La normativa obliga a los medios y ONG a registrarse como promotores de «los intereses de una potencia extranjera» si más del 20% de su financiación procede del exterior
El Parlamento de Georgia ha aprobado este miércoles en primera lectura la polémica ley de agentes extranjeros pese a las protestas registradas a principios de esta semana contra los planes del Gobierno. El martes, la Policía llegó a utilizar gases lacrimógenos para disolver una gran manifestación a las puertas del Parlamento a la que acudieron miles de georgianos para protestar contra una medida de inspiración rusa.
El proyecto de ley, que obligaría tanto a los medios de comunicación como a las organizaciones no gubernamentales a registrarse como entidades «bajo influencia extranjera» si más del 20 % de su financiación procede del exterior, es casi idéntico al texto que el partido gobernante, Sueño Georgiano, se vio obligado a retirar hace un año como resultado de las protestas multitudinarias.
El único cambio en la redacción del texto recoge que las organizaciones no comerciales y los medios que reciban el 20% o más de su financiación del extranjero tendrán que registrarse oficialmente como «que persiguen los intereses de una potencia extranjera». El anterior proyecto de ley recogía expresamente «agentes de influencia extranjera».
La oposición considera que la norma sirve como un instrumento para reprimir a la disidencia y advierte que su aprobación definitiva obstaculizaría las perspectivas de adhesión de Georgia a la Unión Europea. Describen el texto como «la ley rusa», en alusión a la legislación utilizada por Moscú para perseguir a los medios de comunicación independientes y las organizaciones que operan lejos de la órbita del Kremlin. Rusia, sin embargo, ha negado toda vinculación con la hoja de ruta del Gobierno georgiano.
«Si se aprueba, Georgia se alineará con Rusia, Kazajistán y Bielorrusia y con aquellos países donde se pisotean los derechos humanos. Destruirá el camino europeo de Georgia», ha subrayado en este sentido Giorgi Rukhadze, fundador del Centro Georgiano de Análisis Estratégico, en declaraciones recogidas por Associated Press.
La norma ha salido adelante en primera lectura con 83 votos a favor, de los 76 necesarios. Mientras los legisladores aprobaban la ley, promovida por el Ejecutivo, los grupos opositores exigían su revocación en los aledaños del Parlamento.
Aunque la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, vetaría la ley si el legislativo la aprueba en tercera lectura, el oficialismo puede anular el veto reuniendo 76 votos. En ese caso, el presidente de la Cámara puede firmar la ley. El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, defiende la normativa porque, según declaró la semana pasada, el Ejecutivo «solo conoce el 18 % de las fuentes y objetivos de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país».
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, asegura que, en caso de ser aprobada, la medida «alejará» al país caucasiano de la UE, el bloque al que aspira a sumarse en el futuro. «Permítanme ser claro: el proyecto de ley sobre Transparencia de la Influencia Extranjera no es consistente con las aspiraciones europeas de Georgia y con su trayectoria de adhesión y alejará a Georgia de la UE y no la acercará», escribió Michel en la red social X, antes Twitter.
