Las operaciones de Criteria en Telefónica y Naturgy demuestran que hay formas de garantizar la estabilidad y españolidad de las grandes empresas sin la intervención del Estado
Balzac (1799-1850), el gigante de la literatura francesa, autor de «La comedia humana», escribió en «El lirio en el valle» que «hay casos en los que el egoísmo se convierte en una sublime virtud». Quizá su vida, tan exuberante como su obra y las deudas que le acompañaron siempre, le inspiró esas palabras. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la SEPI, ya ha adquirido hasta el 5% de las acciones de Telefónica , lo que convierte al Estado en el primer accionista de la compañía, posición que consolidará cuando llegue al 10%, como ha anunciado. La demagogia al uso afirma que todo se hace para contrarrestar al fondo STC, del gobierno de Arabia Saudí, que también aspira a tener un 10% de la empresa que preside José María Álvarez-Pallete y que, por supuesto, la presencia del sector público en Telefónica no aporta más que ventajas para los ciudadanos.
Casi al mismo tiempo, mientras avanza la incertidumbre en los mercados por la situación en Oriente Medio, las acciones de Naturgy se disparan ante la posibilidad de una OPA amistosa de Emiratos Árabes, de acuerdo con Criteria, el holding inversor de CaixaBank, y primer accionista de la compañía que preside Francisco Reynés. Los emiratíes sustituirían a los fondos CVC y GIP en el capital de Naturgy. La operación amistosa, si se culmina, demostrará que hay fórmulas suficientes para garantizar el control y la «españolidad» –sea eso lo que sea en los negocios– de una compañía sin que el Estado –el Gobierno– metas sus manos en ellas. Criteria, en donde Isidro Fainé ha sido reelegido presidente, por otra parte, también ha aumentado su participación en Telefónica, con lo que se convierte en algo así como garante y blindaje de la estabilidad de la empresa y de su control por accionistas españoles. La entrada del Estado en Telefónica no ha supuesto ningún alza significativa del valor. Eso sí, el Gobierno podría colocar algún consejero, bien pagado y con influencia. Por eso, surge la pregunta que haría cualquier ciudadano: ¿cómo me beneficio yo de que el Estado sea accionista de Telefónica si, por ejemplo, sus servicios, entre otras cosas, no son más baratos? Claro, que eso quizá sea convertir el «egoísmo en sublime virtud», como decía Balzac.
