Para que los mercados funcionen de manera óptima, lo que se requiere no es una ausencia total del Estado, sino un sistema jurídico e institucional adecuado que minimice la interferencia gubernamental y permita que florezca el esfuerzo productivo privado dentro un marco de justicia.
El Estado mexicano puede regular e intervenir eficazmente en los mercados modernos. Considerando el grado de apertura y liberalización de la economía mexicana actual, el gobierno tiene herramientas para intervenir en caso de ser necesario y garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, en beneficio de la sociedad. En política económica se pueden adoptar políticas que prefieran las soluciones de mercado, pero que permitan excepciones justificadas, minimizando la intervención gubernamental.
Los mercados pueden, regularmente, procurar por si mismos el funcionamiento óptimo de la economía. Mediante las fuerzas de oferta y demanda, el mercado asegura que los agentes más eficientes asuman el papel de organizadores de los procesos productivos, desplazando a los ineficientes. Con ello, se promueve un uso más racional de los recursos escasos de la sociedad y una asignación más eficiente de su uso. Por ello, una regulación excesiva de los mercados por parte del gobierno puede distorsionar las decisiones sobre qué se produce, quién lo hace, cómo lo hace, qué cantidad y a qué precio.
Adicionalmente, los gobiernos pueden imponer un exceso de trámites que incrementan los costos de producción y el desperdicio de recursos. Esto resulta particularmente criminal en sociedades como la mexicana, donde existen tantas carencias sociales. Sin embargo, para que los mercados funcionen de manera adecuada, lo que se requiere no es una ausencia total de reglas, sino un sistema jurídico e institucional adecuado que minimice la interferencia gubernamental y permita que florezca el esfuerzo productivo privado dentro un marco de justicia. La intervención gubernamental debería estar limitada a evitar distorsiones de mercado y procurar la eficiencia económica.
La actividad reguladora del Estado debe estar acotada y encaminada sobre condiciones de equidad, transparencia y certeza. Por ejemplo, el Estado debe asegurar el respeto de los contratos privados y la solución de controversias entre ellos, mediante la creación y operación de instituciones básicas de impartición de justicia. Debe, además, asegurar el respeto a la propiedad privada, dándole a los agentes económicos seguridad jurídica y patrimonial para desarrollar libremente sus actividades económicas. Estas capacidades estatales generan círculos virtuosos de bienestar social.
De hecho, estudios han demostrado que existe una fuerte correlación entre la cantidad y complejidad de los trámites burocráticos relacionados a la actividad económica, y el grado de pobreza de esos países. De acuerdo con Djankov, como promedio internacional para arrancar un negocio, un emprendedor requiere cumplir con diez procedimientos burocráticos, que le toman en promedio sesenta y tres días, con un costo de alrededor de un tercio del ingreso per cápita promedio de cada país. Entre mayor sea el desarrollo económico del país, menos trámites burocráticos tanto en cantidad como en costo, lo que genera un mayor crecimiento económico, un círculo virtuoso.
El problema es que cuando estas regulaciones no están dirigidas a proteger la vida, la salud, el medio ambiente, o algún otro bien jurídico que sea necesario tutelar, sino dirigidas a limitar la competencia, entonces la sociedad sale perdiendo. Cuando las regulaciones limitan la entrada de agentes económicos a un mercado, cerrando la competencia en beneficio de unos cuantos, se termina por dañar la eficiencia productiva y a la sociedad en su conjunto. En principio, el gobierno estaría haciendo lo contrario a aquello para lo que fue creado: proteger el bien común.
Podemos asegurar que la existencia de regulaciones no es un impedimento a la eficiencia económica. Mas bien, el tipo y objetivo de las regulaciones es lo que puede distorsionar la eficiencia en los mercados. Las fuerzas del mercado son tan importantes en la eficientización de las economías modernas, que deben protegerse mediante una regulación clara, pues un objetivo fundamental de la sociedad es evitar abusos de quienes tienen altas participaciones de mercado o de quienes tienen relaciones con el gobierno. Por ello, la regulación debe tender a proteger al mercado como método de asignación eficiente de recursos y promotor del desarrollo económico.
En algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, las fuerzas del mercado fallan en atraer y fomentar la competencia. Es por ello que se vuelve indispensable que existan reglas mínimas de intervención pública en esos mercados para reestablecer la competencia. Sin estas reglas, el resultado sería beneficiar a los monopolios, perjudicando a la gran mayoría de los demás agentes económicos entre competidores potenciales y consumidores. Encontrar el equilibrio entre regulación y eficiencia es el principal reto en la economía mexicana, en beneficio de nuestra sociedad.
El autor es Profesor de la Universidad de Monterrey, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, y Maestro en Derecho Norteamericano en Washington University. Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, y Licenciado en Derecho por la UANL.
