Asociaciones judiciales alertan de que, tras la carta del presidente, la «presión» sobre el juez Peinado erosiona la confianza ciudadana en la Justicia
La amenaza de dimisión en diferido de Pedro Sánchez tras conocer la decisión de un juez de Madrid de investigar una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, por un posible tráfico de influencias, ha reactivado las acusaciones de «lawfare» (la supuesta utilización espuria de la Justicia con fines políticos) con el juez instructor, el magistrado Juan Carlos Peinado, en la diana de esos ataques. Pero, más allá de esos señalamientos públicos, ¿en qué medida la reacción del presidente del Gobierno contribuye a erosionar la confianza ciudadana en la Justicia?
LA RAZÓN ha pulsado la opinión de las cuatro asociaciones judiciales sobre este asunto, y sobre el silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el momento no ha salido en defensa del magistrado y de la independencia judicial.
A la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) «más que el contenido de la carta de Pedro Sánchez» le preocupan «las reacciones de algunos políticos y también periodistas ante la misma». Su presidenta, la magistrada María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid, llama la atención sobre el hecho de que «se está hablando directamente de “lawfare”», «señalando no solamente al juez instructor, sino también a su familia» y cuestionando su independencia atribuyéndole una determinada adscripción política». «Y hay quien abiertamente –recalca– ha dicho en alguna tertulia que hay que intervenir el Poder Judicial», en referencia a Laura Arroyo, cordinadora de Formación de Unidas Podemos y periodista de Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias.
«Evidentemente estos comentarios, estos ataques, atentan gravemente contra la imagen de independencia de los jueces y cercena la necesaria confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial como último garante de sus derechos y libertades», alerta Del Barco. Y respecto a un posible cierre de filas del Consejo General del Poder Judicial ante los ataques al juez Juan Carlos Peinado, la portavoz de la APM recuerda que «la función esencial del CGPJ es defender la independencia judicial y hemos visto en otras ocasiones que sí ha hecho público ese apoyo».
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reclama a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto «respeto a la independencia judicial», aunque su portavoz, Sergio Oliva asegura que su asociación «asiste con preocupación a la presión ambiental» sobre el juez Peinado, «incluido su cuestionamiento con alusiones a su familia», aunque prefiere no entrar a valorar las diligencias abiertas por el magistrado «ya que se trata de un asunto jurisdiccional cuyo trámite debe ser respetado por todos en un Estado de derecho».
Del mismo modo, alerta de la «deriva deslegitimadora» del Poder Judicial que se está produciendo «desde hace varios años, tal y como hemos denunciado reiteradamente ante todo tipo de instituciones». «La pérdida de confianza en la independencia judicial, en el Estado de Derecho y la separación de poderes debilita la calidad de nuestra democracia», advierte. El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria insta a respetar la independencia judicial, «clave de la convivencia». «Los jueces hacen su trabajo conforme a la ley», defiende antes de recordar que para canalizar las discrepancias jurídicas «existe un sistema de recursos con todas las garantías dentro de los procedimientos en curso».
En cuanto al papel del CGPJ, «sería deseable», dice, que conforme a su función constitucional actuara «en defensa de la independencia judicial, para que el juez no se vea perturbado en el ejercicio de su labor». Un cometido, destaca, que «siempre ha de estar dispuesto a cumplir».
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) no creen que la reacción de Sánchez contribuya a erosionar la confianza en la Justicia. «La decisión del presidente del Gobierno –asegura su portavoz, Edmundo Rodríguez– no debilita la confianza en la Justicia, pues él mismo aseguró que tiene confianza en ella, y que su reflexión se debía a los ataques a su familia desde algunos partidos».
Asimismo, respecto a un posible posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial, precisa que si el juez Peinado «se siente inquietado en su independencia, puede reclamar amparo al CGPJ, que ha de ser cuidadoso en sus actuaciones de oficio, pues últimamente transmite una imagen de parcialidad en sus pronunciamientos sobre esta cuestión».
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, afirma respecto a la reacción de Sánchez a la investigación contra su mujer que «si la simple apertura de una investigación ya supone la amenaza de dimisión de un presidente, parte de la ciudadanía lo percibe como que el Poder Judicial se está inmiscuyendo y, al final, acaba recibiendo palos que, sin duda alguna, no se merece, porque no es más que el funcionamiento normal de nuestros tribunales».
¿Debilita la confianza ciudadana en la Justicia esa actitud? «Está claro que ese efecto se ha producido, y no es deseable que eso ocurra. Me gustaría pensar que no es así, pero es cierto que si parte de la ciudadanía ha reaccionado contra el juez y contra el Poder Judicial, finalmente aunque no se haya buscado ese efecto, sí se ha producido».
Portillo considera los ataques a Peinado «injustificados» y cree que «deberían obligar al CGPJ a pronunciarse» y salir en defensa del magistrado. «Se puede discutir el criterio acertado o no del juez a la hora de tomar esa decisión –defiende–, pero desde un punto de vista técnico, jurídico o de oportunidad, no utilizando argumentos de tipo político que son ajenos a la Justicia».
«En el caso de que se presente una denuncia o querella, los jueces estamos obligados, por una serie de leyes procesales, a respetarla, porque nos ata la legislación vigente, más allá de consideraciones políticas que puedan subyacer en la denuncia», afirma. «Si finalmente solo hay una cuestión política, el asunto se archivará más pronto que tarde. Y si hay algo más, seguirá adelante. Pero las decisiones que adopta un juez son exclusivamente jurídicas y no lastradas por condicionantes políticos», recalca Portillo.
El portavoz de Foro Judicial Independiente denuncia el «seguimiento» que se está haciendo del juez Peinado. Y hace hincapié en que, «precisamente ahora que se supone que no puede molestarse a los parientes de quienes tienen relevancia pública», respecto a los jueces «sí es posible relacionarlos con cuestiones relativas a su familia» con alusiones a «la hija del juez, que parece que tiene un cargo en el PP». «Es bastante triste, porque todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de recurso, como ha ocurrido en este caso con el Ministerio Fiscal. Y eso no debe dar pie a que se produzcan estos ataques», concluye Portillo.
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[[H3:«Una reacción de Tirano Banderas»]]
Fuentes del CGPJ consideran la respuesta de Sánchez a la decisión judicial «una reacción de Tirano Banderas» –en referencia al personaje de la novela de Valle-Inclán– porque plantea «un plebiscito emocional y personal en toda regla». «Es un envite a la Justicia y a los medios de comunicación», afirman. «La reacción normal de un presidente», subrayan, debería ser «dejar que su mujer, como cualquier ciudadano, se defienda ante los tribunales», y no «utilizar el cargo para defenderse de una imputación judicial, aunque a él no le imputan». «Dice que confía en la Justicia, pero hace lo contrario. Si confías en la Justicia, tienes que dar explicaciones».
La defensa del juez Juan Carlos Peinado por parte del Consejo del Poder Judicial, por ahora, tendrá que esperar. «El amparo lo tiene que pedir él si se siente inquietado o perturbado en su función jurisdiccional», explican. «Siempre cabe una manifestación genérica, pero dudo mucho que pueda producirse teniendo en cuenta la actual composición de la Comisión Permanente».
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