Uatae, la asociación de autónomos integrada en Compymes -la asociación empresarial amadrinada por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- suma otro nuevo escándalo a su ya inquietante lista por un nuevo y presunto cobro de subvenciones de forma ilícita. Esta vez ha sido la Junta de Andalucía la que ha destapado este nuevo caso, que implicaría que habría cobrado de forma irregular más de un millón de euros, los correspondientes a los más 700.000 euros que le reclama el Servicio Andaluz de Empleo desde 2021 por el cobro indebido de la subvención otorgada para gastos de funcionamiento en 2018, y otros 385.000 euros de la Consejería de Empleo.
Un importe que sumaría casi 1,1 millones de euros, que serían sólo una parte de las ayudas recibidas por Uatae, la asociación dirigida por María José Landáburu y ligada a Sumar -y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- y a CC OO, que habría recibido 400.000 euros más por parte de otros organismos, instituciones y consejerías de la Junta que "están siendo revisadas para detectar posible irregularidades", además de haber "congelado todas las ayudas concedidas hasta que se determine su legalidad", explicaron a LA RAZÓN fuentes del Gobierno andaluz.
El modus operandi de Uatae tiene que ver con un cambio del número de identificación fiscal de la asociación de autónomos provincial con la que Uatae está representada en Huelva, y que tenía bloqueada cualquier opción de acceder a subvenciones después de que la Junta le reclamara los citados 700.000 euros de ayudas públicas concedidas por el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz y que no había satisfecho. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, esta asociación operaba con el CIF G90063744, que había sido bloqueado. Por ello, decidieron cambiar dicho CIF por uno nuevo, G21512751 -tras tornar una asociación provincial a una autonómica- y, así, tener de nuevo acceso a esas ayudas. "En un primer momento, no lo detectamos porque al tener otro número de identificación y comprobar que no tenía ningún problema se dio el visto bueno a la concesión. Fue posteriormente cuando se detectaron las irregularidades", han incidido las mismas fuentes de la Junta.
La investigación por parte de la Junta que ha destapado este nuevo caso de cobro ilegal de subvenciones tiene su origen en el intento por parte de Uatae de contabilizar más trabajadores de los que realmente tiene en su plantilla para acceder a un mayor montante de dinero público gracias a sumar presuntamente trabajadores de la organización agraria COAG. Un modus operandi muy parecido al que investiga contra Uatae el Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid por fraude en subvenciones y falsedad documental, y que implica también a la asociación ligada al independentismo catalán, Pimec, también integrada en Conpymes. Estas presuntas irregularidades le permitieron a Uatae acceder a una subvención de más de 266.000 euros en 2021, casi el doble de lo que les correspondía.
