El exdirector de compras de la sanidad balear se pliega a las explicaciones de Armengol de que las mascarillas eran para uso civil
Víctor de Aldama, el "conseguidor" del "caso Koldo", ha estado este lunes durante 20 minutos compareciendo en la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament balear, pero no ha respondido a ninguna de las preguntas que le han dirigido sobre la rama insular de la trama, acogiéndose a su derecho a no declarar.
El empresario solo dejo a un lado el "no voy a declarar" con el que contestó a la veintena de cuestiones que le dirigieron, cuando el diputado popular José Luis Mateo se refirió a él como el "presunto" comisionista de la compra de mascarillas por el gobierno balear de Armengol y quiso destacar que era la única vez durante toda su testificación en sede parlamentaria en que se le atribuía esa condición.
Las preguntas de PP, PSOE, Vox y Més se han centrado mayoritariamente en su papel dentro de la trama de suministración de mascarillas a la anterior administración insular socialista en la que se habrían beneficiado de comisiones ilegales de los 3,7 millones de euros que el Ejecutivo balear pagó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en 2020.
Concretamente, se le ha preguntado si tuvo cualquier tipo de contacto directo con la entonces presidenta de las islas y ahora del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por las gestiones, contactos, intermediaciones y supuestas ganancias ilegales que hubo de por medio en la adquisición de estas medidas de protección contra la COVID.
Asimismo, hubo reclamación de explicaciones sobre el incremento que experimentó su patrimonio durante aquellos momentos más duros de la pandemia y la compra de coches de lujo que se le atribuyen en el marco de la investigación de los hechos en la Audiencia Nacional.
Tras Aldama, se sentó ante la comisión de investigación parlamentaria el antiguo subdirector del departamento de compras de la Sanidad balear Antoni Mascaró.
El exalto cargo del Ejecutivo socialista balear defendió que el certificado de satisfacción que firmó para dar el visto bueno a las mascarillas compradas a la trama era un "informe estándar" de otros cientos similares que firmaba sucesivamente. Explicó que los funcionarios eran quien los elaboraban y él se limitaba a plasmar su firma.
En línea con la tesis que expuso Armengol en la comisión del Congreso, Mascaró explicó que el lote de mascarillas se compró para uso civil, pese a que según el contrato fue adquirido como material sanitario, y planteado como un "stock de seguridad" que se almacenó a la espera de requerir su uso. Sin embargo, admitió, acabaron caducando sin llegar a ser nunca utilizadas ni por sanitarios ni por ciudadanos.
Justificó que se decidiesen a elegir a Soluciones de Gestión se debió al momento de máxima "tensión" y "urgencia" en el que tuvieron que lanzare a buscar un proveedor. Además, desveló, recibieron un segundo ofrecimiento de venta de la sociedad de la trama para hacerles llegar más mascarillas y lo rechazaron porque, afirmó, tenían ya suficiente stock con el millón y medio que les habían vendido.
Por último, el entonces cargo directivo de la Salud de Baleares justificó que no se hubiese reclamado el dinero de las mascarillas por no tener el nivel de protección por el que pagaron hasta tres años después en que "se hizo cando pudieron" y dentro del plazo al haber "otras prioridades", como, puso como ejemplo, el "trabajo logístico" de la vacunación contra la COVID.
Este lunes también tendrían que haber testificado en el Parlamento autonómico otros dos investigados en la trama, Íñigo Rotaeche y Daniel Sierra, que no se han presentado y volverán a ser citados en las jornadas, pese a que lo más probable es que se acoja a su derecho a no declarar.
