Este artículo ha sido elaborado por Maldita.es para 'elDiario.es' en el marco del proyecto Clima Informa para prevenir la desinformación relacionada con el clima y el medio ambiente.
“¿Son de Marruecos?”. Ramón Domínguez, frutero en el mercado de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuenta que esa es la primera pregunta que todavía hoy hacen muchos clientes cuando van a comprar fresas. Los demás tenderos coinciden: los consumidores rechazan de plano las hortalizas del país vecino. “Prefiero pagar un poco más antes de comprar productos de Marruecos”, apunta una clienta habitual de otro puesto de frutas y verduras.
Las razones son variadas: muchas personas hablan de los controles sanitarios, otras de que quieren proteger el producto nacional. Las importaciones de fruta y verdura marroquíes a la Unión Europea no son nuevas, y el hecho de que Marruecos y España en concreto sean socios comerciales, tampoco. Pero el descontento de los trabajadores del campo en España y las recientes alertas sanitarias han disparado la atención sobre la agricultura marroquí generando una conversación donde los hechos reales se mezclan con la desinformación.
Por la intensidad del debate, puede parecer que las relaciones comerciales de España y la Unión Europea con Marruecos son recientes. Pero estas relaciones tienen una “larga historia”, recuerda Jesús Arteaga Ortiz, catedrático en internacionalización de empresas y coordinador del manual de internacionalización del ICEX y todos los expertos consultados.
La UE tiene un acuerdo de asociación con Marruecos, entre otros países, que lleva en vigor desde el año 2000. En 2012, este acuerdo se modificó para introducir el libre comercio de productos agrícolas y pesqueros mediante la reducción del 55% de los aranceles a las importaciones desde Marruecos en diez años (y el 70% de los aranceles a las exportaciones a Marruecos). El pacto ha beneficiado a la agricultura marroquí, pues el año pasado las importaciones de frutas y verduras procedentes de Marruecos ya se habían multiplicado por cuatro desde la firma, según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores (Fepex) con datos del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.
En 2017, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo incluyó a Marruecos en su lista de Países con Actuación Sectorial Estratégica, un grupo de países con potencial de desarrollo para empresas españolas en determinados sectores. Por eso tampoco es una novedad que se aprueben estrategias estatales para favorecer la influencia española en el país vecino.
Un ejemplo son las infraestructuras hidráulicas, como las desaladoras para riego. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el Ejecutivo ha aprobado tres préstamos para construir tres desaladoras y dos potabilizadoras por un total de 260 millones de euros, un dinero que debe ser devuelto por las organizaciones que lo han recibido, que son tanto empresas privadas como organizaciones públicas marroquíes. A esto se suman 850.000 euros en ayudas otorgados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para proyectos relacionados con el agua en suelo marroquí, que sí son a fondo perdido.
Pero estos datos tienen otra dimensión puestos en perspectiva: la inversión bruta española acumulada de 1993 a 2022 para todo el continente africano está en torno al 1% de todas las inversiones internacionales que ha hecho nuestro país, recuerda Jesús Arteaga Ortiz citando datos del Registro de Inversiones Exteriores, Ministerio de Economía y Competitividad.
¿Por qué se habla más de Marruecos últimamente? “Porque el campo ha explotado”, dice tajante Bartolomé Ramírez. Él y otros miembros de su cooperativa de Las Virtudes en Conil (Cádiz) participaron en las protestas agrícolas de febrero y aún tienen muy presentes sus demandas, como la reducción de la burocracia para gestionar sus explotaciones agrarias.
Algo ha cambiado desde las protestas de febrero, como el acuerdo al que llegó en marzo el Comité Especial de Agricultura de la UE para eliminar algunos de los requisitos medioambientales necesarios para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común, cambios a los que el Consejo ha dado luz verde definitiva este lunes. Pero estas modificaciones no parecen ser suficientes, al menos para el gerente de esta cooperativa local y para las asociaciones agrícolas que comenzaron hace meses una oleada de protestas con la mirada puesta en las elecciones europeas.
“Las de Marruecos, evidentemente, por lo que tú sabes que ha ocurrido, no voy a comprarlas”, dice una clienta habitual en el mercado de Jerez de la Frontera. El 4 y 15 de marzo, las autoridades fronterizas españolas notificaron la presencia del virus de la hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos que habían entrado por el puerto de Algeciras (Cádiz). El primer lote nunca llegó a distribuirse a los mercados y la segunda alerta se retiró semanas después, pero la alarma cundió entre la población, con las protestas agrícolas aún en la calle, y los tenderos lo siguen notando.
El número de alertas emitidas por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Comisión Europea en lo que va de 2024 para alimentos procedentes de Marruecos es seis, lejos de las 15 que se habían emitido a esas alturas del año en 2021. Las alertas de Marruecos no son más numerosas que las de otros países (el que más provoca es Turquía) ni más graves: un 36% adquieren esta categoría, pero otro tercio son calificadas como “leves” y en el resto no se especifica, comparadas por ejemplo con las de alimentos producidos en Francia, que se califican como graves en un 70%.
El sistema RASFF registra decenas de alertas de alimentos y piensos contaminados cada día, pero no todas suponen un riesgo para la salud ni llegan a los consumidores, según un análisis de Maldita.es. Esas notificaciones “no van dirigidas a los consumidores, sino a las autoridades de los países miembros para que puedan tomar medidas”, aclara Beatriz Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos.
