El partido gobernante, Sueño Georgiano, aprueba en tercera lectura la normativa inspirada en los métodos del Kremlin y aboca al país a un choque institucional entre el primer ministro y la presidenta
La oposición prooccidental de Georgia ve alejarse la posibilidad de ingresar algún día en la Unión Europea, el destino soñado por el 79 por ciento de sus más de tres millones y medio de habitantes, según la encuesta del Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Caucasus Research Resource Center (CRRC) publicada a finales de 2023. La responsabilidad del drástico distanciamiento de Bruselas tan solo cinco meses después de obtener el estatus de país candidato a la adhesión a la UE recae sobre el Gobierno del primer ministro Irakli Kobajidze, un crítico habitual de Occidente que sustituyó en enero a Irakli Garibashvili, quemado por las protestas multitudinarias del pasado año en contra del proyecto de ley de agentes extranjeros, la denominada «ley rusa» que ha vuelto a sacar a las calles a decenas de miles de manifestantes que exigen de nuevo su retirada inmediata.
Kobajidze, de la misma forma que su predecesor, es considerado un títere en manos del oligarca y también ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, para muchos el verdadero arquitecto de una Georgia que prefiere hacer descarrilar el proceso de adhesión a las instituciones comunitarias y aproximarse a la órbita del Kremlin. El fundador y actual presidente honorífico del partido gobernante, Sueño Georgiano, que amasó su fortuna haciendo negocios en la Rusia de los noventa –y apareció décadas después en los papeles de Panamá–, ganó las elecciones de 2012 con un mensaje de ruptura frente a los excesos del entonces presidente Míjeil Saakashvili, cuyo mandato quedó marcado por una cruenta guerra con Moscú que se saldó con la ocupación a manos de las tropas rusas del 20 por ciento del territorio de la exrepública soviética. En Osetia del Sur y Abjasia gobiernan hoy los separatistas prorrusos.
Desde su primer triunfo electoral hace más de una década, el oligarca ha mantenido su influencia en la política georgiana. Un año después del intento fallido de adoptar la legislación, inspirada en los métodos del Kremlin para reprimir a la disidencia, Ivanishvili impulsa en la sombra otro proyecto de ley de agentes extranjeros que ha adoptado cambios meramente superficiales en comparación con el primero. La norma exige a las ONG, los medios de comunicación y los think tanks que reciben más del 20 por ciento de su financiación del exterior, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, registrarse como entidades «que persiguen los intereses de una potencia extranjera». En paralelo, el Ejecutivo de Kobajidze también ha presentado una serie de medidas que cercenan los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y que, de acuerdo con Bruselas, chocan frontalmente con los estándares europeos.
Pero es la tramitación de la «ley rusa» lo que ha motivado una nueva oleada de protestas en la República caucásica. Las concentraciones masivas de las últimas semanas han sido reprimidas con niveles de violencia inusitados. La Policía ha utilizado granadas aturdidoras, cañones de agua y gas lacrimógeno contra miles de manifestantes pacíficos. Varios líderes sociales y representantes políticos han sido detenidos o resultado gravemente heridos. Uno de los principales afectados fue el diputado opositor Levan Khabeishvili, presidente del Movimiento Nacional Unido (UNM), que intervino en el Parlamento visiblemente magullado tras recibir una paliza a manos de un grupo de militantes progubernamentales. «Estos días nos han demostrado que nadie teme a las represiones anunciadas por Ivanishvili. Cuando golpea a uno, salen 100; cuando atrapa a 10, salen 1.000, 10.000 y 100.000 personas, así que continuaremos luchando no solo aquí, sino en la calle», declaró la presidenta del grupo parlamentario del prooccidental UNM, Tina Bokuchava.
El portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Peter Stano, condenó en rueda de prensa los actos de intimidación, amenazas y abusos físicos contra manifestantes, activistas de la sociedad civil, políticos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. «Lo que vemos en Georgia es un compromiso realmente impresionante de la mayoría absoluta de la población georgiana con el camino del país hacia la Unión Europea y el futuro europeo, y realmente esperamos que el Gobierno y las autoridades georgianas reflejen este deseo y este apego de su población a la democracia y a los valores europeos», expresó. «Hemos visto violencia en las respuestas de las autoridades y, en particular, de la policía en Georgia en los últimos días, y condenamos enérgicamente la intimidación, las amenazas y los abusos físicos contra manifestantes, activistas de la sociedad civil, políticos y periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Se trata de acciones brutales, y anoche también fuimos testigos de ellas, y las condenamos enérgicamente».
Las protestas y las escisiones han debilitado los apoyos del gobernante Sueño Georgiano, que aspira a alcanzar una cuarta mayoría absoluta consecutiva en los comicios del próximo mes de octubre. Para ello, sigue adelante con la tramitación de la «ley rusa» que, según el primer ministro, respalda más del 60 por ciento de la población. «El país no puede vivir permanentemente en el llamado “círculo cerrado de la polarización”, que se enrosca artificialmente desde el exterior hacia Georgia, y en el que la financiación opaca de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación relevantes desempeña un papel especial», declaró el sábado Kobajidze. «Superar la polarización, es decir, acabar con el radicalismo, es nuestra responsabilidad ante el pueblo georgiano, que ya nos ha dado ocho veces el mandato de gobernar el país y nos dará el noveno en octubre». Los miembros de Sueño Georgiano argumentan que el hecho de que haya decenas de miles de manifestantes en Tiflis y en otras ciudades del país «no significa» que toda Georgia se oponga a la legislación.
Este lunes, el comité de asuntos jurídicos del Parlamento aprobó en un tiempo récord de 70 segundos el proyecto de ley de agentes extranjeros en tercera lectura. La oposición ha denunciado «las irregularidades» del proceso, sin embargo, la votación definitiva tendrá lugar el martes en la Asamblea. Los 83 diputados del oficialismo votarán a favor, pero la legislación puede toparse con el veto de la presidenta Salomé Zurabishvili, que rechaza de plano la norma. «Estamos acostumbrados a las mentiras, sabemos que esta ley rusa ya fue retirada una vez, nos juraron que no, que no volvería a ocurrir, que no volveríamos a importarla, no solo a nosotros, sino también a nuestros socios extranjeros se lo dijeron y volvieron a plantear una cuestión que, de hecho, nadie necesitaba», declaró la pasada semana la jefa de Estado, elegida en 2018 precisamente con el respaldo de Sueño Georgiano.
Las posturas entre Zurabishvili y Kobajidze son irreconciliables. La presidenta acusó al primer ministro de manipular la realidad. «Manipulación es cuando con una mano se habla de algo, de diálogo, de cambios, y con la otra, lo que hemos oído en las palabras del primer ministro, de violencia, intimidación, terror, detención de personas completamente inocentes. No puedes convencer a nadie de que estos jóvenes estaban planeando grandes conspiraciones. Ni tú mismo te lo crees», sentenció Zurabishvili. «Me avergüenzo cuando leo palabras increíbles de miembros del Parlamento, de algunas personas a las que puede que haya conocido alguna vez, lo cual es señal de una sola cosa, que ya están intimidados internamente, esto es una terrible expresión de ese estado interno». El primer ministro, por su parte, acusó a la presidenta de no redactar ella misma los vetos al proyecto de ley, sino de recibirlos ya redactados por «ONG o fuentes externas».
