La implementación de la Ley de Gestión Pública que ha anunciado Sanidad supondría un gasto de 2.746 millones de euros anuales para la sanidad pública
Ante el inicio de los trámites para la implementación de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, la patronal de la sanidad privada califica de "irreal" un Sistema Nacional de Salud (SNS) sin la ayuda de la sanidad privada y reprocha a la ministra de Sanidad, Mónica García, "sus injustas declaraciones contra el sector". En el contexto del anuncio hecho por la ministra, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) observa un riesgo evidente de "fallo sistémico de la sanidad pública", ya que "la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas", según recoge Ep.
"La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación", señala Carlos Rus, presidente de ASPE. El sector privado ve además con preocupación las expresiones "altisonantes e innecesarias" pronunciadas por la ministra de Sanidad, ya que estas declaraciones nuevamente "contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos", en palabras de Carlos Rus.
En este sentido, la sanidad privada quiere reafirmar "su papel determinante a lo largo de estos años como recurso estratégico y flexible y niega cualquier acusación extemporánea que se vierta contra su concurso". Asimismo, recuerda que "la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales", según los estudios.
A su juicio, este proyecto de ley "pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente" bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios. "Un sistema con éxito en numerosas formas de colaboración público-privada que además es habitual en el conjunto de los países líderes de nuestro entorno europeo. Es preciso también tener en cuenta que la futura ley provocará una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional", argumentan.
"Se está limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas, más necesario aún si cabe en los tiempos actuales, en los que los ciudadanos padecen listas de espera en cifras históricas semestre tras semestre", indica el presidente de ASPE. "Desde el sector de la provisión sanitaria mantenemos nuestro firme nuestro compromiso de trabajar mano a mano y de una forma responsable como siempre hemos hecho con el Gobierno central y con las Comunidades Autónomas para construir un sistema de salud fuerte, sostenible y accesible, en el que no se pongan trabas para la colaboración", insiste Carlos Rus.
"Abogamos por un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las experiencias y conocimientos de todos los sectores, reconociendo que la utilización de todas las herramientas disponibles enriquece la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas, y muy especialmente ante la alarmante situación de espera de muchos pacientes", concluye.
