Los procedimientos por malversación y desobediencia, los indicios de terrorismo, las cuentas del "procés", las conexiones con el Kremlin y la amnistía son las claves
Carles Puigdemont tiene numerosos frentes abiertos en los tribunales y causas que están pendientes de resolver ya que, hasta el momento, el líder independentista no ha podido ser juzgado debido a su huida del país y los fallidos intentos de detención internacional. Es como el cuento del gato y el ratón que consigue, con una maniobra u otra, escabullirse. Pero en el caso del expresidente de la Generalitat, los procedimientos siguen ahí y han ido evolucionando de distintas maneras cada vez que el escenario ha cambiado.
La historia de idas y venidas entre Puigdemont y los causas que tiene abiertas en los tribunales comenzó el 30 de octubre de 2017. La noche de ese día, previendo que podía ser detenido, el político catalán huyó de España camuflado en un coche. Para lograrlo, contó con la ayuda de un grupo de Mossos d'Esquadra.
Ahora, casi siete años después, Carles Puigdemont ha sido el candidato de Junts a la Generalitat. Su candidatura no supone ni mucho menos un triunfo seguro, pues las probabilidades son de 50 a 50, ya que ha sido seis veces candidato y ha ganado en tres ocasiones. Su objetivo es ser investido presidente porque, de lo contrario, abandonará "la política activa", ya que él mismo advirtió que dejaría su acta de diputado del Parlament si no lo lograba. Independientemente de la decisión que tome en la arena política, hay cinco frentes judiciales abiertos que marcarán el destino del político catalán.
La causa del “procés” es el primero de estos frentes que Puigdemont tiene pendientes en los tribunales. En junio del año pasado, el Tribunal Supremo (TS) respaldó la decisión del juez Pablo Llarena de procesarlo por desobediencia –que no conlleva cárcel- y malversación agravada –con hasta 12 años de prisión- tras la celebración del 1O. Así lo decidió después de la reforma del Código Penal de 2022 con la que se eliminó el delito de sedición.
Para el alto tribunal, la reforma de la malversación no altera el procesamiento por este delito y ratificó que no es necesario que se produzca "un enriquecimiento personal", sino únicamente la intención de "obtener cualquier tipo de beneficio". En el caso del proceso independentista, el objetivo era "disponer de los fondos públicos a título de dueño" para financiar el referéndum ilegal obviando de forma recurrente la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).
La Sala de Apelación descartó imputarle un delito de desórdenes públicos, pero avaló la conclusión del juez instructor del “procés” de encuadrar los hechos en el delito de desobediencia.
En este caso ha habido varias novedades en los últimos meses. Tal como había solicitado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó investigar a Carles Puigdemont por terrorismo –al igual que al diputado catalán Rubén Wagensberg, huido a Suiza- al considerarle líder “absoluto” de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, que protagonizó graves altercados y protestas en 2019, cuando se conoció la sentencia del “procés”. Entre las actuaciones que se le atribuyen está el asalto al aeropuerto de El Prat, cortes en el paso fronterizo de La Junquera en la AP-7 y la huelga general que se convocó en Cataluña. El objetivo, según el alto tribunal, era evitar el cumplimiento de la resolución a través de “actos violentos”.
La magistrada Susana Polo le ha emplazado a comparecer de manera voluntaria, debido a su condición de aforado como europarlamentario, mediante una videoconferencia en una fecha aún por determinar entre el 17 y 21 de junio. Al menos dos de las acusaciones han expresado su oposición. Actualmente, Puigdemont se encuentra en el sur de Francia, hasta donde se trasladó para afrontar la campaña electoral catalana. Si se negase a comparecer, la instructora tendría que solicitar la autorización del Parlamento europeo, que deberá votar si levanta su inmunidad como diputado de la Unión Europea.
