Ante su delicada situación económica, la principal empresa privada adjudicataria del contrato de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, ha roto el acuerdo alcanzado con los sindicatos en abril para poner fin a la huelga en el servicio y que implicaba subidas salariales de hasta el 30%, según ha informado a la plantilla en una circular a la que ha tenido acceso este periódico. Además, ha confirmado también que aplicará bajadas salariales de modo unilateral -técnicamente un 'descuelgue' del convenio anterior- y aboca a que el servicio de emergencias externalizado vuelva a la huelga a muy corto plazo. Una central, LSB-USO, ya había registrado una convocatoria este jueves y el resto de organizaciones valorarán hacer lo propio en las próximas horas.
El Gobierno vasco tiene dos grandes contratos de ambulancias. Por un lado, está el transporte sanitario urgente, los vehículos amarillos. Son 147 millones de euros y la adjudicación entró en vigor en agosto de 2023. Por otro lado, se tiene externalizado igualmente el transporte no urgente o programado, las ambulancias blancas y azules. Son 135 millones de euros e iba a renovarse en mayo pero quedó paralizado 'in extremis' por un recurso de UGT al entender que las empresas con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo no pueden acceder a contrataciones de la Administración por ley. Aunque no es firme, hay una propuesta con esa calificación contra Grup La Pau por retrasos en el pago de las nóminas. Esta firma acumula también infracciones de menor gravedad y otras sanciones, como una muy reciente de Protección de Datos por un sistema de grabación de vídeo y audio en todos los vehículos.
Grup La Pau gestiona unas 500 ambulancias en Euskadi, las correspondientes a Bizkaia y Álava de los dos contratos. Ambulancias Gipuzkoa asume el servicio en ese territorio. En paralelo, la Fiscalía tiene sobre la mesa otra denuncia por el fichaje como gerente de la compañía a Ibon Etxeberria, excargo de Salud que antes de dimitir por saltarse las restricciones de la COVID-19, firmó la anterior adjudicación a Grup La Pau, la empresa que ahora le ha contratado.
A comienzos de mayo, Osakidetza decidió paralizar a última hora el nuevo contrato de 135 millones. La empresa Grup La Pau, que iba a cobrar un 24% más por el servicio no urgente en Bizkaia y Álava, se escudó en esa falta de nuevos recursos para dejar en el aire el preacuerdo de abril para acabar con la huelga. UGT ha denunciado haber recibido “presiones” de “gran intensidad” para que retirara el recurso.
Ahora, la compañía catalana ha ido un paso más allá fruto de una muy crítica situación económica. No solamente rompe las negociaciones del nuevo convenio, que tenía que incorporar esas mejoras y que fueron alcanzadas con la mediación del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), es decir, del Departamento de Trabajo del Gobierno vasco. Según ha trasladado a la plantilla aplicará un 'descuelgue' que no ha concretado en cifras. Algunas fuentes internas barruntaban un posible tijeretazo del 20%. Un ejemplo práctico: si un hipotético sueldo de 2.000 euros iba a pasar a 2.600 ahora quedaría en 1.600.
En la carta a la plantilla, que no tiene ni una sola cifra, La Pau asegura que ha tomado esa decisión “debido al recurso interpuesto por UGT”. La empresa “se ha visto obligada a desvincularse del preacuerdo del nuevo convenio”, argumenta. Y añade que sus arcas “no pueden seguir asumiendo esta situación” sin nuevos ingresos. “Tomaremos las medidas que consideremos oportunas para garantizar nuestra estabilidad”, recalcan. Y agregan: “No podemos seguir asumiendo las condiciones salariales del actual convenio, por lo que no tenemos otra opción que desvincularnos también del convenio vigente”.
En la nota, Grup La Pau vuelve a cargar contra UGT con dureza, a la que acusa de querer acabar con la compañía y de abogar por publificar las ambulancias, una demanda que es compartida por otras organizaciones sindicales e incluso por partidos políticos de la oposición, como EH Bildu. También critica al resto de centrales por las huelgas anteriores -repite que sufrió “sabotajes” en sus vehículos- y a los trabajadores por un nivel de absentismo del 30%.
LSB-USO tiene ya registrada una convocatoria de huelga al menos en Bizkaia. Esta movilización venía motivada por una cuita propia, el despido de un delegado, pero otras fuentes internas adelantan que una huelga general y también en Álava volverá a estar sobre la mesa ante las decisiones unilaterales de la compañía. Este periódico ha consultado por la situación de Ambulancias Gipuzkoa y no consta que haya ningún movimiento en lo tocante al transporte sanitario en Gipuzkoa.
De su lado, fuentes de Trabajo -cuyo consejero en funciones es el socialista Javier Hurtado- confirman que esta semana se han producido dos reuniones de mediación entre la empresa y los sindicatos y que en el acta consta la intención de Grup La Pau de acogerse a un descuelgue por motivos económicos, como prevé el Estatuto de los Trabajadores. La compañía insiste en que las mejoras salariales están vinculadas a que UGT retirara el recurso. Desde el Gobierno indican que supervisarán que en todo momento se cumpla la normativa vigente.
