Lo que ha hecho el presidente es un cambio de cultura política de una de racionalidad burocrática a otra caracterizada por la obediencia militar y cortesana.
La historia de México durante el siglo XX puede dividirse políticamente en tres partes. La etapa revolucionaria, la postrevolucionaria y la de la transición a la democracia.
La primera conformó las bases del ejército mexicano, la segunda estableció la relación de supeditación del poder militar al poder civil y la tercera adecuó estas relaciones dentro de un marco democrático.
Con el actual gobierno estaríamos ante un cuarto paradigma, en donde las fuerzas armadas se supeditan a los designios del Ejecutivo. Aquí es necesario hacer una distinción fundamental. Aunque el presidente tiene el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en un conflicto entre él y la Constitución, la lealtad del Ejército debe ser con nuestra Carta Magna.
Habiendo aclarado este punto, hay que decir que esta cuarta etapa en las relaciones entre el Ejército y el gobierno civil se caracteriza también por el esfuerzo desplegado por el régimen para que la fuerzas castrenses se inmiscuyan en asuntos que le corresponden al mundo civil.
Hay que entender que esta concepción es una novedad en la historia del México moderno. Se podría argumentar con cierto éxito que el desarrollo de nuestro país, desde el fin de la revolución, ha consistido en una ampliación de la sociedad civil, lo que ha entrañado la consolidación de la economía de mercado (con sus altibajos) y del impulso de la idea de derechos humanos. Sin duda, México, en comparación de países como Cuba, no ha sido dominado por la cultura militarista.
Lo que es más, la separación tajante del sector militar y el sector civil ha sido esencial para que México no haya experimentado las dos taras del desarrollo latinoamericano: las dictaduras militares de corte sudamericano y su contrapartida, gobiernos emanados del triunfo de guerrillas altamente ideológicas y militaristas.
El uso del ejército para combatir bandas criminales asociadas al narcotráfico durante los sexenios de Calderón y Peña se mantuvo siempre dentro del marco establecido por la tercera etapa arriba descrita: la democrática y liberal.
En el caso del gobierno obradorista está sucediendo algo muy peligroso. Tradicionalmente, los presidentes mexicanos se habían auxiliado en una burocracia meritocrática - si bien con defectos - para gobernar y para emprender proyectos de infraestructura pública. Aunque las relaciones de mando eran verticales, se solía premiar la iniciativa, la originalidad y el pensamiento crítico.
López Obrador cree que estas virtudes son defectos. Su concepción del poder es autocrática e impermeable a la crítica. Para él la obediencia ciega es lo que debe ser premiada. Esta es la razón más importante por la que ha decidido que las relaciones de autoridad que prevalecen en el sector militar sean también parte de la gestión gubernamental.
Lo que ha hecho el presidente es un gran cambio de cultura política de una de racionalidad burocrática a otra caracterizada por la obediencia militar y cortesana.
Es importante que este cuarto paradigma de las relaciones entre el poder militar y el poder civil termine con este gobierno. El siguiente paso será volver a colocar el muro liberal que los separa.
