La Universidad de Burgos y la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González) emitieron los informes que avalaron declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Pirámide de los Italianos en febrero de 2024, una decisión que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado ante la Fiscalía por prevaricación.
La Universidad de Burgos emitió un informe favorable de apenas una página y media. De nueve páginas consta el informe de la Institución Fernán González, que encabeza el presidente de la Diputación de Burgos y dirige René Jesús Payo Hernanz, quien hace unos meses fue reconocido por el gobierno autonómico de PP y Vox con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. De hecho, Payo Hernanz también leyó el discurso en nombre de todos los galardonados el 18 de abril, una tarea que suele recaer en el Premio de las Letras—Fernando Arrabal—, que en este caso no acudió al acto porque vive en París.
La Junta de Castilla y León ha tachado el nombre de los autores de ambos informes antes de enviar a elDiario.es, en cumplimiento de la ley de Transaprencia, el expediente que los contiene. La Universidad de Burgos ha atribuido su informe al decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación, Carlos Pérez. Desde la institución académica aseguran que reciben “cientos” de peticiones similares y que suelen ser “breves” como este, que no son “de investigación” sino más de “análisis de la documentación” que aportaba en la petición la Consejería de Cultura, que dirige Vox.
La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León obliga al gobierno autonómico a recabar “al menos” dos informes favorables para otorgar a un bien ese nivel de protección. Esos informes deben estar firmados por instituciones consultivas como las Reales Academias, las universidades de Castilla y León y aquellas instituciones “que reglamentariamente se determinen”.
En su informe, la Universidad de Burgos considera “indudable” que la Pirámide de los Italianos es “un bien singular y único” dentro del patrimonio cultural por su “diseño y valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos” y como documento de “nuestro pasado reciente”. La descripción del santuario consta de tres párrafos en los que explica la fecha de construcción, la altura, el arquitecto y una inscripción latina de un salmo bíblico, pero no ahonda en otros aspectos artísticos como la gigantesca M mayúscula, los 'presente' con los que se recordaba a los soldados muertos o que en los últimos años la pirámide ha sido víctima del expolio y vandalismo.
Es más amplio el informe de la Institución Fernán González, cuyo presidente lo es también de la Diputación de Burgos. El estudio consta de nueve páginas e incluye investigaciones académicas y publicaciones de la Fundación Disenso (el 'think tank' de Vox) y de la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, que defiende la catalogación como BIC de monumentos franquistas como la cruz del Valle de los Caídos y el Arco de la Victoria de Moncloa.
El estudio de la Institución Fernán González sostiene que declarar la pirámide como BIC protege “el valor histórico del mausoleo” como “testimonio material” de “unos hechos significativos acaecidos en el pasado”. El anónimo estudio defiende “poner en paralelo” mantener la pirámide fascista con “otros testimonios” de la intervención extranjera a las Brigadas Internacionales.
“La conservación de este espacio debe considerarse como una contribución a la preservación de la memoria histórica y, en su contexto, de comprensión de lo que significó aquel momento de nuestra historia, aquí representado por un episodio que impregna el territorio con valores de un paisaje ritual y sobrepasa, incluso, su valor simbólico del hecho concreto que recuerda”, concluye el informe, firmado por dos académicos numerarios cuyos nombres ha tachado la Junta de Castilla y León. El actual consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, es uno de los 44 académicos correspondientes que tiene la institución.
El objetivo de la Institución Fernán González es “recuperar, cultivar, promover y difundir los valores históricos, artísticos y literarios de la ciudad y provincia de Burgos”. En su informe, aseguran que la Ley de Patrimonio de 1985 y la misma Constitución Española “avalarían” la declaración de la pirámide como BIC porque “preconiza la defensa de los elementos patrimoniales en España”.
La Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González) tampoco ha querido aclarar para elDiario.es los nombres de los autores, aunque su director, René Payo, asegura que lo asumen tras su debate interno y que lo hicieron dos académicos “concienzudos”. Para Payo el informe solo aludía a “la singularidad del edificio y sus valores estéticos”, sin entrar en otras cuestiones de consideración política, que rechaza. El director de la Institución Fernán González señala que el informe se realizó teniendo en cuenta solo el valor patrimonial de la edificación y alude a que juzgar por el origen histórico de la misma “es como hacerlo sobre las pirámides de Egipto”.
