El Gobierno ha contestado a una pregunta del diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez en la que se interesaba en saber “qué actuaciones” iba a llevar a cabo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “para garantizar que se cumpla la ley de memoria democrática” y eliminar calles franquistas “de algunos municipios en cuyos callejeros aún persisten”. En su respuesta, el Ejecutivo traslada la responsabilidad a los ayuntamientos y recuerda al parlamentario que son a estas administraciones a las que les corresponde “el cumplimiento de la ley, previo acuerdo por el Pleno municipal”. La réplica no ha gustado nada al parlamentario, que considera que el departamento de Ángel Víctor Torres debería forzar a cumplir la ley.
En su escrito, Ibáñez sostiene que “la memoria es fundamental para cuidar la democracia y reparar las injusticias históricas”, y añade que “el lenguaje y lo simbólico tienen un papel fundamental porque construyen la realidad”. Por ello lamenta que “todavía hoy existan municipios con nombres modificados por el franquismo que le rinden de alguna forma homenaje a la dictadura”.
En concreto, el diputado cita tres municipios de Castilla-La Mancha: Alberche del Caudillo (Toledo); Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Numancia de la Sagra (Toledo), que antes se llamaba Azaña, nombre que el régimen de Franco ordenó cambiar por el actual a pesar de no responder a ninguna relación con el presidente de la II República dado que su nomenclatura se remonta a la Edad Media. También tres de Castilla y León: Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y Alcocero de Mola (Burgos), y San Leonardo de Yagüe (Soria); uno de Extremadura, Villafranco del Guadiana (Badajoz) y otro de Andalucía, Villafranco del Guadalhorce, pedanía de Alhaurín el Grande (Málaga).
En su respuesta, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que es la que se encarga de tramitar todos las preguntas escritas enviadas al Gobierno, recuerda a Ibáñez que, efectivamente, el artículo 35.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece que “serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura,”. Pero se remite después al artículo 35.3 de la misma ley en la que se dispone que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”.
El Gobierno finalmente se refugia en que el artículo 14.1 de la citada normativa dictamina que “las actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas en materia de memoria democrática, en sus respectivos ámbitos competenciales, se regirán por el principio de colaboración y subsidiariedad, y en todo caso respetarán el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias”, por lo que concluye que “en este sentido, cabe añadir que corresponde a los ayuntamientos el cumplimiento de lo dispuesto, mediante la adopción del oportuno acuerdo por el Pleno municipal, conforme a la normativa vigente de régimen local”.
El diputado de Compromís-Sumar ha reaccionado con enfado a la respuesta del Gobierno. En declaraciones a esta redacción, Ibáñez señala que “en un grave contexto reaccionario, con el auge de la extrema derecha en todo el mundo, es urgente que la ley de memoria democrática se aplique en toda su extensión”. “Existe un Ministerio de memoria democrática, de memoria histórica, que debería forzar a las administraciones locales, que son administraciones públicas y que forman parte también del Estado, a que cumplan la ley”, considera Ibáñez. “Disponer hoy todavía de municipios con nombres de figuras relevantes o alusiones a la dictadura franquista es inaceptable”, zanja.
Además, desde su grupo recuerdan que el actual Gobierno de la Generalitat Valenciana, formado por PP y Vox, registró el pasado mes de abril en Les Corts Valencianes una “proposición de Ley de concordia” que va “en contra de la norma actual de memoria democrática y que suprime la palabra dictadura y habla solamente de franquismo” y con la que “pretende eliminar el mapa de las fosas comunes y todo tipo de ayudas públicas a las asociaciones que trabajan en la búsqueda de familiares asesinados durante el franquismo y están enterrados en dichas fosas comunes”.
Según un informe elaborado hace dos años por el proyecto DeberíaDesaparecer, puesto en marcha por la Fundación Jesús Pereda de CCOO, en ese momento unos 5.600 símbolos franquistas seguían presentes en ciudades y municipios españoles en forma de placas en viviendas, pero también en nombres de calles, inscripciones o escudos. Todos contrarios a la memoria democrática amparada en la ley.
Entre ellos está el Arco de la Victoria de Madrid, que homenajea el triunfo de los sublevados de la Guerra Civil, cuya demolición ha sido solicitada por Podemos. Sin embargo, la delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, del PP, anunció el año pasado que el Consistorio iba a firmar un convenio con la Universidad Complutense para restaurar y ocuparse del mantenimiento del monumento situado en el distrito madrileño de Moncloa para darle un “aprovechamiento cultural”.