En la Unión Europea está fuertemente regulado el uso de productos fitosanitarios (pesticidas y otras sustancias químicas que evitan enfermedades en las plantas) nocivos para el medioambiente o la salud humana, pero está permitido el comercio de frutas y verduras cultivadas con sustancias prohibidas en terceros países siempre que no superen determinados límites máximos de residuos.
Esto genera indignación en los agricultores españoles y narrativas desinformadoras en la ciudadanía. Tras la primera alerta sanitaria por hepatitis A en fresas marroquíes corrieron las desinformaciones que aseguraban o insinuaban que en los productos provenientes de Marruecos es habitual que haya sustancias peligrosas, como un vídeo donde se iluminaban unas judías verdes con luz ultravioleta, aunque este método no pueda demostrar la presencia de contaminación.
¿Qué supone para la seguridad alimentaria que se empleen esas sustancias en los cultivos? Beatriz Robles explica a Maldita.es que, cuando se han utilizado fertilizantes o fitosanitarios “residuos va a haber”. “Lo que debe preocupar a las autoridades es que se mantengan por debajo de los límites máximos permitidos”, tanto para los productos permitidos en la UE como para los permitidos en terceros países.
“Incluso si esos límites máximos se superasen”, añade Robles, “hablamos de cantidades muy bajas, por lo que no producirían en principio efectos adversos inmediatos. El problema es la exposición crónica, a largo plazo, y el efecto dependerá del tipo de fitosanitario”, explica la experta, que recuerda que lavar bien reduce la exposición a estos residuos.
“Un kilo de fresas de Marruecos vale un euro. Un kilo de fresas españolas, tres. Son dos euros de ventaja por la etiqueta”. El dueño de un restaurante situado en los invernaderos del municipio de Chipiona (Cádiz) asegura que algunas empresas españolas cultivan en Marruecos pero ponen etiqueta española a los productos para venderlos a precio de producto nacional. No es el único de los entrevistados para este reportaje que lo insinúa sin dar nombres.
Todos los días se comparten imágenes y vídeos en redes asegurando que las empresas hortofrutícolas emplean toda clase de trucos para ocultar la procedencia real de los productos: desde indicar un doble origen hasta tapar los códigos de barras con etiquetas para evitar la trazabilidad.
Sobre el reetiquetado de productos marroquíes como españoles, se sabe que en febrero de 2020 la Junta de Andalucía investigaba a seis empresas distribuidoras por esta práctica. En 2021, la agencia Europa Press se hacía eco de 26 expedientes sancionadores abiertos por la Consejería de Agricultura en la provincia de Almería desde 2019, lo que suponía un “3,8% de todas las inspecciones realizadas hasta el momento”, según la agencia de noticias.
Es difícil confirmar y perseguir esas prácticas, y ese espacio de incertidumbre genera desinformación que impacta de facto en los consumidores. Ramón Domínguez lo cuenta: sus clientes no sólo rechazan los productos marroquíes sino que también miran con recelo a las fresas de Huelva porque saben que algunas empresas onubenses tienen un pie en ambos países. “Las de Huelva las he tenido que tirar”.
“Oferta y demanda: cuando hay mucho producto, los precios bajan. Si cultivan allí pero traen el producto a este mercado, nos queda malvender”, dice Bartolomé Ramírez, gerente de una cooperativa que distribuye hortalizas y frutas en Cádiz a nivel provincial. Dice que las empresas españolas que han trasladado toda o parte de su actividad a Marruecos “hacen mucho daño” especialmente a las medianas empresas porque hunden los precios.
En línea con el agricultor gaditano, el investigador en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC Tomás García Azcárate explica que “los que están sufriendo con estos cambios son sobre todo las explotaciones familiares profesionales”. Pero asegura que con el tiempo podrán adaptarse igual que hicieron sectores como el calzado, el juguete o los muebles: “Después de unos años difíciles, un importante tejido de empresas familiares se está recuperando a base de adaptación, calidad, segmentación del mercado y garantía de suministros”. Jesús Arteaga coincide en que pueden “generarse desafíos para las que optan por quedarse en España, pero también estimular la innovación y la cooperación” entre ellas.
En febrero de 2024 eran ya 330 las empresas españolas de todos los sectores que tienen presencia en Marruecos, según el ICEX. Tampoco es nuevo en la industria agraria y de la alimentación, pues algunas grandes empresas del sector llevan en Marruecos en torno a una década. ¿Operar en suelo marroquí aprovechando menores costes de producción es competencia desleal? “Mi respuesta es que no”, dice García Azcárate. “No olvidemos que estas mismas razones son las que expresan los agricultores franceses para atacar los camiones españoles en sus autopistas”. Arteaga tampoco lo llamaría competencia desleal sino “desigual” porque los pequeños productores locales pueden tener dificultades para competir con grandes empresas.
“Marruecos es un socio histórico clave de Europa, una pieza clave en el delicado equilibrio de esta ribera del Mediterráneo, entre Argelia, Túnez y Libia”, resume García Azcárate, añadiendo que también es “un destino importante de las exportaciones españolas”.
Sin embargo, las narrativas sobre la huerta marroquí son la mezcla perfecta de hechos reales que se amplifican y tergiversan para generar desinformación en un contexto donde puede ser útil: atraer la atención pública sobre unas demandas sociales, contrarrestar un fenómeno en expansión o embarrar el debate en época preelectoral.
