Imputa el ex dirigente socialista y a otras tres personas un delito de falsedad documental y un delito contra la Seguridad Social por un contrato de trabajo fraudulento
La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión Bernardo Fuentes Curbelo, "tito Berni", en una pieza separada del conocido como "caso Mediador" que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. A él y a otras tres personas les imputa un delito de falsedad documental y un delito contra la Seguridad Social.
El exdiputados del PSOE está siendo investigado por una supuesta trama de sobornos a políticos a cambio de favores a empresarios. Pero en esta pieza separada, se está juzgando su participación en la firma de un contrato laboral fraudulento para ayudar a un ciudadano extranjero a renovar su permiso de residencia y a que accediera a la prestación por desempleo.
En el escrito de acusación también solicita la misma pena para Rachid Zankti, Domingo José Fuentes Gutiérrez, su hijo, y para María Jesús Rodríguez de Ver, su socia al 50% en la explotación ganadera Tetir.
El Ministerio Público cree que "tito Berni" es responsable de haber contratado de manera fraudulenta durante tres meses a Zankti. Este ciudadano marroquí necesitaba ese tiempo de cotización y acreditar que estaba trabajando para tramitar la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
Zankti ya había trabajado en la éxplotación ganadera durante poco más de seis meses en 2018 y, dado que "tito Berni" había sido administrador solidario de esa empresa, accedió a la petición del extrabajador, que se comprometió a pagar de su bolsillo los importes correspondientes a los períodos de cotización.
Para formalizar el contrato ficticio, intervino el hijo del "tito Berni", que estaba al frente de la Gestoría Tetir, que se encargaba de gestionar y tramitar los intereses de las distintas empresas de la familia.
Según detalla el escrito de acusación, el contrato de trabajo fraudulento contó con la aprobación de la socia de Bernardo Fuentes en la explotación ganadera, María Jesús Rodríguez. Como administradora, autorizó la tramitación de la documentación siendo consciente de su falsedad para que Zankti lo presentara en el expediente administrativo. De este modo, cumplía los requisitos para la renovación de su permiso de residencia.
El falso contrato de trabajo tenía una duración de tres meses, desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021. Finalmente, el 4 de enero de 2021 se dictó resolución por la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas en la que se autorizaba la renovación del permiso de residencia del ciudadano marroquí.
Al finalizar el mismo, Zankti también quedó habilitado para cobrar el paro. Gracias al contrato de trabajo ficticio, percibió un total de 2.184,27 euros en concepto de prestación por desempleo hasta el 8 de agosto de 2021.
Con todos estos antecedentes, el Ministerio Fiscal considera que se debe imponer a cada uno de los acusados la pena de dos años y medio de prisión, además de la inhabilitación especial para el sufragio, multa de diez meses y costas.
