Miles de mutualistas en España asisten atónitos ante una situación que combina frustración y desamparo, tras décadas tributando indebidamente por sus pensiones, parcialmente derivadas de aportaciones no deducibles a mutualidades laborales. Finalmente se les reconoce, aunque de manera parcial, su derecho a la devolución de los importes cobrados de más. Sin embargo, esta reparación llega con retrasos adicionales, ya que la Administración ha decidido fragmentar los pagos en un calendario que se extenderá durante los próximos cuatro años:
- 2025: Solicitud de la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019 y anteriores no prescritos.
- 2026: Solicitud de la devolución del ejercicio 2020.
- 2027: Solicitud de la devolución del ejercicio 2021.
- 2028: Solicitud de la devolución del ejercicio 2022.
Este cambio implica que los pensionistas deberán presentar una solicitud de devolución por cada año, en lugar de una única conjunta, lo que complica la gestión y genera mayores posibilidades de introducir errores, que podrían dilatar el proceso de recuperación de los importes pagados en exceso.
La Agencia Tributaria ha anunciado que los nuevos formularios estarán disponibles en su sede electrónica durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF de cada año. Se trataba de un formulario que simplificaba el procedimiento de devolución al no tener que iniciarlo por la vía ordinaria.
Esta facilidad inicialmente ofrecida para reclamar una suma de dinero a devolver a estos ciudadanos afectados, a Hacienda le pareció excesiva, a pesar de que, en la mayoría de los casos, los reclamantes eran jubilados que viven de su pensión. Durante semanas, en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2023, la AEAT retrasó las declaraciones de miles de afectados con la excusa de que estaban calculando los importes correctos a declarar. Y, finalmente, decidió posponer los pagos imponiendo el actual calendario.
“Imaginemos por un momento que un ciudadano, tras recibir una reclamación de Hacienda, propusiera devolver las cantidades adeudadas de manera gradual durante un lustro. La respuesta sería clara: el rigor administrativo no lo permitiría. No obstante, cuando los papeles se invierten y es la Agencia Tributaria quien debe restituir cantidades a los contribuyentes, los plazos se alargan y las soluciones parecen diseñadas para frustrar las expectativas de los afectados” afirma el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero.
El problema afecta a miles de jubilados de mutualidades de banca, minería, siderurgia y función pública, entre otros sectores. Las aportaciones realizadas entre 1967 y 1978 no fueron deducibles en su momento y, al percibir las pensiones correspondientes, estas se integraron íntegramente en la base imponible del IRPF, generando una evidente doble imposición. Aunque el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente el derecho de los mutualistas a tributar solo por el 75% de estas pensiones, dejando el 25% exento, el procedimiento de devolución implementado por Hacienda multiplica los obstáculos y dilaciones.
“Para muchos de los afectados, este dinero no solo es un derecho, sino una necesidad para cubrir gastos básicos en una etapa de la vida donde cada recurso cuenta”, afirma Santiago. “Fragmentar estas devoluciones no solo posterga una reparación justa, sino que añade una carga innecesaria de trámites administrativos para personas que, en muchos casos, no disponen de la energía ni los medios para enfrentarse a este proceso prolongado” en opinión del presidente de los Gestores Administrativos.
“Desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, hacemos un llamamiento a la Administración para que reconsidere su postura. No pedimos privilegios ni concesiones, sino que se actúe con la celeridad y la eficacia que cabría esperar en un caso donde la justicia ya ha sido reconocida por los tribunales. Retrasar estas devoluciones es, en esencia, perpetuar una situación de desigualdad e indefensión para los contribuyentes”, afirma Fernando Santiago.
“El respeto a los derechos de los ciudadanos exige que la Administración actúe con sensibilidad y diligencia, especialmente en un tema que afecta a personas mayores y vulnerables. Los mutualistas ya han esperado demasiado; ahora es el momento de que Hacienda cumpla con su obligación de manera ágil, clara y justa. Cada día que pasa es un día más de incertidumbre para miles de personas que solo piden lo que en justicia les pertenece”, señala Santiago. “¿Y se han preguntado ustedes qué pasa si el contribuyente fallece en medio del proceso? Pues eso, una complicación más en la herencia”.
“Al final, es el contribuyente, especialmente vulnerable en este caso, quien asume la carga de un proceso excesivamente complicado, mientras la Administración, en lugar de facilitar la solución, se empeña en dificultarlo. Los ciudadanos deben trabajar más para reclamar lo que es suyo, enfrentándose a un sistema que parece diseñado para exasperarlos. Es una desigualdad que exige corregirse de inmediato” sentencia Fernando Santiago.
