José Samuel Sánchez Reyes, director general de Normatividad en Hidrocarburos, enfrenta acusaciones por acoso sexual y abuso de poder.
José Samuel Sánchez Reyes, director general de Normatividad en Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, enfrenta nuevas acusaciones por acoso sexual y abuso de poder.
Los testimonios anónimos, presentados a través de la Línea de Ética de la petrolera, detallan un patrón de comportamiento inapropiado, pues señalan que Sánchez Reyes, valiéndose de su posición jerárquica, habría ejercido hostigamiento y realizado tocamientos no consentidos hacia mujeres subordinadas.
De acuerdo con las denuncias presentadas, el funcionario se valía de prácticas de hostigamiento sexual y manipulación de poder, pues empleaba su posición jerárquica para pedir favores sexuales a cambio de un ascenso laboral.
Los testimonios detallan encuentros en la oficina del acusado, donde las conversaciones laborales habrían dado paso a interrogantes personales inapropiadas y tocamientos físicos no consentidos. Además es señalado de bloquear la salida de las oficinas, ejerciendo una presión psicológica sobre las denunciantes.
Estas denuncias se suman a las ya existentes por corrupción, nepotismo y conflicto de interés que el actual funcionario de la Secretaría de Energía ya enfrenta. Sin embargo, apuntan que José Samuel Sánchez Reyes cuenta con el respaldo político de figuras influyentes como Rocío Nahle, quien dejó su cargo como secretaria de Energía para buscar la candidatura por Morena a la gubernatura de Veracruz, así como del actual director de la Sener, Miguel Ángel Maciel Torres.
Esta complicidad, agregan, ha allanado el camino para su ascenso a un puesto de alta responsabilidad en una nueva dependencia, dejando de lado la ética en los procesos de designación gubernamental.
Ante esto, exigen una investigación transparente para hacer frente al caso de José Samuel Sánchez Reyes de manera imparcial y justa. Incluso, exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades y que también resalten la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y abordar el acoso sexual y el abuso de poder en todos los niveles del gobierno y las instituciones públicas.
