La educación enfrente retos institucionales permanentes para seguir mejorando en los indicadores vinculados con la cobertura, la calidad y su capacidad para impulsar el desarrollo nacional.
La orientación social y cultural de la educación, así como su acceso a toda la población, son fundamentales para el proceso de desarrollo de cualquier país. Su provisión deviene del derecho fundamental de la educación que está descrito en el artículo 3° de nuestra Constitución. La importancia de la educación para el crecimiento económico y el desarrollo social, así como su concepción de derecho, hacen que la educación enfrente retos institucionales permanentes para seguir mejorando en los indicadores vinculados con la cobertura, la calidad y su capacidad para impulsar el desarrollo nacional.
En el marco del Día del Maestro y la Maestra, creo necesario subrayar cómo la educación y la labor docente inciden positivamente en las trayectorias de vida de las personas. Si las personas, a partir de su ingreso a la educación formal y su continuidad en el sistema educativo, logran tener el mayor nivel de escolaridad, sus capacidades de contar con mejores condiciones de vida crecen.
Un país que logra mejorar el acceso y permanencia en el sistema educativo también aumenta su competitividad y capacidad de atracción económica para incrementar la calidad y cantidad de los espacios de trabajo.
A propósito de esta temática, el artículo “Educación superior y desarrollo: los desafíos de México” del Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, da cuenta de que “los países que lograron avanzar aceleradamente en busca del desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX tienen en común haber incrementado el gasto en educación”. Este patrón se ha repetido en lo que va del siglo XXI, dado que los países con mayor éxito han sido aquellos que construyeron ventajas comparativas, sobre todo a partir de la educación y una visión clara del futuro del trabajo.
En el caso de nuestro país, históricamente se ha requerido del fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles y la puesta en marcha de transformaciones educativas vinculadas tanto con la experiencia de las y los estudiantes, como de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existiendo de tal suerte, como han analizado auditorías de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el país ha avanzado en la consecución de objetivos estratégicos: abatir el rezago educativo, incrementar el nivel de gasto público en educación, incrementar el grado promedio de escolaridad nacional y disminuir las experiencias como las brechas de desigualdad (territoriales y de género) en el acceso a los servicios educativos.
Los logros educativos son claros, por ejemplo, en el periodo de 2010 a 2020 el grado promedio de escolaridad a nivel nacional pasó de 8.6 a 9.7 años. Esta mejora sustantiva se refleja a nivel nacional, dado que 18 entidades federativas están por encima del promedio nacional. En lo que se refiere al gasto público en educación, el incremento ha sido constante y en el periodo de 2021 a 2023 fue de hasta un 12%.
Además, la desconcentración de las universidades públicas, incluso las tecnológicas, hacia entidades federativas como Oaxaca, son un paso importante que hacía falta.
La educación superior aún enfrenta retos, sobre todo los relacionados con la cobertura. Esto supone la necesidad de mejores provisiones presupuestales, diálogo permanente con el sector productivo para facilitar la transición escuela-trabajo de quienes egresan de las universidades e instituciones de educación superior, especialmente las públicas.
Todo este contexto en que se desarrolla la educación es un reconocimiento implícito de la importancia de la labor docente. En muchas ocasiones, las y los maestros —de todos los niveles educativos— aportan un esfuerzo adicional para incentivar a los alumnos y mejorar las condiciones de enseñanza. La labor de maestras y maestros es loable y digna de reconocimiento.
