El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presentó a última hora del martes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando “adelantar” su comparecencia para ratificar su condición de querellante contra el fiscal que le investigaba por defraudador fiscal confeso y la jefa de este. Una vez presentado el escrito, el Tribunal Superior buscó de inmediato un hueco a la pareja de Ayuso, que finalmente comparecerá este miércoles a las 13:30. horas.
El motivo que alegó González Amador para no comparecer el día y la hora publicadas en un primer momento es que tiene que realizar un trabajo de “auditoría” en un hospital de Málaga perteneciente al Grupo Quirón. Como documentación, González Amador ha presentado únicamente los billetes de tren de su desplazamiento a la ciudad andaluza, tal y como recoge la diligencia de ordenación del TSJM a la que ha tenido acceso elDiario.es. Según el escrito de González Amador, el trabajo de auditoría está fijado para “el mismo día y la misma hora” que su citación ante el Tribunal Superior.
González Amador lleva trabajando para el grupo Quirón, el más importante de la sanidad privada en Madrid, desde hace años. El presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, es uno de los administradores de Mape, la firma pontevedresa que encargó un pedido de 42 millones en material sanitario en pandemia, la operación que permitió cobrar dos millones a Alberto González Amador como comisión y cuyas ganancias hurtó en parte después a Hacienda. El directivo de Quirón, Camino, había creado antes la sociedad pantalla con la que la pareja de Ayuso canalizó parte del fraude y una firma en Panamá que González Amador usó hasta 2022.
El cambio de la comparecencia se produjo en el día de ayer, tan solo 24 horas después de que González Amador protagonizara una maniobra de escapismo en los juzgados de Plaza de Castilla para evitar ser fotografiado por los medios de comunicación. La pareja de Ayuso llegó a las 9:15, cuando estaba citado a las 10:00, por una puerta secundaria y acompañado de una abogada que no es ninguno de los dos letrados conocidos de su defensa.
Con un aspecto muy diferente al que ha trascendido hasta ahora, González Amador vestía traje, el pelo muy corto y la barba afeitada. Tras lograr evitar a los medios al llegar, González Amador ensayó una nueva estrategia al término de la comparecencia. Testigos presenciales vieron cómo se ponía una peluca canosa en un ascensor y se la quitaba al percatarse estas personas de lo que hacía.
El imputado por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos estuvo tres horas escondido en algún o algunos lugares de los juzgados hasta que cerca de las dos de la tarde, y coincidiendo con la ronda que hacen a esa hora los vigilantes por los cuartos de baño y otros rincones del edificio, salió a la carrera, otra vez por la puerta trasera, y se introdujo en un taxi.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impulsa la causa abierta tras la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por emitir un comunicado para desmentir informaciones falsas sobre la investigación por doble delito fiscal contra él. Para ratificar esa querella, González Amador debe comparecer este miércoles en la sede del TSJM a las 13:30 horas, después de que el letrado de la Administración de Justicia dictara una diligencia de ordenación ayer martes aceptando el adelanto.
En un auto fechado el 14 de mayo, el juez Francisco José Goyena acordó una batería de diligencias y ordena a la Fiscalía que identifique tanto a las personas “concretas” que redactaron ese comunicado, como a quienes “intervinieron en la decisión” de hacerlo público, incluido el “máximo responsable (en rango)” de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación.
En la resolución, el juez también pide tener acceso a todas las comunicaciones mantenidas entre el Ministerio Fiscal y el abogado de González Amador en el marco del pacto propuesto por este último “antes y después” de hacerse público el comunicado por parte de la Fiscalía de Madrid. Y reclama conocer también qué personas —miembros o no del Ministerio Fiscal— han tenido acceso a esos intercambios de correos electrónicos.