El último Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades asume el informe y ante las polémicas citas del informe de la fundación de Vox, señala que se incluyeron ya que “en las bibliografías hay que meter todo lo relevante, aunque no se comparta (su contenido)”. Payo, que explica que él no es una de las dos firmas anónimas, considera el informe adecuado y como valoración personal cree que sí se debería “resignificar el edificio con una explicación histórica”, que recoja su singularidad estética y el momento de su construcción y motivaciones. El director de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes rechaza cualquier interpretación política tanto de la petición de protección BIC como del informe emitido.
El director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto Vielba, solicitó a los rectores de la IE Universidad y de la Universidad de Burgos un informe para que se pronunciara sobre si procedía declarar la pirámide como BIC o no. En el expediente solo consta respuesta de la universidad pública. Este diario se ha puesto en contacto con la IE Universidad, pero no ha obtenido ninguna respuesta antes de publicar este artículo.
En el trámite han participado, entre otros, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, con sede en Santa Cruz de Tenerife, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que también reúne testimonios de familiares de “víctimas de la revolución española” que delimita entre diciembre de 1930 —durante la 'dictablanda' de Dámaso Berenguer— y abril de 1939.
La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces remitió a la Junta de Castilla y León una nota simple del Registro de la Propiedad que señalaba que no era posible encontrar la finca de la pirámide y la certificación catastral del monumento, por lo que consideraba que todo el monte era de titularidad pública y por lo tanto, también el monumento. Esta asociación es contraria a las Leyes de Memoria Histórica y Democrática y ha recurrido el Catálogo de Vestigios de Canarias, que un juez ha suspendido.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos de Valle de Valdebezana también presentó alegaciones, en las que apoyaba la declaración de BIC de la pirámide, el edificio “más visitado” en el municipio. Sin embargo, solicitaba incorporar un componente “pedagógico” para explicar lo que supuso la guerra “y cómo un grupo de soldados italianos perdieron la vida por un ideal absurdo como fue el enfrentamiento entre patriotas de un mismo país” y explicar “la importancia de preservar y fomentar los valores democráticos y de convivencia”.
La abogada Silvia Ayestarán, que colabora con la asociación Hispania Nostra, pidió que la declaración de BIC integrara el cementerio italiano también y no solo la pirámide, porque el camposanto circular que se levantó en torno a la pirámide es el que realmente tuvo más uso como cementerio. La Consejería desestimó estas alegaciones porque consideró que la delimitación establecida era “suficiente” porque “permite la correcta percepción del bien”.
Desde Alba de Tormes, un ciudadano pidió no tramitar esta declaración e iniciar un procedimiento para desmantelar la pirámide porque consideraba que “su mera existencia” supone “un menoscabo de los valores democráticos de la sociedad española”. Aunque no presentó alegaciones, sí es parte interesada la asociación Hermandad de la Rivera, constituida en 1991 y propietaria del terreno sobre el que se asienta la Pirámide de los Italianos, que será la última responsables.
La Junta de Castilla y León justifica en el expediente que declara BIC la pirámide por la “necesidad de protección y salvaguarda” del monumento y porque es “un singular ejemplo de racionalismo arquitectónico” que posee un significado “relevante” como “documento histórico”. “Merece ser conservado, recuperado, explicado y transmitido a generaciones futuras como una herramienta idónea de conocimiento sobre un momento de nuestra historia”, suscriben las jefas de sección.
Uno de los escollos por los que ha pasado la tramitación ha sido el propietario de la pirámide, un extremo en el que insistió el Gobierno de España en sus alegaciones. El senador de Fratelli D'Italia (el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que está integrado en la familia política europea de Vox) Roberto Menia apoyó la declaración de BIC de la pirámide y aseguró que era propiedad de la República de Italia. La Junta de Castilla y León remitió una carta al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, para consultarle al respecto, que informó de que la propiedad del monumento no pertenecía a la República de Italia.
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no se mostró contrario a la declaración de BIC de la pirámide en el proceso mismo, pero reclamó que se incorporara una mención orientada a la “reinterpretación” de la construcción para ser compatible con la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno de España presentó alegaciones a la tramitación porque faltaban “principios esenciales” en la declaración de incoación del BIC como el uso que se pretendía dar después de declararlo monumento protegido.
