En medio de una serie de eventos judiciales y de salud, la abogada de Romina Celeste Papasso, Elizabeth Frogge, ha solicitado una pericia psiquiátrica urgente para determinar si la misma está en condiciones de ingresar a prisión.
Este pedido surge tras la noticia de la revocación de su arresto domiciliario por parte del juez a cargo del caso.
El Instituto Técnico Forense (ITF) será el encargado de llevar a cabo este examen, solicitando y evaluando su historia clínica para luego determinar si Papasso está apta para ser trasladada a un centro penitenciario.
Actualmente, la implicada está recibiendo atención en Villa Carmen, luego de haber sido atendida en la Emergencia de La Española debido a un episodio vinculado a su salud mental.
El fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones se fundamenta en la existencia de riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y temor de intimidación a testigos. Además, se valoró el impacto de las acciones imputadas a Papasso, que afectaron tanto a la persona denunciada como a la sociedad en general, al perjudicar la imagen del sistema judicial.
Según fuentes médicas confirmadas por medios de prensa, Celeste Papasso fue trasladada desde la Asociación Española luego de manifestar pensamientos suicidas durante una crisis nerviosa. Este incidente fue reportado inicialmente por el periodista Gabriel Pereyra y corroborado por El Observador.
El desenlace legal de este caso se intensificó cuando un Tribunal de Apelaciones en lo Penal decidió dar la razón a la fiscal Sandra Fleitas, quien había argumentado un evidente riesgo de fuga por parte de Papasso, basándose en sus antecedentes de viajes internacionales recientes.
La situación legal de Papasso se complicó tras ser imputada por asociación para delinquir, calumnia y difamación, luego de que se demostrara que la denuncia presentada contra el precandidato Yamandú Orsi por una presunta agresión en 2014 era falsa.
Aunque inicialmente el juez no había aceptado el pedido de prisión preventiva, la apelación de la fiscal llevó a un nuevo análisis del caso, donde se consideró que las intenciones manifestadas por Papasso de salir del país representaban un riesgo que no se podía mitigar únicamente con medidas de control en las fronteras.
