El Gobierno restablece una vía de comunicación con Puigdemont para intentar salvar la legislatura después del escenario abierto en Cataluña
El resultado de las elecciones catalanas ha supuesto un balón de oxígeno para el Gobierno y para el presidente Pedro Sánchez que, con el aval a su política de distensión con el independentismo, afronta vigorizado la contienda de las europeas. Los comicios del 9 de junio se presentan como una segunda vuelta de las generales del 23J –en las que el PSOE ya fue segunda fuerza– y una reválida a la gestión desplegada durante estos meses, en los que se ha aprobado la ley de amnistía para garantizarse el apoyo de Junts, que ahora parece prioritario para Moncloa. Queda por certificar si el aval de Cataluña a Sánchez es extensible también a toda España.
Se anticipan semanas de retórica encendida que deberán compatibilizarse necesariamente con la medida discreción de las negociaciones para alumbrar un gobierno en la Generalitat. En el Ejecutivo son conscientes del difícil equilibrio. Desde Moncloa avanzaban la semana pasada que no presentarían a corto plazo ninguna iniciativa en materia de «regeneración democrática», después de que Sánchez urgiera a abordar este debate «pendiente». Tras los comicios del domingo y hasta que se despejara el escenario de las europeas y el de gobernabilidad en Cataluña no estaba previsto retomar los foros bilaterales con los independentistas. Pero la premura por establecer unas premisas claras en el corto plazo va a hacer que esa estrategia cambie este mismo sábado, cuando se celebrará una reunión entre miembros de Junts y una delegación del PSOE que tendrá lugar fuera de España, según ha sabido LA RAZÓN.
La cita obedece a la preocupación de Moncloa por el futuro de la legislatura, que puede verse abocada a su fin en caso de que Carles Puigdemont quiera hacer valer el peso de sus siete diputados decisivos en el Congreso, si no recibe las contrapartidas que desea para ser restituido en la Generalitat. En las filas socialistas son conscientes del abismo programático que les separa, pero buscan mantener vivos los canales de comunicación que puedan llevar a una entente cordial, superadas ya pruebas como la amnistía a la carta que los neoconvergentes solicitaban a cambio de permitir la investidura de Sánchez.
El restablecimiento de las conversaciones es sintomático, dado que con motivo del ciclo electoral se paralizaron las «mesas de diálogo» con los partidos soberanistas. La de ERC era una mesa entre gobiernos, sin ningún recorrido ahora que van a ser desalojados de la Generalitat y Pere Aragonés ha abandonado la política. La que se estableció en Ginebra con Junts tenía su causa fundacional en la necesidad de granjearse su apoyo para la legislatura. Y esta será de nuevo la senda por la que transiten la interlocución que se retome el día 18 de mayo.
En clave de diálogo también se encuadran las conversaciones para hacer presidente a Salvador Illa y será el líder del PSC quien pilote el proceso de negociación. Desde el Gobierno se muestran convencidos de que será presidente y de que podrán persuadir en su caso a unos republicanos que se enfrentan al abismo de una repetición electoral en la que podrían ver todavía más jibarizado su apoyo. «Va a haber gobierno en Cataluña», zanjan con vehemencia. Fuentes gubernamentales son prudentes, no obstante, sobre la libertad que tiene cada actor político para «hacer las manifestaciones que considere oportunas», en relación a los últimos mensajes lanzados por Puigdemont reivindicando su legitimidad para ser presidente pese a ver sigo la segunda fuerza, pero apuntan inmediatamente, que hay «cuestiones que no cuelan». «No las compra nadie. Los catalanes han hablado con una claridad rotunda», señaló ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre el mensaje lanzado en las urnas para «abrir un tiempo nuevo».
No obstante, en el Ejecutivo recuerdan que solo han pasado 24 horas para gestionar los resultados, invitando al resto de fuerzas políticas a que hagan una «lectura serena», atendiendo, de nuevo, a ese mensaje «claro» que han lanzado los catalanes con sus votos. Desde Moncloa no quieren entrar en futuras fórmulas de gobernabilidad y se limitan a recordar que «el Gobierno de Cataluña se va a elegir en Cataluña», por lo que corresponde al ganador de las elecciones, Salvador Illa, pilotar el proceso. Asumen, sin embargo, «la realidad de los tiempos» y cómo las elecciones europeas van a tener un impacto en la toma de decisiones. «Hay que ser respetuosos con los plazos», señalan, recordando que la constitución del Parlament se puede celebrar hasta el 10 de junio, el día después de los citados comicios.
Pese a la preocupación, en Moncloa intentan proyectar seguridad y transmiten con rotundidad que la legislatura no está en riesgo pase lo que pase en Cataluña. «Quedan tres años como poco», repitió insistentemente la portavoz, recordando que, aunque son conscientes de «la composición numérica del Congreso», hay experiencia de «diálogo» y «acuerdo» por parte de este gobierno en minoría parlamentaria. «La legislatura va a seguir avanzando en esta dirección», aseguran, con «medidas que mejoran la calidad de su vida» y «datos económicos positivos».
