En su escrito de recusación, García Ortiz considera que cuatro jueces están "contaminados" porque calificaron como "desviación de poder" el ascenso de Dolores Delgado
El fiscal general del Estado atribuye a los cuatro magistrados que tienen que pronunciarse sobre su nombramiento -tras el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- un "posicionamiento previo" por haber apreciado una "desviación de poder" en el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal togada.
Para Álvaro García Ortiz, que insiste en que está "en profundo desacuerdo" con ese fallo, la Sala que dictó esa sentencia está por tanto "contaminada", por lo que su resolución de la demanda estaría condicionada "por razones de mera coherencia y no contradicción entre resoluciones".
En el escrito en el que recusa a los cuatro magistrados -Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero-, su defensa (la iniciativa la ha llevado a cabo a título personal, y no a través de la Abogacía del Estado) deja claro que esa decisión previa que cuestiona su política de nombramientos es "parte troncal" de los argumentos de la demanda de APIF.
El tribunal, deja claro, "no es, ni puede ser, ni puede parecer imparcial al examinar sus propios hechos, fundamentos y conclusiones".
Según plantea, de no ser apartados estos cuatro magistrados se estaría vulnerando su derecho a un juez imparcial porque su "falta de parcialidad" tiene su origen en ese previo pronunciamiento sobre su gestión.
Además, señala que el mismo día en que se conoció la sentencia, el magistrado José Luis Requero publicó un artículo en LA RAZÓN en el que califica al Tribunal Constitucional y al fiscal general como "apesebrados".
El fiscal general lamenta que no fue ni "siquiera oído" antes del dictado de esa sentencia y asegura que los magistrados ahora recusados realizan en el fallo afirmaciones "de todo cuestionables" que son, además, parte de los "hechos y fundamentos que se pretenden cuestionar en la contestación a la demanda".
García Ortiz reprocha a la Sala que adoptó esa decisión que anuló un nombramiento "del que es únicamente proponente", pues la designación correspondió al Consejo de Ministros. Asimismo, se queja de que el tribunal le atribuya una "intención subjetiva" en esa propuesta tras afirmar que fue la propia Dolores Delgado la que convocó la plaza como fiscal general y la que, tras renunciar al cargo por motivos de salud, optó a la misma y fue propuesta "por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor" de manera "rápida y prácticamente sin solución de continuidad".
La defensa de García Ortiz se refiere expresamente a que la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sustenta su pretendida falta de idoneidad para el cargo, entre otros motivos, en la sentencia del pasado noviembre de la misma Sección Cuarta en la que se aprecia "desviación de poder" en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, lo que supuso su ascenso a la máxima categoría de la carrera.
García Ortiz ve hechos "absolutamente coincidentes" de ese procedimiento con la actual demanda que pide la anulación de su nombramiento, hasta el punto de que considera que el relato de hechos de APIF, que incluye esa sentencia del pasado noviembre, condiciona "de manera absoluta" el resultado de este nuevo recurso.
