La Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestra contraria a que el juez Manuel García Castellón, instructor del "caso Tsunami", acuerde la busca y captura de los cuatro imputados que ayer no comparecieron en los juzgados de Barcelona tras haber sido citados para declarar como investigados.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público se ha opuesto a la medida en el escrito en el que se adhiere a los recursos de reforma presentados por las defensas de los investigados en los que solicitan declarar a través de videoconferencia.
Tras el plantón a la citación judicial, García Castellón ha instado a las acusaciones a que se pronuncien sobre la posibilidad de acordar una orden de busca y detención de Xavier Vendrell, ex secretario de Organización y Finanzas de ERC, del periodista Jesús Rodríguez Sellés, del dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra y del empresario Josep Campmajó.
Respecto a otros tres investigados -cuyas comparecencias suspendió por problemas de agenda de sus abogados o por motivos de salud-, el instructor ha resuelto que en cuanto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el empresario Oriol Soler, sean sus defensas las que antes de 24 horas aclaren si están en condiciones de comparecer la última semana de mayo o la primera de junio. Por otro lado, a la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, le ha pedido que le informe de la evolución de su estado de salud antes de adoptar una decisión.
La única imputada que compareció por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona fue la dirigente de ERC Marta Molina, quien negó que Tsunami Democràtic incitase a la violencia en sus convocatorias de protestas contra la sentencia del "procés", entre ellas el asalto al aeropuerto del Prat y el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera, en el otoño de 2019. Molina, que acudió a la sede judicial arropada por la plana mayor de la formación republicana, se limitó a decir que siempre ha defendido los derechos "de una forma pacífica" y que "no participó en ningún acto violento".
La Audiencia Nacional también investiga por estos hechos al banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia, a quien vincula con las finanzas de la plataforma, pero está pendiente de que la Policía localice su paradero antes de decidir si libra una orden europea de investigación (OEI) a Italia para averiguar su domicilio.
Otros dos imputados, estos por el Tribunal Supremo por su condición de aforados, están también pendientes de declarar por su supuesta relación con Tsunami Democràtic. La magistrada del alto tribunal Susana Polo ofreció a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, diputado de ERC huido a Suiza, la posibilidad de declarar de forma voluntaria (de no ser así debería pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y el Parlament, respectivamente) entre el 17 y el 21 de junio. Pero hasta la fecha ninguno de los dos ha recogido el guante.
La instrucción de ambas causas, no obstante, viene condicionada por la cada vez más próxima entrada en vigor de la ley de amnistía, que obligará a archivarlas en el plazo máximo de dos meses o a paralizar su tramitación a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las previsibles cuestiones prejudiciales que se planteen ante la duda de que amnistiar delitos de terrorismo vaya en contra del derecho de la Unión.
