En curso escolar de septiembre de 2020, después de que el Gobierno balear adjudicara 3,7 millones de euros a la trama del “caso Koldo”, los sindicatos se quejaron por la calidad de las mascarillas
La incertidumbre y el miedo a los contagios por el coronavirus marcó el comienzo del curso 2020-2021 en los colegios e institutos de las Islas Baleares. Fue el 10 de septiembre, solo unos meses después de que el Gobierno de Francina Armengol adjudicase un contrato de 3,7 millones de euros a la empresa del “caso Koldo” para adquirir 1,5 millones de mascarillas FPP2. Pero este material sanitario no llegó a los centros escolares, donde los profesores recibieron tres mascarillas de tela.
Así lo relata a LA RAZÓN un docente de un instituto de Ibiza, que prefiere permanecer en el anonimato. Las mascarillas, asegura, "eran una ‘vileda’ con una gomita, como de tela de sábana”, de un tono azul muy intenso, algo que confirman a este periódico fuentes sindicales. El profesor dice que quiere recordar cómo comenzó el primer curso escolar tras la pandemia movido por las informaciones que ha leído en diversos medios sobre los incumplimientos e irregularidades con las que el Ejecutivo de Armengol adquirió las mascarillas para proteger al personal sanitario y, también, al personal docente.
Al hacer memoria, expresa el sentimiento de inseguridad que tuvieron él y sus compañeros cuando vieron la protección que les proporcionaba el Ejecutivo balear.
A cada docente les entregaron tres mascarillas y les dijeron que tenían que lavarlas para reutilizarlas todas las veces que fueran necesarias. En ese momento, el profesor, que también está titulado en prevención de riesgos laborales, exigió ver el certificado con la excusa de que quería saber en detalle cómo limpiarla.
Su sorpresa fue mayúscula cuando vio lo que les entregaron. “Había unas cajas chatas, quizás con unas 200 mascarillas de tela por caja. Y solo venía un certificado por caja”, señala. Lo lógico, dice, es que las mascarillas vinieran en una bolsa sellada, para que nadie las tocara ni se pudieran contaminar al repartirlas en mano, tal como se hizo.
Entonces, hizo una foto del certificado que estaba en la caja, que coincide con el que publicaron los sindicatos en esa misma época para denunciar la baja protección del material. En el documento se ve que el fabricante es una empresa española, Rolyms Vallés SL, domiciliada en la localidad de Rubí, en la provincia de Barcelona. Y se identifica el producto como “Mascarilla higiénica reutilizable Elsanek 150” para adulto.
En el prospecto se indica bajo el título “ADVERTENCIA” que “este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745 ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425”
Al ver el certificado, confiesa que se preocupó. “Eso no eran EPIs (equipos de protección individual). Y yo a lo que tengo derecho como trabajador a es un EPI”, recalca. Este caso se replicó en todas las Islas Baleares.
Precisamente por las sospechas en la compra de mascarillas, el lunes la actual presidenta del Congreso comparecía ante la comisión de investigación de la Cámara Baja para dar cuenta de los contratos con la trama del “caso Koldo” y las irregularidades que se produjeron en la compra de mascarillas. Según la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, casi el 70% de las 294 licitaciones urgentes que analizó en su informe de octubre de 2020 no cumplieron con los criterios de transparencia. Además, adquirió 22 millones de unidades de más. Francina Armengol se defendió y aseguró que ella "no estaba en la tramitación de ningún expediente sino en la toma de decisiones de calado".
Pero hace casi cuatro años, al comienzo del curso escolar en las islas, varios sindicatos denunciaron que el material que les estaba entregando el Gobierno balear no era el adecuado. Uno de ellos fue Unió Obrera Balear (UOB).
LA RAZÓN ha confirmado que en aquella época emitieron varias declaraciones públicas manifestando su disconformidad con el material sanitario que se estaba entregando en los centros escolares para comenzar el curso 2020-2021. El 4 de septiembre reclamaron al consejero de Educación que “distribuyera mascarillas FPP2 en Educación infantil, dado que las quirúrgicas no protegen al usuario si otra persona no la lleva, que es el caso de los menores, y en esta etapa educativa no se pueden mantener las distancias de seguridad”, decían.
Las mascarillas azules también fueron objeto de cuestionamientos. El 5 de septiembre plantearon una consulta a Educación para que confirmase si estaban homologadas. Posteriormente, el día 10, tras leer las instrucciones en las que se indicaba que actúan como barrera bacteriana pero no señala el porcentaje de filtración del coronavirus.
El 21 de septiembre aún no obtuvieron respuesta. Un “silencio sospechoso”, según el sindicato, que insistió en reclamar el reparto de mascarillas FPP2 a todos los docentes.
A la inquietud del profesorado por las dudosas medidas de protección que les estaban ofreciendo las autoridades, se suman las campañas de información en las que participó el Consejo General de Enfermería, que recalcaba que las mascarillas de tela no son productos sanitarios ni tampoco equipos de protección individual, por lo que no eran para uso en el sector sanitario ni tampoco en los casos en los que no se pudiera respetar la distancia de seguridad. Algo que se produce en numerosas ocasiones en el ámbito de la enseñanza.
Posteriormente, frente a las reclamaciones de los sindicatos de profesores, el Gobierno balear el 16 de noviembre de 2020 que Conselleria de Educación invirtiera una partida de 2,5 millones de euros para la compra de diferentes suministros para los trabajadores de los centros educativos, entre ellos, mascarillas FFP2.
El profesor de instituto ibicenco recuerda que, al cabo de unos meses, sí les proporcionaron este tipo de mascarillas, "cerca de Semana Santa”, dice al hacer memoria. Y destaca que muchos de sus compañeros de trabajo -no solo profesores, sino también personal de secretaría o portería- optaron por comprar de su bolsillo las mascarillas de máxima protección para trabajar, ya que les ofrecían más garantías frente a potenciales contagios.
