El debate político electoral se ha centrado naturalmente en aquello que conecta más con la sociedad, lo que resulta más impactante, lo que muestre debilidades de las otras candidaturas o, incluso, resulte divertido. Es lo natural en la comunicación política, lo que hay, y esa forma de comunicación política genera silencios que muestran las ausencias de propuestas sólidas, de cómos, de formas, de visiones de Estado para avanzar en la construcción de un país donde quepamos todas y todos, sin filias ni fobias.
Uno de estos silencios existe alrededor de las finanzas públicas, cada vez más presionadas y que requieren soluciones. Decir los comos de manera que sepamos la manera en que las propuestas se han dejado ver; como los programas sociales, saber cómo se van a financiar. Lo que escuchamos de las candidaturas con mayores posibilidades de ganar la elección es que hay dinero suficiente y no es necesaria una reforma fiscal, ¿de verdad?
En su obra “The Fiscal Crisis of the State” (1973), James O’Connor analiza cómo las demandas sociales y la acumulación de capital pueden llevar a una crisis fiscal, donde los gastos del estado exceden sus ingresos, resultando en un endeudamiento creciente y una capacidad reducida para financiar servicios públicos. El concepto de “crisis fiscal del estado” se refiere a la incapacidad de un Estado para generar ingresos suficientes que cubran sus gastos, resultando en un déficit fiscal crónico. Este fenómeno se agrava cuando el crecimiento económico es insuficiente para incrementar la recaudación tributaria, generando una espiral negativa de endeudamiento y dependencia financiera.
En México hemos estado acumulando un déficit fiscal significativo que presiona la estabilidad económica del país. Este déficit se ha profundizado debido a factores como la caída en los ingresos petroleros, la evasión fiscal y un sistema tributario complejo e ineficiente, además del incremento de los gastos públicos a través de obras y programas sociales. Ante esta realidad, la necesidad de una reforma fiscal se vuelve ineludible.
Una reforma fiscal debe tener como objetivo principal el crecimiento económico y por lo tanto, incrementar los ingresos del Estado de manera sostenible y equitativa. Esto implica, no sólo cumplir con los compromisos internacionales y las medidas propuestas por la OCDE, como el impuesto mínimo global, sino también diseñar un sistema fiscal que incentive la inversión y la generación de empleo.
Para lograr esto, es crucial simplificar el sistema fiscal actual. Un sistema más sencillo, no sólo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, sino que también reduce los costos administrativos, tanto para el gobierno como para las empresas. Además, es necesario recuperar deducciones que fomentan la previsión social y establecer estímulos fiscales que promuevan la inversión, la formalidad y la innovación.
Fomentar la formalidad fiscal es otro pilar fundamental de la reforma. La informalidad laboral y empresarial reduce significativamente la base tributaria del país impidiendo una recaudación adecuada. La implementación de incentivos fiscales y medidas que faciliten la transición de la informalidad a la formalidad puede tener un impacto positivo en los ingresos fiscales y en la economía en general, necesitamos ser más creativos y, desde luego, transparentar el gasto público para legitimar la tributación.
Asimismo, la próxima administración deberá abordar la reforma fiscal con seriedad y compromiso. Es fundamental que este proceso se lleve a cabo en clave democrática, es decir, a través de un amplio diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector empresarial, la interlocución necesaria entre sector productivo y gobierno se ha erosionado, es necesario restaurarla para compartir visiones hacia un mejor país. Solo mediante la colaboración y el consenso se podrá diseñar una reforma que sea justa, equitativa y eficaz para enfrentar los desafíos fiscales de nuestro país.
En conclusión, la crisis fiscal del Estado es una realidad que no podemos ignorar. México necesita una reforma fiscal integral que, no sólo aumente los ingresos del estado, sino que también promueva la inversión, el empleo y la formalidad fiscal. La próxima administración tiene la responsabilidad de liderar este proceso con visión y apertura, garantizando un futuro económico más sólido y justo para todas y todos los mexicanos. #OpiniónCoparmex