Por otra parte, la acusación popular de Societat Civil Catalana (SCC) también ha reclamado al Supremo que investigue a Puigdemont por posibles delitos de malversación y blanqueo por el ingreso de criptomonedas en su cuenta personal de Ethereum. Estas entradas de dinero se habrían concretado a través de "Tornado Cash", "una herramienta de privacidad descentralizada y sin custodia", en diciembre de 2021. Y recordó en su escrito que el uso de criptomonedas se intensificó durante el proceso independentista catalán.
Otro flanco jurídico para Puigdemont es el procedimiento contable por haber financiado «procés» con fondos públicos. El Tribunal de Cuentas quiere esclarecer las responsabilidades sobre el supuesto desvío de más de tres millones de euros para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para sufragar las actuaciones en el exterior del Ejecutivo catalán a través de la entidad Diplocat.
En abril se reactivó esta causa, tras tres meses sin movimientos tras rechazar los recursos de los acusados que alegaban la pronta aplicación de la futura ley de amnistía, un argumento que se rechazó por no estar en vigor dicha norma. En estos días termina el plazo para que las defensas presenten sus escritos de alegaciones, después de que la Fiscalía y la acusación popular, representada por Societat Civil Catalana, plantearán sus acusaciones.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que determine la responsabilidad contable de Carles Puigdemont y otros 34 cargos por el supuesto desvío de 3,1 millones de euros, mientras que Societat Civil reclama 4,9 millones de euros a un total de once ex altos cargos de la Generalitat. A esas cifras habrá que agregar los intereses correspondientes.
A finales de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogó otros seis meses la investigación de la conocida como trama rusa del “procés”, un caso que ha saltado hasta el Parlamento europeo, muy sensible con las injerencias en territorio de la UE por parte de agentes de Vladimir Putin. Este procedimiento busca esclarecer las conexiones entre el independentismo catalán con el Kremlin, en el marco del conocido como "caso Voloh".
El juez señala a Víctor Terradellas, responsable de relaciones internacionales de CDC, como el contacto de referencia con Rusia, además de ser “una persona de peso, al menos en el partido, y con cierta capacidad de influencia”. Además, investiga al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay (investigado en la causa de “Tsunami Democràtic”) y al informático Jaume Cabaní, vinculado el expresidente catalán.
En el auto se indica que los contactos se llevaron a cabo antes y después de la declaración de independencia y de la documentación se extraen indicios de las "estrechas relaciones" de algunos de los investigados con "individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana", algunos de los cuales tenían conexiones con los servicios secretos rusos y con integrantes de partidos de extrema derecha en Italia y en Alemania. También informa de encuentros de Puigdemont con Nicolay Sadovnikov, un exdiplomático y empresario, unos días antes de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.Así como con Sergey Motin, un militar ya fallecido, y Jordi Sardà Bonvehí, implicado en la presunta estafa de la venta de gas a Ucrania, entre otros.
La irrupción de la proposición de ley de amnistía ha condicionado el panorama político nacional. Desde que se incluyera en el pacto de investidura de PSOE con Junts y ERC, la crispación ha ido en aumento ante las críticas de que una norma así, considerada inconstitucional por numerosos expertos y juristas, vulneraría principios fundamentales en un Estado de derecho, como el de igualdad ante la ley.
Esta ley busca que se borren los delitos del “procés”. Para lograrlo, durante su tramitación se han dado numerosos cambios en su redacción, en un intento de asegurar que las causas que afectan a Carles Puigdemont tengan cabida en la futura ley de amnistía. Sin embargo, en lo que atañe a los delitos de terrorismo o de malversación, podría chocar con el Derecho de la Unión Europea. De ahí que el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de los jueces nacionales que tengan que aplicarla se presenta como una vía que además de tener efectos suspensivos en los procedimientos, permitiría que el tribunal europeo emita un pronunciamiento sobre su encaje en los principios democráticos que se recogen en el Tratado de la Unión Europea (TUE).
Por lo tanto, el frente que se abre para Puigdemont con la amnistía puede dilatarse más de lo previsto y saltar a instancias europeas, lo que supondría un obstáculo para la aplicación inmediata de la ley, tal como se ha pretendido desde los partidos independentistas.
