El documento, que ha elaborado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), incluye modelos y jurisprudencia
La aprobación de la ley de amnistía es inminente y ya tiene fecha: el próximo 30 de mayo. Frente a esto, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha publicado una versión actualizada de su “Guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)” contra la norma que borrará los delitos del “procés” catalán.
Según explican, en esta nueva versión se han añadido novedades relevantes, entre ellas, un apartado relativo a la admisibilidad de la cuestión y otros aspectos más técnicos, como su compatibilidad con la prohibición de la aplicación vertical inversa de las Directivas. Además, se ha agregado un apartado que incorpora una cuestión prejudicial basada en el respeto al principio de seguridad jurídica.
La guía incluye tres tipos de modelos para presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) y también las cuestiones prejudiciales en el TJUE, con referencias a jurisprudencia y resúmenes doctrinales que ayudarán a dotar de una mayor solidez jurídica a estas iniciativas.
Estos recursos se pueden presentar contra la proposición de ley de amnistía una vez esté aprobada. La norma entró en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de noviembre y se prevé que el próximo 30 de mayo la Cámara Baja la debata por última vez y la vote, por lo que la norma estará lista para entrar en vigor.
A partir de esa fecha, los jueces contarán con dos meses, hasta finales de julio, para aplicar la norma y eximir de responsabilidades penales a los condenados por el secesionismo, entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Al echar la vista atrás y analizar la manera en que se ha tramitado la norma, la Plataforma destaca que "el proceso de tramitación no ha eliminado ninguno de sus evidentes vicios de inconstitucionalidad y de contrariedad de la normativa europea sobre salvaguarda del Estado de Derecho, contra la malversación de caudales y contra el terrorismo”.
Para la PCIJ, el contenido de la norma que pactaron PSOE, Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez supone una "agresión” a la separación de poderes, a la seguridad jurídica, y, sobre todo, al principio de igualdad ante la ley.
También advierte que, aunque se dicte con formato de ley, “en realidad no es una disposición general, sino un acto singular de excepción, fruto de un pacto político, una devolución de favores entre miembros de la clase política”. A partir de la aprobación de la amnistía, recalca, se podrá afirmar que los políticos disfrutan de "privilegios exorbitantes ajenos al común de los ciudadanos”.
Con todos estos antecedentes, creen que existen motivos más que suficientes para que los jueces que lo consideren eleven cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De ahí que haya optado por actualizar la Guía que presentaron en su versión inicial el pasado mes de enero. En la nueva versión, "expone los aspectos sustantivos y procesales de un eventual planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial europea, así como sus probables efectos sobre la aplicación de la ley”, explica la Plataforma.
