La Fiscalía alerto de su falta de "arraigo" en nuestro país y de que su huida a Marruecos "entorpecería de forma muy grave la investigación judicial" dada "su alta capacidad económica"
La Audiencia Provincial de Málaga dejó en libertad el pasado febrero al supuesto líder de la "Mocro Maffia", la organización delictiva que amenazó a Amalia de Holanda, la heredera al trono de los Países Bajos, pese a admitir que había riesgo de fuga. Investigado por blanqueo y pendiente de un proceso de extradición, Karim Bouyakhrichan se dio a la fuga después de que la Audiencia Nacional no acordase su detención -una vez Holanda redobló la petición de entrega. La Fiscalía se opuso a que quedara en libertad condicional y también reclamó sin éxito el pasado 18 de abril, tras desestimar la Sala de lo Penal, el recurso de apelación que interpuso la defensa del presunto líder mafioso contra la decisión de entrega, que se acordara su detención para garantizar la extradición a Países Bajos. Sin embargo, el juez Ismael Moreno optó por citarle en la Audiencia Nacional para comunicarle su entrega.
En la resolución en la que la Sección Primera de la Audiencia de Málaga acuerda dejar en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Bouyakhrichan -detenido en Marbella el 10 de enero-, la Sala reconoce que "sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero", de origen marroquí, "sin que conste que tenga bienes raíces en España, en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa Melanie". Pero matiza que su propia mujer "manifestó que ella vive en Dubai, y que solo viene a Marbella de vez en cuando". Además, los magistrados señalaban que el delito de blanqueo de capitales está castigado con hasta seis años de prisión. "Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga", admite.
No obstante, el tribunal -presidido por el magistrado Manuel Caballero-Bonald- expuso que "los fines perseguidos cuando se adoptó la medida de prisión", fundamentalmente evitar el riesgo de fuga, también podían conseguirse "con otras medidas aseguratorias menos gravosas" como la fijación de una fianza de 50.000 euros, la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días y la retirada del pasaporte, con la prohibición de salida de España. Obligándole, además, a designar un domicilio y "un teléfono de contacto directo" a la autoridad judicial para estar localizado. Ninguna de esas medidas, sin embargo, impidió que se diera a la fuga Bouyakhrichan, actualmente en paradero desconocido.
La Audiencia malagueña estimó por tanto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado contra la resolución del pasado 10 de enero en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella acoró su prisión provisional.
Una vez detenido en España, las autoridades de Países Bajos reclamaron la extradición a su país de Karim Bouyakhrichan por tráfico de drogas, pero esa orden de entrega quedó paralizada tras constatarse que tenía una causa pendiente por blanqueo y organización criminal en un juzgado de Marbella. Había que esperar, por tanto, a que saldase sus cuentas con la Justicia española antes de decidir sobre su extradición, que en caso de acordarse en esos momentos dificultaría la continuación del proceso judicial en nuestro país.
Pero Holanda volvió a la carga y amplió esa petición de extradición para forzar su entrega sin demora. Es entonces cuando el juez de la Audiencia Nacional, en lugar de ordenar su detención, opta por una citación para comunicarle la decisión de extraditarle a su país. Pero desde principios de abril, nada se sabe de Bouyakhrichan, a quien ahora sí la Audiencia Nacional ha puesto en busca y captura.
En el escrito en el que la Fiscalía de Marbella se oponía al recurso de apelación de Karim Bouyakhrichan contra su prisión incondicional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el representante del Ministerio Público ya advirtió el pasado 1 de febrero de que carecía "de arraigo personal, familiar y laboral suficiente en nuestro país", alertando de una posible fuga a su país de origen, lo que "entorpecería de forma muy grave la investigación judicial, teniendo en cuenta su alta capacidad económica y los recursos de los que puede hacerse valer".
La Fiscalía hacía hincapié en que las autoridades judiciales de Países Bajos ya habían emitido una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) que tramitaba la Audiencia Nacional, una extradición que respaldaba la Fiscalía Antidroga.
La acusación pública instaba a la Audiencia de Málaga a mantener la prisión provisional para evitar, además del riesgo de fuga, que Karim Bouyakhrichan pudiese alterar pruebas en caso de quedar en libertad" y para impedir "que pueda seguir cometiendo hechos de igual o similar naturaleza".
