En un comunicado acusan a los jueces de no tener competencias, de no ser imparciales y de de alinearse con la extrema derecha en "una causa política"
Los investigados en la causa de Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, han arremetido contra los tribunales por hacer un uso "fraudulento" del terrorismo, un delito que se utiliza de manera "arbitraria" con el fin de "impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida".
Los encausados reaccionan de esta manera a la citación para declarar por videoconferencia el próximo 22 de mayo que ordenó ayer el juez Manuel García-Castellón, que instruye la causa en la Audiencia Nacional (AN) contra los investigados que no están aforados -los aforados Crles Puigdemont y Rubén Wagensberg, lo están siendo en el Tribunal Supremo (TS)-. Los citados son Marta Rovira; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Marta Molina Álvarez; Jesús Rodríguez Sellés; Jaume Cabani Massip; Oleguer Serra Boixaderas y Josep Lluis Alay Rodríguez. En el escrito recordaba que habían transcurrido "más de cinco meses desde que se acordara esta diligencia" y la reactiva una vez que los hechos que se investigan están calificados como delitos de terrorismo. Todos ellos tendrán que prestar declaración el próximo 22 de mayo.
La reacción de los investigados se ha plasmado en un comunicado que cuenta con el apoyo de Junts, ERC, la CUP y de Òmnium Cultural. En el documento denuncian que se enfrentan a una "causa política por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales". Y también acusan a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se instruye el procedimiento judicial, "se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley".
En la carta reiteran que la amnistía "cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la comisión de Venecia". "Por eso se usa la acusación de terrorismo, que es arbitraria, han manifestado.
Para los firmantes, se está haciendo un "uso fraudulento del delito de terrorismo" y se acumulan "años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados en Cataluña".
"Ante esta situación y la indefensión jurídica que provoca, queremos hacer valer las garantías de nuestros derechos, actualmente amenazados, que cualquier Estado de derecho debería de asegurar en un sistema democrático", han asegurado.
También explican que la movilización vinculada a Tsunami Democràtic fue "la respuesta de miles de ciudades de Cataluña que en otoño de 2019 ejercieron derechos fundamentales para protestar, en el marco de la acción no violenta" contra la sentencia condenatoria a los líderes del "procés".
El encarcelamiento de los líderes del "procés" "fue denunciado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos".
Además, ha recordado que el Gobierno tuvo "que conceder los indultos a los presos políticos; las Cortes españolas reformaron el Código Penal eliminando el delito de sedición y ahora la amnistía está en fase de tramitación parlamentaria".
