El empresario Alberto González Amador ha interpuesto una querella contra la Fiscalía por revelación de secretos en una nota de prensa en la que da cuenta de conversaciones con su abogado
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, comparece hoy en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. La jueza también ha citado a declarar a Maximiliano N. y el martes está previsto que interrogue a otras tres personas investigadas en la misma causa penal.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La jueza sostenía que existen indicios de delito contra Hacienda en el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 y de falsedad en documento mercantil por la aportación de supuestas facturas falsas para reducir las cuotas tributarias a abonar. Con estas actuaciones, "el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros", apunta el auto de apertura de diligencias.
El Ministerio Fiscal investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". Estos gastos no se corresponderían con servicios realmente prestados, "todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", señala la denuncia del fiscal.
Como consecuencia del informe de Hacienda -que inició actuaciones de comprobación el 12 de mayo de 2022-, la Fiscalía abrió diligencias de investigación el 23 de enero, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid. González Amador era el administrador único de la sociedad investigada durante los ejercicios 2020 y 2021.
Como consecuencia de esta investigación, la pareja de Ayuso interpuso una querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto. A ambos les atribuye un delito de revelación de secretos que se habría consumado en la nota de prensa oficial difundida por la Fiscalía de Madrid en la que detallaba una serie de correos que intercambiaron el abogado de González y el fiscal del caso. El objetivo era negociar un acuerdo de conformidad, que supone el reconocimiento del delito a cambio de una rebaja de pena.
El Ilustre Colegio de Abogados también se querelló al considerar que en el comunicado se vulneraba el secreto profesional que ampara las actuaciones de los letrados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) finalmente la admitió a trámite, en contra del criterio del Ministerio Público. Las partes están citadas el próximo viernes 24 de mayo para que ratifiquen las querellas. Entre las diligencias, solicita identificar al máximo responsable fiscal que autorizó difundir la nota de prensa.
