Reclama el archivo porque considera "simples sospechas" que la filtración provenga de los dos fiscales denunciados por revelación de secretos
La Fiscalía ha solicitado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena que archive la investigación contra dos fiscales de Madrid por la revelación de los contactos con el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para intentar llegar a un acuerdo de conformidad en la investigación contra él por fraude tributario. En el escrito en el que solicita la medida, el fiscal del caso reprocha además al instructor que haya asumido el contenido de la denuncia de forma «acrítica» y «sin filtro alguno», dando pie por ello a una investigación «meramente prospectiva». Y es que para el fiscal Francisco Javier Montero en la querella «no hay el más mínimo indicio» de que los dos fiscales fuesen los responsables de la filtración de la denuncia contra González Amador por fraude fiscal, por lo que, en todo caso –subraya– el TSJM no sería competente para investigar los hechos. Y más si, como parece, el instructor apunta al fiscal general del Estado (aforado ante el Supremo), quien asumió públicamente la responsabilidad última del polémico comunicado de la Fiscalía de Madrid.
En ese escrito, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal niega que se produjese «una brecha de seguridad» en la Fiscalía madrileña que propiciase la filtración de esos datos, por lo que insiste en que atribuir al Ministerio Público la responsabilidad de esa revelación es «una hipótesis remota».
De hecho, el fiscal Montero apunta al «entorno» del empresario y a su defensa como origen de la filtración de esos correos electrónicos intercambiados con la Fiscalía, una sospecha que también extiende a la Agencia Tributaria y al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid.
Para el representante del Ministerio Público, al admitir a trámite la denuncia, el magistrado del TSJ de Madrid "está dando carta de naturaleza a la versión" del querellante, dando así prácticamente por hecho que la filtración de los correos electrónicos "ha sido obra de la Fiscalía". Además, se queja de que el juez no determina con claridad "cuáles son los hechos concretos a investigar" ni cuáles son los imputados". Se trata, denuncia, de "una investigación meramente prospectiva basada en simples sospechas".
"No existe un solo indicio -asegura- que apoye la tesis de que la filtración de los correos electrónicos se produjese desde la Fiscalía". La revelación de esos mensajes, recalca, se produjo en primer lugar la noche del 13 de marzo y respecto a esta filtración afirma que el abogado de González Amador es la "única persona que pudo haber proporcionado" esos correos a El Mundo.
El Ministerio Fiscal, subraya, "investigó durante varios meses" a González Amador y esa investigación "nunca fue revelada a los medios de comunicación, desarrollándose de forma reservada". Solo tras la interposición de la denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid, señala, los medios de comunicación se hicieron eco de su existencia. Además, añade, la Fiscalía "disponía del correo electrónico en que el letrado ofrecía la posibilidad de alcanzar una conformidad desde el 2 de febrero de 2024", pese a lo cual su contenido no se difundió hasta la noche del 13 de marzo de 2024.
El fiscal llama la atención sobre el hecho de que, una vez la denuncia en los juzgados, "no es dificultoso deducir la multiplicidad de personas que pudieron tener acceso" a la misma, por lo que señalar únicamente al Ministerio Público solo puede hacerse desde "meras sospechas carentes de virtualidad".
Del mismo modo, insiste en que la nota de prensa que reveló los contactos con el abogado del empresario "no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial", dado que ya habían sido publicados por los medios de comunicación. Solo pretendía "aclarar unos hechos que de forma inveraz y en claro detrimento de la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal ya habían sido publicados" (asegurando que fue la Fiscalía quien ofreció a la defensa del empresario un acuerdo de conformidad, y no a la inversa). "Se limitó a evidenciar un bulo", dice, "una noticia falsa que estaba causando un importante revuelo mediático y confusión".
Precisamente hoy, González Amador, pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado su querella por revelación de secretos contra los dos fiscales. Según fuentes jurídicas, en una breve comparecencia el empresario reiteró los términos de su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque no amplió la denuncia, como se había especulado. El empresario abandonó la sede judicial junto a su abogado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
González Amador considera que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto –que le atribuye un fraude tributario de 350.000 euros que habría llevado a cabo a través de una supuesta empresa fantasma– cometieron un delito de revelación de secretos por difundir las negociaciones con su defensa para intentar llegar a un acuerdo de conformidad por el que, a cambio de admitir los dos delitos fiscales imputados, vería reducida la petición de condena.
El TSJ de Madrid ya investiga estos hechos tras admitir a trámite la denuncia y ha instado a la Fiscalía a identificar al máximo responsable del Ministerio Público en la difusión de la nota pública que desveló esos contactos.
