El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años por el bloqueo del Partido Popular, vuelve a retrasar su informe sobre la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la gran reforma del proceso penal que tiene pendiente el Gobierno. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman que el dictamen, que el Ministerio de Justicia reclamó hace más de tres años, en marzo de 2021, tampoco se abordará en el pleno de la próxima semana.
La intención del presidente interino, Vicente Guilarte, es incluirlo en el orden del día del pleno del próximo junio aunque es algo que está en el aire por las discrepancias entre los vocales, que son los encargados de aprobarlo. La norma incluye, como principal novedad, una transferencia de funciones de jueces a fiscales, que pasarían a dirigir las investigaciones y, por tanto, a decidir los pasos a dar para esclarecer un delito.
Este nuevo retraso llega después de que, el pasado marzo, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños hiciera llegar al CGPJ una especie de ultimátum, según adelantó El País. A través de una carta, cuestionó ese retraso y dio una semana a los consejeros para realizar el dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante para el Ejecutivo. Es un plazo que está ampliamente rebasado.
Además, en varias declaraciones públicas, el titular de Justicia ha afeado esta tardanza y ha cuestionado que el órgano lleve tres años para hacer este informe, mientras aprobó una declaración sobre la amnistía para exculpar a los encausados del procés antes de que se conociera la ley.
“Le pido a los vocales del CGPJ que cumpla con sus obligaciones constitucionales y emitan ya un informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente desde hace tres años a pesar de que sí hacen informes sobre leyes que no existen y que no exige la ley”, afirmó Bolaños el pasado abril. El ministro cargó especialmente contra los vocales conservadores —promotores de esa declaración contra la amnistía—, a los que acusó de contribuir al “desprestigio” del órgano.
Tanto la carta como las propias declaraciones de Bolaños soliviantaron a los vocales del órgano, especialmente a los elegidos en su día a propuesta del PP. No obstante, consejeros de ambas sensibilidades coinciden en que no toda la culpa del retraso es suya. Así, aluden a la complejidad del asunto, pues se trata de una norma que prevé una total transformación en las investigaciones penales y cuenta con casi un millar de artículos recogidos en más de 400 páginas.
Además, mencionan los vaivenes que el Gobierno ha dado con esta norma. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, cuando Juan Carlos Campo era ministro de Justicia. Después, ya con Pillar Llop al frente de esa cartera, la iniciativa se metió en un cajón. El Gobierno optó por rehacer el proyecto y dar prioridad a otras reformas especialmente tras el varapalo del Consejo Fiscal. En julio de 2021, el principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió de graves deficiencias en la ley. Entre otros aspectos, por las, a su juicio, “exorbitantes funciones” que el anteproyecto atribuía a los jueces, encargados de garantizar los derechos y garantías del imputado y de terceros, pero no de dirigir la investigación, como ocurre ahora. Fuentes del CGPJ afirman que, tras ese informe, hubo una comunicación verbal de la entonces ministra Llop al que era presidente del órgano, Carlos Lesmes, pidiéndole que aparcara el informe.
Meses después, en enero de 2022, el Ministerio de Justicia reclamó de nuevo al CGPJ que hiciera el dictamen. Entonces, se puso en marcha un grupo de trabajo con varios magistrados. Un año después ya había un borrador que avalaba la reforma con algunas correcciones técnicas, pero que pedía un blindaje de la autonomía de los fiscales antes de permitirles dirigir las investigaciones. Para ello, reclamaba, entre otras cuestiones, que el cese del jefe de la Fiscalía no se produzca con el fin de la legislatura.
Las fuentes consultadas afirman que ese informe está sirviendo de base para los trabajos de la comisión encargada de la redacción del dictamen definitivo, de la que forman parte los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Juan Manuel Fernández y las progresistas Roser Bach y Clara Martínez de Careaga. No obstante, coinciden también en que hay controversia sobre cómo enfocarlo, dado que hay “reticencias” a aceptar el nuevo modelo de instrucción que prevé la ley, especialmente entre los conservadores.
El debate se produce además en un momento de tensión creciente en la Fiscalía General del Estado. Su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, fue reprobado hace dos semanas en el Senado gracias a los votos de PP y Vox y es el foco de las críticas de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que ha pedido reiteradamente su dimisión.
“La situación del fiscal general del Estado no ayuda nada y puede determinar que se hagan unos planteamientos más contundentes en cuanto a los reparos a aceptar en nuevo modelo de fiscales como directores de la investigación”, dice un vocal elegido en su día a propuesta del PP. “Antes de cualquier cambio legal debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen los jueces”, dice otro miembro de este bloque, mientras que en en el sector progresista son mayoritariamente partidarios de seguir las líneas que marcó el informe técnico de febrero del año pasado, aunque reiteran la necesidad de aumentar la “autonomía de funcionamiento” de los fiscales respecto de sus superiores.
