La última demolición de una vivienda ilegal en la provincia de Cádiz ocurrió el pasado 30 de abril en Barbate. Matilde García lloraba ante las cámaras de televisión para denunciar que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento “se habían compinchado” para tirar su casa que había construido en un paraje natural conocido como Ribera de la Oliva.
Una retroexcavadora derribó los muros de la casa de Matilde, rodeada de otras iguales con el mismo número de papeles que la suya. Es decir, ninguno. Lo hacía en medio de una protesta vecinal y la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La orden para acabar con esa casa había procedido de una denuncia de la inspección urbanística de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. “Estamos satisfechos con la labor de la inspección de la Junta, pero no con los ayuntamientos”, dice el fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, quien ve en esa dejación municipal de funciones varios posibles delitos.
El problema de las viviendas ilegales en la provincia de Cádiz comenzó en los años 70 y 80, cuando se empezaron a levantar sin control casas en campos o frente a la playa en medio de una inacción absoluta de las administraciones. El objetivo prioritario, en un momento de expansión económica, era contar con segundas residencias en lugares paradisíacos de Chiclana, Barbate, Vejer, El Puerto o Tarifa.
Ese boom paró en los años 2000 al desinflarse la burbuja inmobiliaria, pero tras la pandemia, la Fiscalía ha notado cómo estas construcciones sin permisos están aumentado. Como si el coronavirus hubiese disparado las ansias de tener una casa en el campo o a la vera de la playa. Y, aunque se las persigue judicialmente, casi ninguna es derribada.
En 2021 solo se ejecutaron 11 demoliciones de viviendas ilegales en toda la provincia de Cádiz. En 2022, último año contabilizado de forma oficial, solo hubo seis. Justo en 2022, la Consejería de Fomento cuantificó en 50.000 las casas sin licencia en esta provincia: unas 17.000 en la bahía de Cádiz y Jerez: 7.000, en la Janda (donde está Barbate); 7.000, en la Costa Noroeste; 5.000 en el Campo de Gibraltar; y unas 14.000 en la sierra.
Los juzgados de Arcos (ahora con alcalde del PP) y Barbate (con alcalde de Andalucía x sí) han llegado a colapsarse también por la acumulación de diligencias urbanísticas. Junto a Vejer (donde se encuentra la playa de El Palmar, y donde gobierna desde hace un año el PSOE tras ocho del PP) son los municipios que acumulaban en 2022 más denuncias.
Ángel Núñez, que antes de fiscal jefe fue fiscal de Medio Ambiente, conoce el problema y todas las complicaciones que hay alrededor. “Han fallado muchas cosas porque este problema ha tenido una evolución compleja que no solo tiene que ver con la acción de la justicia. Está claro que los anuncios de varios ayuntamientos para regularizar las casas, que iban a dar lugar a un nuevo comienzo, no han tenido el éxito al que aspiraban”, relata el fiscal.
Construir una casa de forma ilegal sigue resultando demasiado sencillo, según Núñez, porque suele ser tan fácil como comprar un suelo, parcelarlo, llevar algún tipo de elemento prefabricado y, poco a poco, ir levantando muros, abriendo pozos o habilitando fosas sépticas.
En el caso donde Matilde levantó su casa, en un paraje a 500 metros de la ribera del mar, se han contabilizado 71 lotes, subdivididos a su vez en varias parcelas. “Actuamos por criterios urgentes de seguridad, salubridad y medioambiental porque se abren fosas sépticas próximas a las marismas y estos vertidos pueden ocasionar daños al espacio protegido”, han explicado fuentes de la Consejería.
La inspección presentó denuncia y precintó la obra cuando aún estaba en construcción. Pero los propietarios levantaron los precintos y continuaron la edificación. En todo este tiempo, el Ayuntamiento no intervino. Y eso molesta especialmente a la Fiscalía, que se ha cansado de la desidia municipal.
“Resulta muy sorprendente que recibamos denuncia de una inspección urbanística de la Junta en municipios, cuyos ayuntamientos no nos han remitido ninguna denuncia como debería ser preceptivo por ley. La Fiscalía está estudiando la posibilidad de iniciar investigaciones para esclarecer lo que está pasando porque todo apunta a indicios de delito, y, de ser así, procederemos contra quien corresponda”, advierte Núñez. El fiscal concreta que los delitos en los que han podido incurrir los ayuntamientos son de prevaricación omisiva u omisión de la obligación de perseguir delito.
En su última memoria publicada, la de 2022, la fiscal de Medio Ambiente, Belén Sánchez, explicaba que los ayuntamientos son los que ponen más obstáculos para demoler. Las sentencias de derribo deberían ejecutarlas los propietarios, pero, si no lo hacen, les corresponde subsidiariamente a los ayuntamientos. Pero no lo hacen. Bien porque argumentan que ninguna empresa de demolición se ha presentado al concurso. O por razones económicas.
Fue el caso de Conil, 28 años de gobiernos de IU, ahora en manos de un tripartito: Andalucía x Sí, PP y Siempre Conil). Conil aportó informes argumentado que no tenía dinero para hacerlo. Otros ayuntamientos aducen problemas éticos. No quieren dejar a las familias sin casa. “La ley de un estado es el mínimo ético”, protesta el fiscal jefe. “Ningún estamento público puede colocarse al margen de la ley. Si la casa en cuestión es una vivienda de primera necesidad, el ayuntamiento debe dar una alternativa social, pero no permitir actuaciones que generan problemas medioambientales, que abren pozos ilegales en plena sequía, que vierten residuos y ponen en peligro la salud pública y el medio ambiente”.
Matilde aducía que la casa que le han derribado era su única vivienda. Pero la Junta no la cree. Dice que ella y su familia estaban empadronadas en otra vivienda del pueblo. Como la de Matilde, está previsto que vayan cayendo el resto de las casas de la Ribera de la Oliva. La Fiscalía alerta de una sensación de impunidad, también favorecida por algunas sentencias que han evitado las penas de cárcel a cambio de un compromiso voluntario de derribo que finalmente no se ha producido. “Ni se ejecuta la pena de prisión ni la demolición, y nosotros estamos recurriendo para que se cumpla”.
La construcción ilegal no se frena en la provincia de Cádiz con un nuevo doble fenómeno alertado por la Fiscalía. Antes la mayoría de estas viviendas tenían un uso de segunda residencia. Ahora la mayor parte de ellas ahora se alquila con fines turísticos. “Obtienen un beneficio ilícito”. Y otra alerta de la Fiscalía es que están apareciendo casas ilegales donde nunca se habían registrado antes. Es el caso del municipio de Paterna, un pueblo del interior de la comarca de la Janda. Allí también está creciendo el ansia de una casa en el campo donde no se puede construir.
