La Xunta oculta los datos de las viviendas que destina a situaciones de emergencia social. A pesar de que la Comisión de Transparencia, que depende de la Valedora do Pobo, le reclamó que hiciese pública la información, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha respondido con cifras genéricas que no concretan ni en qué municipios están disponibles las viviendas públicas ni cuántas están destinadas a personas vulnerables en un situación de necesidad urgente. La opacidad del Gobierno gallego en la materia coincide con una apuesta en esta legislatura por incrementar el parque de vivienda de protección oficial. Durante la campaña, Alfonso Rueda prometió elevarlo hasta 20.000 casas para 2028, aunque solo 8.000 serían públicas. Para cumplir, la administración autonómica debe construir 4.200 nuevos pisos para que se sumen a los 3.800 actuales. Los otros 12.000 se levantarían con inversión privada.
La respuesta inicial del IGVS a varias preguntas remitidas por este diario fue que no iba a ofrecer los datos solicitados porque se podía poner en riesgo la privacidad de personas vulnerables. En la petición de información no se reclamaba conocer ningún detalle que permitiese identificar a ninguna persona, sino que se pedía el número de viviendas públicas de que dispone el IGVS, se preguntaba si son habitables o necesitan reforma, se reclamaba conocer en qué municipio se encuentran y también cuántas son para emergencia social. La Comisión de Transparencia respaldó la petición de esta redacción y reprendió a la Xunta por su negativa a publicar los datos. Le exigió que los facilitase en el plazo de 10 días hábiles.
En esa segunda respuesta, el IGVS, dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ofrece una serie de datos que no responden a todas las preguntas. Se limita a indicar que el número de viviendas de titularidad pública para alquiler es de 3.819 en Galicia. Destinadas a la venta, agrega, hay 7.538. El instituto cuenta con 152 que están disponibles para alquiler pero necesitan “actuaciones previas para su entrega”. En la respuesta añade que hay dos promociones de titularidad pública en curso para alquiler y que están previstas para el mismo fin otras 83, con un total de 956 viviendas. También se prevén cinco promociones de titularidad privada para arrendar que suman otros 256 pisos. Ninguno de los datos hace referencia a las situaciones de emergencia social o a la disponibilidad por municipio.
Además de la ley de transparencia estatal de 2013, en Galicia hay una propia, aprobada en 2016. A pesar de la normativa, el Gobierno gallego pone trabas para el acceso a información pública: incumple los plazos de respuesta, ofrece datos parciales o genéricos que impiden conocer la información concreta solicitada o deja algunas preguntas sin contestación. Esto último fue lo que ocurrió con las preguntas de esta redacción sobre los pagos a seis instagrammers que hicieron en 2022 una parte del Camino de Santiago y publicaron a diario en sus redes sociales sus selfis en ruta. El Gobierno gallego no dio respuesta, pero unos meses después terminó subiendo los acuerdos a la plataforma de contratos -otro de los requisitos de las leyes de transparencia- y se supo que se entregaron unos 80.000 euros de fondos públicos para esta iniciativa. También hubo obstáculos para conocer cuántas eutanasias se habían solicitado en Galicia en los primeros meses desde la aprobación de la ley: fueron necesarios casi cuatro meses de espera.
En el caso de las viviendas para emergencia social, la Xunta da respuesta solo a una parte de las cuestiones. Antes de remitir ese documento, el IGVS había optado por negar toda la información, lo que le había valido una nueva amonestación de la Comisión de Transparencia a la administración autonómica.
Esa reprimenda era doble: por no hacer públicos los datos y por no haber siquiera remitido el informe que la Comisión le había pedido sobre la cuestión al IGVS para poder hacer su evaluación. Esto último, señalaba en su resolución, “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada” porque le priva de “los elementos de juicio necesarios” para llegar a la conclusión de si procede o no denegar la información. Le recordaba a la Xunta que la ley gallega de transparencia la obliga a remitir los informes requeridos, pero que esa falta de respuesta “no puede afectar a la eficacia del ejercicio de un derecho que rango constitucional como es el derecho de acceso a la información pública”.
La opacidad de la Xunta se extiende también a las peticiones que hacen los diputados del Parlamento gallego. Los grupos de la oposición han denunciado en varias ocasiones que la información no fluye a pesar de la reforma del reglamento de la Cámara hecha en 2015 para facilitar el procedimiento. Los silencios afectan en especial a cuestiones como los contratos de Eulen, empresa de la que la hermana de Feijóo es directiva y las relaciones con empresas como Ence o con Greenalia.
