El INE ha sido un desastre en la organización de los debates. A las fallas pueriles de formatos, producción y egos, ahora habrá que sumar las camisas de fuerza temáticas.
Es motivo de verdadero sopor que hasta el último debate, a menos de 20 días de la elección, por fin los candidatos a la Presidencia podrán fijar y contrastar diagnósticos y posiciones sobre el principal problema del país, sobre la preocupación más sentida de los ciudadanos, sobre lo que nos tiene postrados en la mayor espiral de violencia en casi un siglo.
Dirán que la culpa es de los partidos que sobretutelan a los candidatos. Probablemente sí: sus incentivos están puestos a reducir sus riesgos. Pero precisamente para eso existe la autoridad: para poner en el centro a los ciudadanos y no para cuidar las sensibilidades y expectativas de rentabilidad de los partidos. El deber del arbitraje electoral es, precisamente, crear las condiciones para que el voto sea auténticamente libre (sin un criminal merodeando la casilla), directo (sin intermediaciones corporativas), secreto (sin un “siervo de la nación” pidiendo prueba de voto para entregar el apoyo social) e informado (sin censuras paternalistas al libre flujo de las ideas y de la información). Que cada elección no sea un trámite, como pretende el oficialismo militante.
A juzgar por lo que se ha dicho en la campaña, en el debate se contrastarán dos realidades absolutamente incompatibles.
La continuidad en una pacificación que sólo existe en la mente de sus creadores. Esos cuentos que se caen de las manos porque el monstruo exorcizado sí acecha en la ventana. Una gestión federal y otra local que reprodujeron eficazmente un ecosistema de mafiocracias: concesiones impúdicas –no públicas– de medios de apropiación y de extracción de rentas lícitas de la sociedad a cambio de los votos de clientelas leales beneficiadas. Es un ecosistema que se reproduce a sí mismo y que tiene múltiples manifestaciones, pero que responde a una secuencia muy simple: extracción ilícita + protesta, movilización y chantaje electoral + poder político = extracción lícita ¿O qué lógica explica las invasiones de predios ejidales o de reservas territoriales que, años después, terminan en propiedad privada de líderes sociales o dirigentes políticos? ¿La proliferación de vivienda ilegal sin servicios públicos y sin planeación racional? ¿El ambulantaje o los giros negros tolerados a la luz del día pero que nutren los mítines políticos? ¿Las mercancías robadas en la autopista México-Puebla que en menos de 24 horas se pueden comprar en un conocido mercado de Iztapalapa? ¿El narcomenudeo que revienta campañas opositoras para sostener la tolerancia municipal en el siguiente trienio? ¿O la cesión territorial al crimen organizado para que se porten bien en los procesos electorales? Es mafiocracia: el gobierno de lo ilegal con legitimidad de autoridad.
En el otro extremo –sí, en el otro extremo– está la aspiración a conservar la defectuosa, imperfecta, mejorable y muy reformable opción de la democracia. De esa pausada y terca construcción de autoridad que no proviene ni de la captura plutocrática ni de la tolerancia criminal, sino de la posibilidad de agregar un consentimiento o de materializar un castigo. El fortalecimiento de un complejo institucional que ensancha la economía lícita porque reduce los espacios de apropiación ilícita de los portentosos o de los violentos, de los que evaden el pago de impuestos o de los que ponen tributos de guerra en forma de extorsión, de los que drenan los fallos de los mercados o de los que crean sus propias leyes de mercado.
A pesar del INE habrá la posibilidad de ponderar lo que está en la boleta. Mafiocracia o democracia: el gobierno de lo ilícito o el gobierno de leyes democráticamente consentidas. El Estado al servicio de los que tienen o los que matan o el Estado que se norma por fines y se disciplina por límites. El país a la deriva bajo el bastón de López Obrador o cualquier lugar imaginable de un mundo decente.
