La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno central que inhabilite a una pequeña distribuidora eléctrica en Catalunya, Eléctrica del Montsec SL, ante los reiterados y graves incumplimientos de la normativa sectorial y las quejas por la nula inversión en las zonas a las que da servicio esa empresa, a la que en el sector definen como “pirata”.
El pasado 23 de octubre la CNMC remitió a la Dirección General de Política y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica un expediente sancionador por infracciones “muy graves” de la Ley del Sector Eléctrico por parte de esta distribuidora, castigadas con multas de entre 6 y 60 millones de euros. El objetivo, que el Consejo de Ministros pueda imponer a la empresa sanciones “accesorias”, previstas en el artículo 68 de la ley eléctrica, como la inhabilitación o la suspensión de actividades durante hasta tres años.
La CNMC ha impuesto varias sanciones a esta empresa en los últimos años y ahora ha elevado esa petición al Gobierno, que por ahora no ha sido atendida. Fuentes del sector señalan que no es fácil adoptar una decisión así al estar en manos de las comunidades autónomas muchas competencias relativas a la distribución de electricidad, una actividad regulada que se presta en régimen de monopolio. Transición Ecológica no comenta este asunto.
Su caso recuerda al de otra pequeña distribuidora también radicada en Catalunya, Icasa, de la familia Pich-Aguilera Roca, estrechamente vinculada al Opus Dei, y que Competencia pidió vetar en 2022 por cobros indebidos de la tarifa de la luz sin que conste por ahora que se hayan tomado medidas.
En este caso las irregularidades son quizás más graves. Radicada en Áger, un pueblecito de la comarca de la Noguera, en Lleida, la falta de mantenimiento de sus líneas o la ausencia de contadores digitales (en un país que presume de tener casi el 100% de su parque renovado) han propiciado varias quejas contra la empresa de la alcaldesa de ese municipio al Síndic de Greuges, que a su vez han llegado hasta el Defensor del Pueblo, competente para dirigirse a la CNMC.
Con una pata de comercialización que da servicio a unos 1.200 clientes, según datos de 2021, y una facturación de poco más de 400.000 euros, según sus últimas cuentas presentadas (de 2020), Eléctrica del Montsec pertenece al empresario Antonio Soler, casi octogenario y vinculado a varios negocios inmobiliarios.
La empresa, resume una fuente del sector, se ha quedado anclada en el siglo pasado y en lo que entonces consistía distribuir electricidad: “Poner las redes y pasar el cazo para cobrar”. Otras fuentes añaden que su caso no es una rareza entre las pequeñas distribuidoras, sobre todo en Catalunya, aunque quizá sí el más extremo.
Según documentación oficial de Competencia, tras una inspección iniciada en junio de 2018, “se comprobó que la distribuidora había declarado a la CNMC, a efectos de su retribución, activos de alta tensión que no formaban parte de su red de distribución”, cobrando por ello con cargo de todos los consumidores de luz. También detectó que vendía electricidad de forma directa a usuarios finales, algo que las distribuidoras tienen prohibido; “que no adquiere la energía eléctrica que suministra a tales consumidores, y que, como distribuidor, no envía las medidas de consumo al sistema de medidas gestionado por el Operador del Sistema, lo que impide a este liquidar los desvíos generados por la energía consumida que no ha sido adquirida”.
“Estas dos actuaciones implican que el resto de los consumidores que no son de su zona de distribución deban soportar el coste de la energía suministrada”, subraya la CNMC. Otra inspección iniciada en octubre de 2019 detecta que la empresa no tenía “operativo” el concentrador de medidas, un dispositivo al que deben enviarse los consumos de todos los contadores de la zona de una distribuidora. En noviembre de 2022 otra inspección revela que no había declarado por peajes y cargos a la CNMC “una parte considerable de la energía que se suministra a los consumidores conectados a su red”.
Todas estas irregularidades llevan a la CNMC a incoar en mayo de 2023 un expediente sancionador “por no instalación de concentrador secundario, falta de remisión de datos al Operador del Sistema e incumplimiento de la obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida”. Esas son las irregularidades remitidas al ministerio.
