Llega al Congreso la reivindicación histórica del colectivo, que les daría más seguridad jurídica y protección en las cárceles
El grupo parlamentario del PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que habilitaría como agentes de autoridad a los funcionarios que trabajan en las prisiones españolas.
Una consideración que lleva pidiendo este colectivo de trabajadores desde hace años y que volvió a ser reivindicada con intensidad tras el asesinato de una cocinera a manos de un interno en la cárcel tarragonesa de Mas d'Enric.
La reforma en la legislación que proponen los socialistas consistiría en la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para fijar que el cuerpo funcionarial de Instituciones Penitenciarias, cuando ejercen su labor diaria en las prisiones, ostentan "a todos los efectos legales" la condición de autoridad.
Solo seria necesario, según el texto recogido por EP, el número de registro profesional para que sean identificados como agentes de la autoridad en cualquier proceso administrativo o judicial al que se enfrenten en el ámbito de su profesión.
El Partido Socialista ha defendido que esta modificación legal se plantea para "dar respuesta" a esta histórica reclamación y dotarles, tal y como pedían los funcionarios, de seguridad jurídica en el desarrollo de su trabajo diario dentro de los centros penitenciarios.
También, señalan, por los efectos que tiene a nivel jurídico ya que, por ejemplo, dentro de un procedimiento disciplinarios contra un preso un informe elaborado y firmado por un funcionario pasaría a ser base suficiente para que se adopte una resolución sancionadora.
O, en el caso de que acabasen siendo condenados a prisión, estarían separados por su condición del resto de internos en un módulo especial.
El grupo socialista propone, por último, que tengan derecho a ser indemnizado por el Estado si sufren agresiones en las cárceles, resulten heridos físicamente o desarrollen problemas psicológicos a consecuencia de su trabajo, pero también si hay daños materiales.
En los dos últimos años las agresiones sufridas a manos de reos no han parado de crecer de forma escandalosa. En 2022 hubo 450 agresiones a funcionarios y a lo largo del último año fueron 508. Si se comparan ambas cifras con las registradas en 2020 o 2021, cuando no llegaban a las 200, se concluye que los episodios de violencia contra los funcionarios por presos se han triplicado.
En 2022 ya había llegado a la Cámara baja tomar en consideración una proposición de ley my similar para dotar "a efectos legales" de este carácter a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Nunca llegó a ser debatida en el Senado y, con ello, su tramitación decayó por la disolución de las Cortes por el advenimiento de las últimas elecciones generales.
