Moncloa aduce ahora que hay Registros Civiles "no informatizados" y, por tanto, no es posible recabar todos los datos
Ya ha pasado más de un año de la aprobación de la Ley Trans y el Gobierno sigue ocultando al Congreso datos sobre los efectos que ha tenido: es decir, cuántas personas han usado esta norma para cambiar de sexo. En este sentido, a través de los medios de comunicación, sí han ido trascendiendo episodios controvertidos de gente aprovechando la norma para cambiar de sexo y poder obtener ventajas en muchos ámbitos, como el profesional (cabe recordar que la paridad obliga a que muchos puestos de trabajo de la Función Pública queden reservados a mujeres), pero sigue sin haber un balance global que permita ofrecer una visión de conjunto.
En este sentido, los diputados del PP Carmen Navarro y Jaime de los Santos han preguntado por escrito al Gobierno para conocer los datos. Pero la Moncloa continúa negándolos, tal y como ya hizo algunos meses. En la respuesta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, ahora, el Gobierno alega que no se pueden difundir los datos porque hay "Registros Civiles no informatizados", lo que impide hacer un balance. "La información de la que dispone el Gobierno es la derivada de las bases de datos 'INFOREG' y 'DICIREG', que recogen la información de los Registros Civiles que se encuentran informatizados. Por lo tanto, al no incluir las inscripciones de aquellos Registros Civiles no informatizados, no es posible ofrecer los datos por los que se interesan Sus Señorías", señala la respuesta por escrito del Gobierno.
En este sentido, los Registros Civiles son los espacios indicados para que los ciudadanos se dirijan a hacer el cambio de sexo y, por tanto, es donde se generan todos los datos. Sin embargo, el Gobierno sigue sin darlos, ahora escudándose en cuestiones informáticas. Ya es la cuarta vez que el Gobierno oculta unos datos a los que tiene acceso y todo invita a pensar a que lo hace por el temor al revuelo que puede desencadenar unas cifras demasiado abultadas. De hecho, el Gobierno ha cambiado de ministra de Igualdad, ya que ahora está en el cargo Ana Redondo, pero la falta de transparencia parece que sigue siendo la misma que con Irene Montero, impulsora de la ley.
La nueva Ley Trans, aprobada el 28 de febrero de 2023, ha generado mucha polémica por la facilidad que se da para cambiar de sexo. En concreto, el artículo 44 de la norma pone de manifiesto esa facilidad ya que "el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole". Esta facilidad para la autodeterminación de género ha invitado a pensar a que pueda haber una avalancha de peticiones de cambio de sexo.
El procedimiento para el cambio de sexo es relativamente rápido, por lo que más de un año después da tiempo para hacer un balance sobre los efectos de la norma. En este sentido, el procedimiento completo para materializarlo se puede alargar en torno a cuatro meses: el primer trámite consiste en una solicitud al Registro Civil, que cita al interesado para que comparezca. Tras la primera comparecencia se vuelve a citarle a los tres meses: si ratifica su voluntad, el cambio de sexo se materializará en un plazo máximo de un mes. Asimismo, en el artículo 47 de la Ley Trans también queda recogido el procedimiento para poder revertir el cambio de sexo: "Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el Registro Civil".
