Reclama al magistrado que ya investiga la denuncia de Manos Limpias que encargue a la UCO un informe sobre las adjudicaciones cuestionadas
La asociación provida Hazte Oír ha presentado una querella contra Begoña Gómez ante el mismo juzgado que ya investiga la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno por un posible tráfico de influencias, que ha llevado a Pedro Sánchez a abrir unos días de reflexión hasta el lunes antes de decidir si dimite. En el escrito, se queja de que la Fiscalía -que sí se ha pedido ya el archivo de las diligencias abiertas por el juez Juan Carlos Peinado- no se ha pronunciado aún sobre la denuncia que presentó el pasado día 8 contra la mujer de Sánchez, un silencio que -asegura- "motiva la presentación de la actual querella", en la que a las informaciones publicadas sobre Gómez incorpora documentación recabada "en archivos públicos".
Según expone en su denuncia, existen indicios de que "se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno
para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades". Y añade que para establecer estas relaciones habría aprovechado incluso su presencia como "miembro del sequito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales".
Hazte Oír señala asimismo que "desde sus cargos y puestos laborales" supuestamente se habría ofrecido, "por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas", para "influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas".
La denuncia apunta la supuesta existencia de indicios de que esa influencia se habría ejercido, en referencia a las "cartas de recomendación a los expedientes administrativos de concesión del concurso".
La asociación denunciante mantiene que la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, adjudicó el 7 de septiembre de 2018 a Adalid Inmark, de la que según afirma es accionista Begoña Gómez, un contrato por valor de 750.200 euros par formación en "procesos de transformación digital".
Asimismo, añade, en enero de 2019, "siendo aún accionista Begoña Gómez", el Ministerio de Industria adjudicó a Inmark Europa (matriz de la anterior) un contrato para la realización de un estudio sobre las tendencias del consumidor español por un total de 14.875 euros.
La denuncia también hace referencia a la relación de la esposa de Sánchez con Globalia, que en 2020 decidió, a través de su filial Wakalua, patrocinar con 40.000 euros anuales al IE Africa Center de Begoña Gómez, una operación en la que aprecia indicios de la intención de conseguir su "influencia" en otras operaciones, dado que en esas fechas Air Europa -que sería rescatada en noviembre de 2020 por el Gobierno con 475 millones de euros- estaba pasando "un momento económico difícil".
Además, destaca, Wakalua, que entonces "tenía cero empleados y debía dinero al Estado", "bajo la presidencia de Sánchez sumó 1.400 millones en contratos".
El rescate de Air Europa, subraya, no solo fue "el más cuantioso y el más rápido en procesarse de todos los que concedió el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) que gestionó la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) para hacer frente a los efectos de la pandemia", sino que esquivó el posterior control de la Comisión Europea al trocearse esa millonaria ayuda.
A ese rescate, señala, le siguió el de Globalia-Ávoris en marzo de 2021 por 320 millones de euros. En ambas operaciones, destaca, Globalia estuvo asesorada por el empresario Víctor de Aldama, principal comisionista de la "trama Koldo" y con el que se reunió Begoña Gómez.
Hazte Oír alude también a "la manera de actuar de la querellada, que constantemente, en reuniones que supuestamente son propias de su actividad profesional, se presenta como esposa del presidente del Gobierno de España, con todo lo que ello supone a efectos de los posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas".
La denuncia también incide en la "esponsorización de actividades" en las que estaría involucrada Begoña Gómez y el "posterior aumento de negocio de las entidades esponsorizadoras con el Gobierno", señalando específicamente a la consultora Barrabés, que "incrementó su facturación con el sector público a raíz de la llegada al poder de Pedro Sánchez y tras la amistad desarrollada con su esposa". Así, afirma, pasó de firmar contratos por 200.000 en 2015, 205.000 en 2016 y 57.000 euros en 2017, todos para ropa para la Guardia Civil, a facturar veinte millones de euros "con el PSOE en el poder".
"Lo más destacado es que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó dos contratos al Grupo Barrabés, y en los expediente de adjudicación constaban dos cartas de recomendación/aval de Begoña Gómez". El primero, en julio de 2020 por 7,7 millones de euros, una adjudicación a la que Barrabés optaba a través de una UTE con la escuela de negocios The Valley. Solo el primer lote suponía el 60% de la facturación anual de Barrabés en todo el ejercicio anterior. El segundo se adjudicó en agosto de 2021 por 4,4 millones de euros e incluía una "declaración de interés" de Begoña Gómez "firmada de su puño y letra" dirigida a la mesa de contratación. La UTE se impuso al resto de ofertas "por un ajustadísimo margen".
"El peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final", destaca la denuncia.
Hazte Oír reclama al juez que reclame a El Confidencial las cartas de recomendación de Begoña Gómez y que pida a Inmark, Instituto de Empresa, Globalia, Barrabés, Wakalua y The Valley Digital Bussines School -entre otras sociedades- un "listado detallado" de todas las subvenciones y adjudicaciones de las que resultó beneficiaria desde junio de 2018 hasta la actualidad. Una petición que pretende que el juez reclame también en relación a estas empresas a la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Subdirección General de Contratación Electrónica.
La asociación querellante insta al juez a pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre los hechos denunciados.
