Una bebé desembarcó este lunes en el muelle de Arguineguín. La niña había salido de la costa de Senegal ocho días antes junto a 172 personas. En la travesía que separa Gran Canaria de la localidad africana de Mbour perdió a su madre, cuyo cuerpo fue arrojado al mar por sus compañeros de viaje, según informó Efe. La menor es una de las 16.586 personas que, según el Ministerio del Interior, han llegado a Canarias en pateras y cayucos en lo que va de año. Las cifras de supervivientes que han atravesado el Atlántico entre enero y mayo multiplican por cinco los datos del mismo periodo del año anterior. El sistema de acogida de adultos funciona con agilidad, pero en el caso de los menores, la saturación de la red de acogida de las Islas se ha enquistado.
El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha insistido en las últimas semanas en la posibilidad de que en 2024 se dupliquen las cifras de llegadas de migrantes registradas en 2023. Hasta ahora, el sistema de acogida de adultos está lejos de colapsar. Según han confirmado a esta redacción fuentes de la Delegación del Gobierno, la comunidad autónoma cuenta con un total de 26 recursos de acogida repartidos por toda la región. Los dispositivos suman cerca de 6.000 plazas que, en la actualidad, están al 50% de su ocupación.
Las derivaciones a la red de acogida de la Península funcionan con agilidad desde que el Ministerio de Migraciones declaró a Canarias en situación de emergencia a finales de 2023, con la llegada de cerca de 40.000 personas. A diferencia de la crisis humanitaria de 2020, los recién llegados pasan poco tiempo en las Islas. Los traslados entre comunidades son una herramienta habitual del sistema de acogida español, aunque se han topado con el rechazo y el discurso xenófobo de la derecha en algunas autonomías.
En momentos de repunte, los centros de atención policial de migrantes muestran su peor cara. En Lanzarote, la llegada de varias pateras en un día ha llevado a reseñar a los supervivientes en el suelo del aparcamiento de la comisaría. En El Hierro, la falta de un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) empujó a habilitar un pabellón abandonado que solía estar al máximo de su capacidad. El Ministerio del Interior ya ha instalado un CATE en esta isla, que se ha convertido en el principal destino de quienes parten de Senegal y Mauritania.
En cambio, Lanzarote sigue contando con el mismo dispositivo con capacidad para 200 plazas. Según explicaron fuentes de Interior a este periódico, el Ministerio “lleva años” pidiendo sin éxito al Gobierno de Canarias los terrenos colindantes a la comisaría, que pertenecen a la Autoridad Portuaria.
En total, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno, Canarias cuenta con ocho centros policiales para la atención de migrantes. El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote tienen uno y Tenerife y Fuerteventura, dos. En ellos, los supervivientes pueden pasar un máximo legal de 72 horas.
La atención a los menores migrantes que llegan solos a Canarias sigue siendo la principal laguna del sistema de acogida de las islas. La comunidad autónoma tutela en la actualidad a 4.171 niños y niñas en 78 dispositivos, según los datos ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social. “Los recursos se van abriendo en función de las necesidades. Se pueden abrir de manera ágil gracias a la declaración de emergencia que hay”, añaden desde el área.
Las islas cuentan ahora con un centro menos, después de que el Cabildo de Lanzarote ordenara el cierre del centro de menores migrantes instalado en La Santa, preparado para acoger hasta 150 personas. El gobierno de la isla desmanteló este recurso poco después de que la Guardia Civil destapara un caso de coacciones y amenazas a los usuarios por parte de cinco trabajadores. Los menores han sido reubicados en otros recursos dependientes de la comunidad.
Distribuir a los jóvenes que llegan a Canarias en los recursos de acogida de las diferentes comunidades autónomas es una reivindicación ya histórica del Gobierno canario. Ahora, la comunidad pacta con el Ejecutivo central una reforma legislativa que favorezca un reparto obligatorio entre autonomías. El acuerdo pasa por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Según fuentes próximas a la reforma, se incluirá en la norma el procedimiento a seguir en casos de llegadas excepcionales de menores.
La primera opción “siempre será la colaboración solidaria de las comunidades”, han adelantado estas fuentes. En caso de que esa voluntad no salga adelante, el Estado podrá intervenir en función de unos parámetros acordados previamente con las autonomías. Según el presidente canario, Fernando Clavijo, es cuestión de días el cierre del acuerdo. “Ya se ha consensuado en un 90%”, señaló en declaraciones recogidas por Efe. Los puntos pendientes están relacionados con “matices jurídicos” como quién tendrá la tutela judicial de los niños cuando Canarias supere el límite de menores acogidos que se recoja en el acuerdo.
Otro de los “flecos” pendientes es la decisión sobre dónde hacer las pruebas de determinación de la edad. Para Canarias, estos exámenes deben hacerse en el lugar definitivo en el que los menores se vayan a quedar. Este criterio contradice a la Fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. En una entrevista concedida a este periódico, la fiscal advirtió que trasladar a los menores sin determinar su edad sería “un desastre”. “Pierden totalmente la protección porque los perdemos de vista”, advirtió.
