El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de detención contra tres líderes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los atentados del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza, según ha declarado el lunes el fiscal en una entrevista exclusiva con la CNN y ha confirmado el tribunal en un comunicado.
En el comunicado, Khan afirma que ha pedido órdenes de arresto para Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza; Ismail Haniye, líder político de Hamás en el exilio; y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, conocido como Mohammed Deif, jefe del brazo militar de Hamás (las Brigadas de Al Qassam), “en base a las evidencias recogidas y examinadas por su oficina”. También ha pedido órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, tal y como se rumoreaba que podía hacer desde hace un tiempo, lo cual había puesto en alerta a los dirigentes israelíes.
Netanyahu había dicho a través de la red social X que “Israel espera que los líderes del mundo libre se opongan firmemente al escandaloso ataque de la CPI al derecho inherente de Israel a la autodefensa”. “Esperamos que utilicen todos los medios a su disposición para detener esta peligrosa medida”, pidió el ultraderechista, sin especificar. La prensa israelí venía informando en las últimas semanas de que la corte estaba preparando órdenes de arresto contra el primer ministro y otros altos funcionarios por su papel en la guerra de Gaza.
Khan ha explicado en su comunicado que las solicitudes son el resultado de “una investigación independiente e imparcial” realizada por su oficina, que “ha trabajado arduamente”, “guiada por la obligación de investigar por igual las pruebas incriminatorias y exculpatorias”.
Ahora, los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud del fiscal general. Khan ha afirmado que “los jueces independientes de la Corte Penal Internacional son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto”.
“Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas. Cuento con que todos los Estados miembros del Estatuto de Roma tomen estas solicitudes y la posterior decisión judicial con la misma seriedad que han demostrado en otras situaciones, cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto. También estoy dispuesto a trabajar con los Estados que no son miembros en nuestra búsqueda común de rendición de cuentas”, ha detallado el fiscal general. El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI, que ha sido suscrito por 124 países, pero Israel no está entre ellos.
España sí forma parte de la CPI y, de hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado enero una contribución voluntaria de 500.000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para al año 2024. “España, respondiendo a su compromiso con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional, contribuye financieramente al trabajo de la Fiscalía”, informó en un comunicado. Para España es de “especial importancia” apoyar algunas de las investigaciones de ese tribunal, entre las que está una sobre crímenes que presuntamente se han cometido en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, –abierta en 2021 y en el marco de la cual el fiscal jefe ha solicitado este lunes las órdenes de arresto–.
La medida había sido propuesta por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien aseguró en ese momento que el Gobierno “con esta decisión muestra coherencia y firmeza”. Recordó que, a las otras iniciativas del Ejecutivo, como la campaña para el reconocimiento del Estado palestino, “se suma la exigencia de que se investiguen las violaciones masivas de derechos humanos en Palestina y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebró a través de la red social X la decisión del Consejo de Ministros, asegurando que los fondos aprobados para la CPI contribuirán a la investigación que desarrolla el tribunal sobre “la barbarie contra el pueblo palestino”.
