La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado dictar las medidas cautelares solicitadas por México contra el Gobierno ecuatoriano tras asaltar la embajada mexicana en Quito y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), el pasado 5 de abril.
El máximo tribunal de la ONU no considera que haya “urgencia” o un “riesgo real e inminente” que requiera emitir las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, aunque enfatiza “la importancia fundamental” de respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.
La CIJ ha decidido que “las circunstancias tal y como son presentadas ante la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder” para indicar medidas cautelares contra el Gobierno ecuatoriano. “El tribunal considera que en la actualidad no existe urgencia, en el sentido de que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable para los derechos invocados por la demandante”, dice el fallo.
El presidente del tribunal, Nawaf Salam, ha leído la decisión sobre la solicitud mexicana en respuesta al asalto a la embajada mexicana en Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que México había concedido el asilo.
México inició procedimientos ante la CIJ el 11 de abril argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”, pero, antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario que la CIJ emita medidas cautelares.
Entre ellas, solicitó exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, y que “despeje” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador.
En respuesta a esta solicitud, la CIJ celebró el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambos países. El Gobierno de México acusó entonces a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
Además, acusó a Quito de “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto y señaló que esta incursión “muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo”.
En su turno de palabra, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y subrayó que el político ecuatoriano ha sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción. Además, enfatizó que Quito ha dado “garantías” por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas.
“México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción”, defendió el embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán.
Sobre el exvicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.
