El manejo de la deuda subnacional debe dar mayor peso a su sostenibilidad a través del tiempo que su nivel específico, pues de esta forma se mide implícitamente si los recursos que provienen del financiamiento se utilizan con fines productivos. Uno de los aspectos de gestión de riesgos del marco fiscal que ha arrojado resultados muy favorables para la estabilidad económica del país se refiere a la implementación del marco de supervisión relacionado con la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que se publicó en 2016.
Destaca la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compila en su registro público único, donde se agrupan indicadores de los financiamientos y obligaciones reportadas por los estados y sus organismos. Como lo señala el portal de la Secretaría, también se incluye un motor de cálculo que permite que las entidades comparen su costo financiero para evaluar las opciones de financiamiento que tienen a su disposición. Asimismo, de manera preventiva, se construyó un sistema de alertas, que presenta los resultados del nivel de endeudamiento de las entidades federativas, aunado a un compendio de variables que reportan las entidades y sus municipios, lo cual permite evaluar si éstas se adhieren a los principios de responsabilidad financiera y con ello se produzcan alertas de manera oportuna cuando no es el caso.
El conjunto de estas herramientas es útil para evaluar la posición financiera de las entidades, ya que por las propias leyes de disciplina fiscal se encuentran limitadas a emitir deuda en moneda local, muchas veces respaldadas por las transferencias que vienen de la Federación.
En los últimos años, el sistema que ha construido la SHCP para monitorear la deuda de los estados ha permitido a personas tomadoras de decisión evaluar aristas y proponer mejoras al manejo financiero de los estados. En esa línea destaca el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2024 que hoy publica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual incorpora diferentes métricas del endeudamiento de los estados para determinar si su posición financiera es un factor que alienta o desincentiva la generación, atracción y retención de talento e inversión.
Las cifras que acompañan al ICE desglosan aspectos relevantes, en particular la composición de los ingresos de las entidades y la sostenibilidad de su endeudamiento. En el primer caso, cuando analizamos los ingresos propios de los estados, esto es, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, el promedio de las 32 se ubica en 11.9%. La cifra oscila entre el 41.9% de la Ciudad de México y el 2.7% de Guerrero. Además, quitando a la Ciudad de México, solo dos entidades, Nuevo León y Chihuahua, superan el 20%. Lo anterior implica que, para 29 estados del país, de cada 100 pesos de sus ingresos solo entre 2 y 20 provienen de fuentes locales.
Esto nos lleva a resaltar la importancia de las transferencias federales como fuentes de ingreso de las entidades y, por ende, a medir el comportamiento de su endeudamiento cuando consideramos tanto las fuentes propias y las federales. Por un lado, la dependencia de recursos de la Federación arroja relativa certeza sobre su recepción, pero muestra la debilidad de ciertas entidades sobre su capacidad recaudatoria de impuestos locales y, con ello, aspectos relacionados con su fortaleza institucional. De ahí que resulte interesante medir su deuda con respecto a ambas fuentes, para monitorear la relevancia que los estados confieren a mejorar sus fuentes de ingreso.
Los mismos datos del ICE muestran que las 32 entidades del país registran un promedio de deuda, en proporción de sus ingresos totales, del 19%. Dentro de estos datos, Tlaxcala, con su política de endeudamiento cero, no posee deuda y Nuevo León tiene la cifra más elevada, con un 57.3%. Destacan otros casos, como Coahuila y Chihuahua, que reportan un endeudamiento superior al 50%. Además, once entidades reportan una deuda menor al 10% bajo esa métrica.
El IMCO analiza particularmente a las entidades que este año renovarán a la persona que encabece su poder ejecutivo, ya que organizarán elecciones para seleccionar a los titulares de ocho gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México. Con ello se elegirán a tomadores de decisión que resultarán críticos para el manejo de recursos fiscales en los próximos seis años a nivel subnacional, lo cual es una invitación a reflexionar sobre el uso más eficiente que se le pueden dar a esos recursos.
Un manejo proactivo de la deuda pública es vital para procurar una estrategia enfocada en financiar proyectos productivos que resuelvan las problemáticas que enfrentan los estados a nivel local. Si tomamos en cuenta que estas nueve entidades poseen en promedio una deuda de 19% de sus ingresos totales, los próximos gobiernos locales tendrán alternativas para construir una narrativa donde la política fiscal sea útil para mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.
Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
