El juez Ismael Moreno pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la procedencia del envío de esta información a la Cámara Baja
La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los contratos en pandemia para comprar mascarillas y material sanitario ha solicitado los sumarios del “caso Koldo” y del “caso Mascarillas”. Lo ha hecho a través de un escrito firmado por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según los documentos a los que ha accedido LA RAZÓN, el escrito se envió el 30 de abril a la sede del consejo para que realizara las gestiones frente al Juzgado Central número 2, que investiga el conocido como “caso Koldo” u “operación Delorme”. Y también al Juzgado número 47 de Madrid, que instruyó el “caso Mascarillas”.
El CGPJ envió una comunicación el 14 de mayo al presidente de la Audiencia Nacional, adjuntando la solicitud del Congreso y pidiéndole que envíe una copia al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
El presidente de la Audiencia Nacional trasladó el 16 de mayo al juez Ismael Moreno, que ese mismo día ordenó el traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la procedencia del envío de la información que solicita la presidenta del Congreso.
En el “caso Koldo”, el juez Ismael Moreno investiga nueve contratos por importe de 53 millones de euros que se adjudicaron a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, entre otros, están siendo investigados por el presunto cobro de comisiones ilegales.
Por otra parte, el “caso Mascarillas” investiga a los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño en relación con una presunta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante el inicio de la pandemia.
A Luceño le imputa un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular, mientras que a Medina le atribuye un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. En este caso, el juez Adolfo Carretero ordenó la apertura de juicio oral en octubre de 2023.
