Este martes el Ayuntamiento de Madrid votará en su Pleno la conversión de edificios de oficinas y viviendas en pisos turísticos en el centro de la capital. Será el final de un proceso burocrático que comenzó hace casi un año, cuando del duque de Alba registró en el consistorio su intención de convertir los números 22 y 24 de la calle Princesa en decenas de apartamentos. Los votos favorables del PP darán luz verde a una operación cuestionada por la oposición y con tintes polémicos, debido a que en sendos inmuebles quedan varias empresas con contratos de arrendamiento en vigor durante varios años y que no tienen, en principio, intención de marcharse.
Carlos Fitz-James Stuart quiere con esta operación sacar más rentabilidad a estos edificios, situados al lado de su residencia oficial, el Palacio de Liria. Las cifras del plan económico que presentó al Ayuntamiento aseguran que a través de su explotación turística podrá facturar unos dos millones de euros anuales. Pero para hacerlo antes tiene que vaciar el edificio de sus actuales inquilinos: más de una decena de empresas que en su día alquilaron los espacios que ofrecía y que ahora sobran en los nuevos planes del duque.
La gestión de este nuevo negocio la cedió el duque de Alba hace unos meses a Copla City Rentals, una empresa intermediaria que entabló conversaciones con los inquilinos para intentar resolver sus contratos y poder ejecutar las obras de reforma necesarias para abrir los pisos turísticos cuanto antes. Pero después de varios intercambios de intenciones, las negociaciones se detuvieron en marzo, según fuentes conocedoras del diálogo que han sido consultadas por este periódico.
Lo siguiente que sucedió, para sorpresa de las compañías arrendatarias del duque, fue la llegada de una inspección municipal el pasado 10 de abril. Se trató una visita inesperada, ya que la última vez que se había pasado un funcionario municipal por allí fue en verano del 2017, hace siete años, según el sistema de consulta de expedientes municipal. La inspectora acudió esta vez a los edificios de la calle Princesa para comprobar si todas las empresas alquiladas tenían licencia de actividad para desarrollar su actividad. Según el expediente sobre la visita al que tuvo acceso este medio, constató la presencia de hasta 15 empresas distintas en ambos inmuebles. Junto a su descripción, a la mayoría le añadió la siguiente frase en el informe: “No presenta ni se localiza título habilitante que ampare el ejercicio de la actividad de oficina desarrollada en el local”.
El informe acabó proponiendo para 13 de las 15 empresas inspeccionadas “el cese inmediato de todas las actividades ejercidas sin título habilitante”, lo que derivó días después en la llegada de varios ceses de actividad a las compañías afectadas. Fuentes conocedoras de los tiempos administrativos en la Agencia de Actividades califican de “exprés” la velocidad de tramitación de esta actuación. Este periódico ha consultado al área de Urbanismo por los motivos de la inspección municipal a estos edificios, por su aparente tramitación acelerada y si había sido impulsada por algún particular. Hasta el momento no se ha producido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Entre la ruptura de negociaciones de los inquilinos con Copla City Rentals y la visita de la inspección municipal ocurrió un evento que fue muy comentado por los madrileños y por la prensa rosa: la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo. Gracias a las muchas crónicas que se escribieron del evento hoy conocemos que varios de los actores implicados en el caso de Princesa 22 y 24 acudieron a dicho acto.
En el evento estuvo representada la Casa de Alba a través del hijo del duque, Fernando Fitz-James Stuart, que conoce bien los edificios que van a convertirse en apartamentos turísticos. También la mano derecha de Almeida en el Ayuntamiento, Borja Carabante, delegado de Urbanismo y por ello responsable de la Agencia de Actividades. Ambos coincidieron con el expresidente del Gobierno José María Aznar, padre de José María Aznar Junior, a quien relacionan con la propiedad de Copla City Rentals, la empresa intermediaria de la operación.
En concreto, el hijo mayor de Aznar y Botella está al frente de Etesio Capital junto con Mariano Rodríguez de Barutell y José María Xercavins, la sociedad inmobiliaria que ha lanzado Copla City Rentals. La información la publicó hace unos días el medio Economía Digital. Rodríguez de Barutell figura como administrador único de esta última sociedad.
El duque de Alba tiene previsto invertir algo más de 5,6 millones de euros en las obras necesarias para el cambio de actividad y en los gastos asociados, según el estudio económico del plan al que ha tenido acceso Somos Madrid. Las obras de adaptación levantarán 46 apartamentos de dos dormitorios y otros 20 apartamentos de tres dormitorios, con 152 plazas hoteleras más en una zona donde la oferta para turistas está creciendo de forma exponencial durante los últimos años. Solo en la Gran Vía el Ayuntamiento ha dado permiso para la aparición de 6.700 nuevas camas.
El plan especial sobre este edificio coincide con una aparente ofensiva del Ayuntamiento de Madrid contra los pisos turísticos ilegales, cuyas licencias han sido detenidas desde hace un mes hasta la publicación de una nueva ley que los regule. Las multas para los que lo incumplan llegarán hasta los 190.000 euros. Esta prohibición no afecta a proyectos ya en marcha como los del duque de Alba.
Los apartamentos de Princesa 22 y 24 se distribuirán a lo largo de las seis plantas de los edificios, que han sido agrupados para el plan especial. Los de las alturas cuarta y quinta contarán además con terrazas, según los planos a los que ha tenido acceso este periódico. Aunque las fachadas son de conservación obligatoria, el duque de Alba podrá demoler los ascensores existentes y construir otros cuatro nuevos en el interior, de carácter accesible.
El cambio de uso para el edificio, que se vota este martes, supondrá la transformación de 8.677,20 m2 metros cuadrados de oficinas en pisos turísticos, en un edificio que originalmente fue construido en el año 1945 para viviendas de alquiler “pero que a través del tiempo se han ido terciarizando”, asegura la memoria del proyecto.
Para hacerlo, la Casa de Alba tendrá que llegar antes a acuerdos con sus actuales inquilinos. Porque no parece que vayan a ceder sin antes negociar, a la vistas de los trámites que han tomado después de la inspección municipal. Según ha comprobado este medio en el portal municipal que recopila este tipo de expediente, varias empresas alquiladas están intentando esquivar los cierres decretados por el equipo de Almeida presentando declaraciones responsables sobre su actividad de oficinas, lo que podría alargar mucho el proceso burocrático si no hay acuerdo entre las partes.