“Adicionalmente” a estas actuaciones, en junio de 2023 llega a la CNMC una solicitud de información del Defensor del Pueblo, consecuencia de una queja de la alcaldesa de Ágers, Mireia Burgués, a la que Competencia dio respuesta en julio “enumerando las inspecciones y el resto de actuaciones llevadas a cabo por la CNMC ante el reiterado incumplimiento de obligaciones de la empresa distribuidora, indicando que en todo momento se han empleado de forma proporcional las herramientas de que se dispone (inspecciones y sanciones) para tratar de reconducir las actuaciones de la empresa”.
El verano pasado llegó a la CNMC una reclamación de la alcaldesa “por el grave estado en el que se encuentran las líneas eléctricas” del municipio y la “situación precaria de las infraestructuras eléctricas, sobre las que no se realiza mantenimiento ni modernización desde hace años, indicando que solo se actúa frente a reparaciones o, en contadas ocasiones, por presión del mencionado consistorio”.
El escrito explica que en 2022 una inspección de las líneas de baja tensión detectó por ejemplo “uniones defectuosas, signos de calentamiento anormal en conductores o conductores con aislamiento inferior al reglamentario”. “La principal preocupación es la peligrosidad del estado actual del cableado y distribución dentro del casco urbano, la no renovación de los contadores a la nueva normativa de discriminación horaria y la dificultad para adaptarse al uso de nuevas energías renovables”.
La CNMC, en vista de que la información facilitada por la empresa para calcular su retribución “no se atiene a la realidad”, ha propuesto reducir a la mitad los pagos a la empresa para el ejercicio 2020 “hasta que se regularice la situación”.
Este periódico intentó contactar sin éxito con el propietario de Eléctrica del Montsec. Antonio Soler “está de viaje”, indicaron el lunes desde la empresa. Su “asesor externo” Guillermo Triay confía al teléfono en que las acusaciones de la CNMC “no van a llevar a ese punto”. Fuentes oficiales de Competencia declinan dar detalles porque es un asunto “judicializado”.
Según Triay, el dueño de la distribuidora está pendiente de sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida por una querella penal que, dice, afecta a la pata de la comercializadora. Esta no ha “podido dividirse” por motivos jurídicos “que están sustentados” y se le están exigiendo “unos daños que no se han demostrado”.
En febrero, los responsables de Eléctrica del Montsec se reunieron con la directora general de Energía de la Generalitat, Assumpta Farrán, junto a una delegación del Consell Comarcal y de Endesa para analizar la mala calidad del servicio que presta la empresa. Según su asesor legal, “los microcortes que existen no son responsabilidad de Eléctrica del Montsec, sino de la distribuidora aguas arriba”, Endesa, dominante en Catalunya.
La empresa es una vieja conocida de los reguladores. Ya en 2018 vecinos de la zona exigieron medidas por riesgo de incendios y denunciaron la falta de inversión de esta eléctrica, que en 2016 fue sancionada por la CNMC por no presentar las ofertas de compra necesarias para desarrollar actividades de comercialización; y en 2023, con otros 63.000 euros por otra infracción grave.
En la resolución se explicaba que “se dedica a tres actividades diferentes mediante una única persona jurídica”: inmobiliario, distribución y comercialización de luz, según sus estatutos, que fueron aprobados en 1991, cuando no era obligatorio aún tener actividades separadas.
Desde diciembre de 2016 las distribuidoras con menos de 100.000 clientes deben crear una sociedad diferente para la actividad de comercialización, separada de la sociedad constituida para distribuir luz, algo que la empresa no ha hecho.
En el análisis de la contabilidad realizado en la inspección, se comprobó “que los bienes inmuebles que constan en el activo de la empresa, suponen un porcentaje significativo en el inmovilizado total y que no son utilizados para la función de distribución de electricidad puesto que la empresa no cuenta con oficinas de atención a los usuarios y la sede social de la empresa (lugar donde se realizó la inspección) es una vivienda”.
