Tras el batacazo, los inspiradores, protagonistas y palmeros del «procés» deberían dimitir y retirarse de la política. No lo harán todos, porque gente como Puigdemont no tienen otra cosa mejor que hacer. Al egregio bandolero no se le pasa por el flequillo volver a ser redactor jefe de El Punt, máxima categoría a la que llegó en sus tiempos de periodista, tras dejar inacabados los estudios de Filología. Puigdemont Casamajó no ha tenido desde entonces más actividad que la política, de la que se ha servido para hacer el mal y a la que se entregó hasta llegar al culmen de presidente golpista de la Generalitat, pisoteando la Constitución que juró defender, huyendo cual gallina en un maletero, dejando tirados a los suyos como suelen hacer los cobardicas.
De sangre andaluza por abuela materna, Puigdi dijo que dimitiría si no ganaba las elecciones del pasado domingo, pero no lo va a hacer porque los pendejos nunca dimiten. Se transforman, se transmutan para seguir viviendo in aeternum de su tan pretendida como falsa bizarría. Si lo hiciera, dejaría de ser el president exiliat del auto creado Consell de la República, viviendo a cuenta del cuento de la independencia en Waterloo, para pasar a ser un ciudadano común, eso sí, con derecho a pensión mensual vitalicia de 7.662 euros, despacho propio, chófer, tres asistentes y un presupuesto de hasta 60 mil euros para gastos diversos. Igual que el inigualable Torra o Artur Mas, auténtico muñidor del golpe separatista. Todo, por no hacer nada productivo durante el tiempo que gobernaron, y tras hundir la economía, descabalgar a Cataluña como motor de España, dividir a la sociedad, enfrentar a las familias, disparar la inseguridad, amparar la okupación y malversar caudales públicos para organizar un referéndum ilegal y declarar la independencia. Por hacer semejante cosa, cualquiera estaría en la cárcel y sería inhabilitado de por vida. Puigdemont no. Gracias, Pedro Sánchez.
Caso distinto es el de Junqueras, que al menos dio la cara y decidió responder por sus ilegales actos incluso con la cárcel. Si hubiera Justicia de verdad, al líder de Esquerra habría que aplicarle diferentes eximentes, en atención a que al menos no escapó y compareció en los Tribunales, como cualquier ciudadano. Pero la realidad es que, hoy por hoy, Junqueras va a tener más derechos recortados que Puigdemont, a quien ni tan siquiera le va a ser aplicado como agravante el hecho de no comparecer ante la Justicia. Además, Junqueras anunció anoche que dejará la Presidencia del partido republicano.
Porque, como el fugado, debía dimitir tras el descalabro electoral. No podía alegar que no era responsable de ERC, porque lo era. Y lo que ha votado la ciudadanía es «no al procés», por él impulsado como vicepresidente de Puigdemont. Dado que los partidos independentistas han sido castigados, lo coherente sería reconocer que, siete años después, Cataluña no comulga con el secesionismo que ellos quisieron instalar con alevosía por la puerta trasera.
Ergo si hubiera reconocimiento de culpa, o como ha dicho Javier Lambán, de dignidad, todos los responsables deberían renunciar, igual que ha hecho Aragonés y como ha anunciado ahora Marta Rovira. Colgarle a Pere toda la responsabilidad de la debacle no es justo, por mucho que haya sido el artífice de convocar unas elecciones adelantadas para perderlas. A nadie se le ocurre semejante cosa. Es no saber medir las fuerzas propias o calcular mal los riesgos. O tal vez estar mal aconsejado. ¿Aconsejó Junqueras a Aragonés la disolución del Parlament? De ser así, como parece, es una razón más para que el Mossén de Vic dé el paso al frente y permita la renovación de ERC, como viene pidiendo un sector relevante del partido.
