Todos quienes hemos sido víctimas de un robo de celular sabemos a dónde se van nuestros equipos. En el momento en que activamos nuestro localizador nos damos cuenta de que, en cuestión de horas, a veces minutos, el celular que nos acaban de robar ya está en los mercados de Eje Central: en Meave o Plaza de la Tecnología, a tan sólo unas cuadras del Palacio de Ayuntamiento.
Y si acaso se nos ocurre llamar a un policía o denunciar ante el MP después del robo, aun con las pruebas en la mano, entramos a un laberinto burocrático sin salida: horas y horas para poder levantar la denuncia, segundas visitas para ratificar, maltratos de burócratas malencarados, pretextos y dilaciones. Todo diseñado para que desistamos, para derrotar cualquier esperanza de justicia.
¿Te has preguntado por qué el gobierno no hace nada si sabe dónde y quiénes tienen los celulares robados? En primer lugar, porque el sistema de justicia no funciona, porque está lleno de reglas absurdas para denunciar, y no hay investigadores suficientes para ir tras las bandas delincuenciales. Pero lo más importante es que el gobierno de la ciudad y su partido, Morena, también se benefician del negocio de lo robado. Todos esos mercados de celulares y computadoras hurtadas pagan su cuota a las autoridades de la ciudad a cambio de operar con impunidad. Son los mismos locatarios y vendedores de productos robados los que luego marchan en los mítines de Morena: los que sirven como golpeadores durante las elecciones.
La cuna del comercio de lo robado es Iztapalapa, la alcaldía donde gobernó por nueve años Clara Brugada. Ahí, se encuentra el mercado del Salado, justo a las afueras de la prisión de Santa Martha Acatitla. Uno puede encontrar desde armas y animales de pelea, hasta la ropa y las mercancías que se roban de los camiones que pasan por la Gustavo A. Madero o en la carretera México-Puebla. Está documentado que 80% de lo que se vende en este mercado de Iztapalapa es robado. Con desfachatez, los vendedores anuncian que se trata de productos de camiones recién atracados. Se burlan del Estado de derecho porque saben que Morena y sus burócratas los protegen. Todo a cambio de su cuota semanal y de su voto seguro cada tres años.
Y así se cumple el ciclo de la impunidad: los criminales roban porque saben que hay un mercado donde se puede colocar lo robado. El vendedor de lo robado vende, porque sabe que cuenta con la protección de las autoridades. Y las autoridades desincentivan la denuncia y permiten que se venda lo robado, porque se llevan su tajada del negocio: cuotas y votos a cambio de impunidad. Una mafiocracia perfecta donde todos ganan, menos los ciudadanos de bien.
Por eso, para acabar con los robos tenemos que arrancar el problema de raíz: cambiar a los que llevan 27 años gobernando las redes criminales de la ciudad. Sacudir lo más profundo de las estructuras burocráticas. Se tiene que desmantelar por completo la pirámide de complicidades y clientelas que permiten la existencia de los ladrones y los mercados de lo robado en la capital.
Y también mejorar los servicios de la policía y la fiscalía para que atiendan mejor a las víctimas. Debemos hacer que la denuncia se haga en el momento, ante el policía más cercano o de forma totalmente digital. Y lo más importante: que las autoridades actúen de inmediato para recuperar nuestros bienes y detener a los culpables. También se deben crear verdaderos cuerpos de detectives, cientos de investigadores, jóvenes profesionales honestos, que se dediquen a descubrir operaciones enteras: desde el que roba hasta el que lo protege y vende lo robado, para llevarlos a todos ante la justicia.
Esto sólo será posible si echamos a los que llevan 27 años mal gobernando la ciudad y alimentando las redes mafiosas de impunidad. Ellos son la esencia del problema. Si los chilangos queremos recuperar la seguridad, tenemos que combatir al crimen con nuestra mejor arma: nuestro voto.
