La sentencia llegó: la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó este jueves 23 de mayo que no consideró “urgencia” o un “riesgo real e inminente” para emitir las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito, aunque enfatizó “la importancia fundamental” de respetar la Convención de Viena.
La resolución se da en el marco de la mayor crisis internacional del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, por primera vez, ordenó cortar relaciones con un país.
El máximo tribunal de la ONU decidió que “las circunstancias tal y como son presentadas ante la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder” para indicar medidas cautelares contra el Gobierno ecuatoriano por asaltar la Embajada de México en Quito y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, el pasado 5 de abril.
No obstante, destacó “la importancia fundamental del principio consagrado” en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.
El motivo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó romper relaciones con Ecuador fue el asalto de la policía a la embajada de nuestro país en Quito durante la noche del 5 de abril de este año.
Las fuerzas ecuatorianas entraron a la sede diplomática y se llevaron a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, quien es acusado por un presunto desvío de recursos que debían usarse para reconstruir zonas del país afectadas por un terremoto en 2016.
La Policía de Ecuador apresó a Jorge Glas incluso después de que nuestro país reportó que estaba analizando la solicitud de asilo político del exvicepresidente en la embajada de México, explicó Alicia Bárcena, secretaría de Relaciones Exteriores.
“Cuando Jorge Glas se acoge a la Embajada (de México en Ecuador), él solicita el asilo y ahí nosotros nos ponemos a estudiar la solicitud y pedimos al Gobierno de Ecuador que nos enviara todos los expedientes”, señaló Bárcena en la ‘mañanera’ del presidente del 11 de abril.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Días más tarde, el mandatario anunció que México denunciaría a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas y remarcó que nuestro país debe encabezar un “movimiento mundial” para dar protección a funcionarios perseguidos.
“Lo que se busca (con la denuncia) es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y, en especial, su representación diplomática; que no se repita en ningún país del mundo; que se garantice el derecho internacional; que no se violen las embajadas de países en ninguna nación”, dijo en su ‘mañanera’ del 11 de abril.
En esa misma conferencia, la canciller Alicia Bárcena explicó que la denuncia del Gobierno de México en contra de la administración de Daniel Noboa consistía en cinco puntos:
Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, remarcó que está dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con México e incluso invitó a López Obrador a “echarse unos tacos y un ceviche” para hablar sobre la crisis entre sus países.
“Espero hacerlo, solo puedo esperar, tener la buena voluntad, pero lamentablemente hasta el día de hoy la única condición (de México) ha sido que devolvamos a un criminal sentenciado que está en una cárcel de máxima seguridad, lo subamos a un avión y lo mandemos a México”, afirmó Noboa el 17 de mayo.
Noboa ha defendido la decisión de invadir la embajada de México en Ecuador, una decisión que provocó una condena internacional en su contra, y ha acusado a la administración de López Obrador de haber roto primero las convenciones internacionales al darle asilo a una persona que enfrenta un proceso judicial en su país.
