El anuncio del expresidente de Cataluña de acudir el primero en la lista por Junts en los próximos comicios catalanes ha levantado multitud de posibles escenarios y dudas jurídicas
El expresidente de la Generalidad y huido a Waterloo (Bélgica) Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa desde Francia su intención de volver a presentarse como candidato a Presidente en las elecciones de Cataluña.
Si se diese el hipotético escenario en el que Puigdemont reúne los votos necesarios para regresar a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, su investidura dependería de otras variables: de la orden nacional de detención activa actualmente por la causa del "procés", de los plazos de tramitación de la ley de amnistía que está en manos del Senado y de su posterior aplicación por parte de los jueces.
El anuncio este jueves de que el prófugo de la justicia será la cabeza de lista de Junts de cara a los comicios catalanes el próximo 12 de mayo ha suscitado múltiples posibles escenarios con sus respectivas dudas jurídicas.
El expresidente y eurodiputado tiene pendiente comparecer ante la Justicia española desde 2017, cuando el Tribunal Supremo le procesó en rebeldía en el procedimiento relativo al "procés". Tampoco se ha aprobado aún al ley de amnistía, que pretende otorgar perdón a más de una década del proceso independentista catalán.
Carles Puigdemont podría presentarse a las elecciones dado que no cumple con los requisitos de inelegibilidad que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Tampoco se encuentra cumpliendo pena de prisión o de inhabilitación por condena alguna, ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo o rebelión.
Es preciso recordar que el líder de Junts ya se presentó sin inconvenientes a los comicios de 2017 y de 2021, cuando también estaba procesado en rebeldía por la causa del 'procés'.
Puigdemont puede sí ser candidato a las elecciones de Cataluña y eurodiputado. Pero esta posibilidad tiene condicionantes: en caso de reunir los apoyos suficientes en las urnas, una vez que acepte el acta de diputado en el Parlament pierde automáticamente su condición de eurodiputado.
Al perder el escaño en el Parlamento Europeo dejaría de tener inmunidad como europarlamentario y de estar aforado ante el Tribunal Supremo (TS) para pasar a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, por ser diputado del Parlament.
Aún así, aunque el Estatut precisa en su artículo 57.2 que en las causas contra los diputados es competente el TSJ, también especifica que "fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
El Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció sobre este asunto en 2018 a petición del Ejecutivo central. En aquella ocasión, suspendió la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno de Cataluña que hubiese permitido la investidura de Puigdemont por vía telemática.
En 2019, la Corte de Garantías resolvió sobre el fondo de la cuestión y anuló la norma al entender que "una investidura en la que el candidato no compareciera presencialmente ante la Cámara para solicitar su confianza sería contraria (a la Ley Fundamental)".
Por su parte, fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por Europa Press, sin embargo, inciden en que el mundo ha cambiado desde entonces y hasta el TC hace Plenos telemáticos.
Cabe recordar que en la actualidad Carles Puigdemont tiene vigente una orden nacional de captura que dictó el juez instructor del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, por desobediencia y malversación.
Así, podría ser detenido al pisar suelo español si en ese momento no ha entrado en vigor la ley de amnistía, que fija que los jueces y magistrados que conozcan de las causas afectadas por la norma tienen que levantar las medidas cautelares, como es el caso de las órdenes de detención.
Fuentes de la defensa del expresidente confían en que los jueces levantarán dichas órdenes mientras tramiten sus dudas ante el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque, aunque asumen que los jueces tendrán dudas "legítimas" sobre la aplicación de la ley, sostienen que ello no debería afectar al levantamiento de las cautelares. De todas maneras, reconocen que no existen garantías.
A este respecto hay que añadir que, sin embargo, Puigdemont acumula un nuevo frente judicial toda vez que el Supremo le abrió causa penal por terrorismo en el caso "Tsunami Democràtic". De momento, la instructora Susana Polo no ha ordenado diligencias en este procedimiento.
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el plazo límite que se baraja en Cataluña para la constitución del Parlamento es el 10 de junio. En el caso de la investidura, la fecha tope es el 25 de junio.
La Cámara del Senado, por su parte, dispone de dos meses, es decir, hasta el 15 de mayo, para tramitar y aprobar de manera definitiva o devolver al Congreso la proposición de ley de la amnistía.
En el supuesto de que se dé el visto bueno al texto y se remita a la Cámara Baja para su aprobación final, se prevé que entre en vigor a finales de mayo.
El futuro del huido a Bélgica y eurodiputado depende entonces no solo de obtener un escaño en las elecciones catalanas, sino de la aprobación o no de la Ley de Amnistía, su entrada entrada en vigor y su aplicación por parte de los jueces, además de su causa penal abierta por terrorismo y otros factores.
